Chile recibe a presidente vinculado a violaciones de DDHH, represión y complicidad con terrorismo

Alfombras rojas desplegadas y exhibición de los honores de la guarida de palacio. Todo el protocolo se puso en marcha esta mañana en La Moneda para recibir al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien visita Chile en el marco del 90 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El canciller Heraldo Muñoz explicó que la importancia de esta visita recae en el hecho de que Turquía “es un actor clave en política mundial” y que desde 2011, cuando se firmó el acuerdo de libre comercio entre las dos repúblicas, el comercio bilateral se ha duplicado de 350 a 700 millones de dólares.

La recepción que le brindó la presidenta Bachelet a su homólogo turco dejó una imagen que no queda libre de polémica, al tratarse de un mandatario internacionalmente cuestionado por sus políticas represivas y autoritarias, y sus interesadas maniobras en el conflicto sirio. ¿Con quién se reúne Bachelet?

Cultivando popularidad

Nacido en el seno de una familia modesta y religiosa, la figura de Erdogan se popularizó como alcalde de Estambul por ser capaz de modernizar y gestionar una metrópolis al margen de la ideología de su partido.

Tras fundar el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), en 2002 ganó las elecciones con un 36% de los votos y se convirtió en el nuevo primer ministro del país, un cargo que ostentaría hasta 2014 cada vez con más apoyo popular.

Los primeros años de su mandato le otorgaron cierto reconocimiento por su discurso más moderado, conseguir rebajar el poder -que hasta entonces recaía en el Ejército Turco- y reactivar la economía.

Su prioridad de incorporar a Turquía dentro de la Unión Europea lo llevó a adoptar importantes reformas en la Constitución, como la de libertad religiosa, y a abolir la pena de muerte y el delito de adulterio. Los turcos percibieron grandes transformaciones que desde Mustafá Kemal, Atatürk, ningún otro dirigente había llevado a cabo.

Giro autoritario

Pero la voluntad reformista de Erdogan pronto viró hacia el conservadurismo más reaccionario con la aplicación de las leyes altamente cuestionadas por contravenir la laicidad del Estado.

En este sentido, permitió a las mujeres llevar el pañuelo islámico en cargos públicos, restringió el consumo -legal- de alcohol, su venta y publicidad; comparó el aborto -legal también- con una ‘masacre’; pidió que cada mujer tuviera un mínimo de tres hijos e incluso anunció que prohibiría que jóvenes de ambos sexos compartieran piso.

Un cambio cada vez más radicalizado que tuvo uno de sus mayores demostraciones durante las protestas del parque Taksim Gezi en 2013, cuando las clases medias urbanas se le enfrentaron por querer transformar el espacio en un centro comercial. Las manifestaciones, duramente reprimidas y que dejaron varios muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, fueron la clara expresión de una ciudadanía que no sólo pretendía detener el proyecto del parque, sino también la incidencia del mandante sobre sus libertades y derechos civiles. Un gallito contra la imposición de unas políticas que tenían más que ver con lo moral que con lo público, y que le costaron al entonces primer ministro el portazo de la UE a sus aspiraciones.

No menos debatida ha sido la pasividad y complacencia de Turquía con el terrorismo de Estado Islámico y su rol en el conflicto sirio. Sólo luego de los atentados de Suruç del pasado julio, en los que murieron 31 jóvenes turcos, el gobierno de Ankara explicitó su combate contra los yihadistas.

Sin embargo, la intervención turca en Siria es altamente cuestionada por considerar que lejos de centrarse en objetivos yihadistas, Erdogan enfoca los ataques hacia las bases del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado como terrorista por el gobierno turco y pieza fundamental para detener el avance del Estado Islámico en Siria. Desde que el pasado mes de julio se rompió el alto al fuego entre Ankara y las milicias kurdas, más de 700 combatientes del PKK han muerto en las operaciones y bombardeos del Ejército turco.

Además de la brutal represión contra el pueblo kurdo, el presidente que ratificó hoy su colaboración con Chile acumula un largo historial de persecuciones a periodistas e intelectuales opositores. Tanto organizaciones nacionales como internacionales han denunciado la violación del derecho a la libertad de expresión que acecha los medios de comunicación que, a pesar de eso, no se han privado de denunciar temas como la participación del hijo del presidente en el robo, distribución y venta de petróleo de Siria e Irán operada conjuntamente con el Estado Islámico y el Frente al Nusra.

Perpetuarse en el poder

Tras 11 años como primer ministro turco, en 2014 Erdogan se presentó a las elecciones presidenciales de las que salió proclamado jefe de Estado. Un nuevo escenario de poder que situó en el punto de mira del presidente y del AKP otro asunto especialmente controvertido: lograr una reforma constitucional que le permita que el país tenga un régimen presidencialista para instaurar un sistema en el que el jefe del Estado asuma la mayor parte del poder ejecutivo, ahora en manos del primer ministro, y mantenerse en el poder más allá de 2023.

Sin embargo, su objetivo se vio truncado tras las elecciones legislativas celebradas el pasado mes de noviembre. A pesar de que el AKP recuperó la mayoría absoluta que había perdido en los comicios del mes de junio, tras los cuales no logró formar gobierno, Erdogan y su partido no disponen hoy de la mayoría calificada de dos tercios -367 diputados- para reformar la Constitución, ni la cifra de 330 para implementar un referéndum.

La guerra que el mandatario vendió contra el terrorismo –donde incluyó tanto a los yihadistas de Estados Islámico como a los kurdos del PKK– se convirtió en la mejor estrategia para lograra disparar un estado de alarma e instalar el temor en la población, que optó por brindar una nueva oportunidad al partido del presidente.

Meritxell Freixas