Colombia: Tribunal Especial de Paz empieza a caminar

El papa Francisco y el secretario general de la ONU, Ban Kin- Moon, serán figuras clave en el proceso de elección de los jueces.

Por Meritxell Freixas

12/08/2016

Publicado en

Latinoamérica / Política

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El diseño del Tribunal Especial de Paz que juzgará los delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia empezó a articularse este viernes.

En un comunicado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Gobierno de ese país, anunciaron cuál será el mecanismo de selección de los magistrados que conformarán esta instancia.

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De acuerdo con el texto, se pactó la designación de personalidades e instituciones que, a su vez, tendrán que designar a los integrantes de comité de selección de los jueces.

En la lista figuran el papa Francisco y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Kin- Moon; la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

El acuerdo establece que sean 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros los que conformen la la Jurisdicción Especial, los cuales serán seleccionados por los integrantes del comité por mayoría de 4/5, con un sistema de votación que promueva el consenso.

En relación con los criterios para la selección, la mesa indica que todos los magistrados deberán ser personas altamente calificadas y expertos en distintas ramas del Derecho, específicamente en Derechos Humanos y resolución de conflictos. También se exigirá que los magistrados cuenten con los mismos requisitos que deben tener para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

A parte del Tribunal para la Paz, el comité deberá escoger los magistrados para las salas de Justicia y el director o directora de  la Unidad de Investigación y Acusación que tendrá plena autonomía para seleccionar a los profesionales que harán parte de la misma.

Esas serán las instituciones que juzgarán a los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, mientras que los delitos políticos o menos graves se amnistiarán, según acordaron el Gobierno y la insurgencia durante el proceso negociador.

El acuerdo sobre la creación de una jurisdicción especial para la paz, uno de los puntos más polémicos de la negociación, se cerró el pasado 23 de septiembre.

 

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