Cataluña en la previa al Referéndum del 1 de octubre

Con gran apoyo ciudadano y gente en las calles es como cada día a las 22 horas se hacen sentir los cacerolazos en apoyo al proceso de independencia de Cataluña.

Sin embargo, en la otra vereda, este lunes la Fiscalía ha ordenado a los Mossos de Escuadra que identifiquen a los responsables de los colegios electorales, pidiéndoles la documentación e identificación por la cual hayan sido asignados para llevar a cabo el Referéndum del 1 de octubre. Este es un órgano que ya existe y que no depende del Ministerio del Interior, sino de la Junta de Seguridad de Cataluña, que tiene composición paritaria entre el Estado y la Generalitat, y la preside el presidente de esta última.

En el escrito, de cinco páginas, el mayor de los Mossos argumenta que esta medida «afecta a la profesionalidad y prestigio del Cuerpo de Mossos» respecto a «su dedicación y compromiso en el ejercicio de sus funciones de policía judicial, seguridad ciudadana y orden público, competencias que desarrolla con el más absoluto rigor, respeto y lealtad al ordenamiento jurídico».

Por otra parte, para este miércoles 27 y jueves 28 de septiembre, el Sindicato de Estudiantes Universitarios y de Secundaria han convocado a una marcha masiva en apoyo a la consulta, a través de la plataforma «Universitats per la República«. El portavoz de la plataforma, Jordi Vives, ha reclamado que este domingo se pueda ir a votar. “Que el 1 de octubre se pueda celebrar el Referéndum con total normalidad para poder iniciar el camino hacia el proceso constituyente”, ha señalado.

En ese ámbito, cabe destacar eso sí que han quedado bloqueados todos los sitios webs que garanticen la entrada alternativa a la página del Referéndum. Como es el caso de PFS, un sistema de ficheros global para almacenar y compartir archivos.

El pasado sábado, por ejemplo, el propio presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, advertía que no se puede cortar el acceso a Internet tan fácilmente y ofrecía una dirección para saber dónde se puede votar el 1 de octubre, distribuida a través del sistema IPFS.

Es que la extrema liquidación de los cargos públicos y el abuso constitucional no tiene límites para con la comunidad catalana. Este lunes el Tribunal de Cuentas reclamó al ex presidente de la Generalidad de Cataluña hasta 2016, Artur Mas, la suma de 5.251.948 euros por la consulta del 9-N realizada en 2014, dándole un plazo de 15 días para depositarlos. Si no lo hace, el tribunal le embargará las cuentas y el patrimonio. También reclama a la ex consellera de Enseñanza, Irene Rigau, 3 millones por la compra del material informático utilizado durante la consulta.

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