Ante la crisis politica

Consejo Asesor Presidencial: La carta del gobierno para «regular la relación de la política y los negocios»

Con el destape del caso Penta y el caso Caval, las instituciones políticas y la clase dirigente han perdido credibilidad. Los politicos enfrentan una crisis a raíz de que las malas prácticas han sido transversales al sector político. Con este escenario, el Gobierno no ha tenido más opción que apostar por crear un Consejo Asesor Presidencial para que cree un marco regulatorio a la relación entre la política y los negocios. Pero, ¿Será la solución a la corrupción tan enquistada en la política?

Por Jimena Colombo

11/03/2015

Publicado en

Chile / Política / Portada

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Luego de ser anunciado con bombos y platillos, como la opción para enfrentar el difícil momento que vive la clase política y la mala reputación que obtenida tras los dos grandes escándalos del último tiempo, finalmente ayer por la tarde, la Presidenta Michelle Bachelet presento el Consejo Asesor Presidencial.

La apuesta del Gobierno, es que este consejo conformado por 15 profesionales con largos títulos pueda ofrecer propuestas y generar respuestas ante el negativo escenario que goza la clase dirigente. Que mediante sus rimbombantes títulos profesionales puedan generar un informe -en máximo 45 días- para poder crear líneas de acción en contra de la corrupción, conflictos de interés, tráfico de influencias y establecer un marco regulatorio para la relación entre la política y los negocios.

Michelle Bachelet señaló que “los casos que hemos venido conociendo desde hace ya un buen tiempo en el ámbito de los negocios o la política, así como en las relaciones entre ellos, han generado una fundada preocupación y malestar en la ciudadanía y han sido dolorosos para aquellos que anhelamos un país equitativo y sin privilegios”. Además, agregó que “Hemos visto como algunos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la democracia”

Sin embargo, Bachelet señaló que hay que destacar lo positivo, “Unos pocos casos condenables no deben hacernos perder de vista lo que somos y de lo que podemos sentirnos orgullosos”. Bachelet fue clara al manifestar que “esta es una situación grave, a la que todos juntos tenemos que ponerle freno, por el bien de nuestra democracia”.

Remarcó que “Son casos que se han llevado al margen de la ética o de la prudencia, y en algunos casos derechamente al margen de la ley. En ellos se han visto involucrados empresas, partidos políticos, dirigentes y también servidores públicos”.

LaPresidenta sostuvo que estos conflictos deben superarse y combatirse con una “institucionalidad legítima que esté a la altura de los desafíos y complejidades de la época que vivimos y a la altura de las demandas de la sociedad”. Por ello, manifestó que enviará al Congreso, “un proyecto de reforma constitucional para que se establezcan sanciones, incluso la pérdida del cargo, a aquellos que han accedido a puestos de representación popular mediante prácticas ilegales”.

“Debemos ahora reconstruir nuestras confianzas y dignificar la actividad política y empresarial que tanto contribuyen al desarrollo de Chile. No es el momento de los cálculos pequeños; esta es la hora del sentido patriótico”, concluyó la Presidenta de Chile.

¿Quiénes lo integran?

Eduardo Engel (presidente del Consejo): Ingeniero Civil de la Universidad de Chile. Doctor en Estadísticas de la Universidad de Stanford y Doctor en Tecnologías de la Universidad de Massachusetts. Es Profesor titular de Economía en la Universidad de Chile y profesor visitante en Universidad de Yale.

Álvaro Castañón: Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales. Coordinador Legislativo Fundación Ciudadano Inteligente.

Rossana Costa: Subdirectora de Libertad y Desarrollo. Ingeniero Comercial, mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.Se ha desempeñado como Directora del Sistema de Empresas Públicas y Consejera de la Alta Dirección Pública.

Alfredo Etcheberry: Abogado de la Universidad de Chile, Máster en Derecho Comparado de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Doctor Honoris Causa de la Universidad de Talca.

Olga Feliú: Abogada, graduada de la Universidad de Chile. Presidenta del Colegio de Abogados de Chile desde el año 2011.

Claudio Fuentes: Profesor y Director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill).

José Andrés Murillo: Doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas con mención en Filosofía Política de la Universidad de París. Máster en Sociología del Poder en la Universidad de París. Presidente de la Fundación para la Confianza y vocero del Bloque por la Infancia.

Andrea Repetto: Economista de la Universidad Católica de Chile. Doctor y Máster en Economía del MIT. Profesora en la Escuela de gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Miembro del directorio de la Fundación para la Superación de la Pobreza.

Manuel Riesco: Vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA. Es Ingeniero Civil Industrial y Máster en Economía de la Universidad de Chile. Estudió Economía Política en el Social Sciences Institute of the Academy of Sciences de Rusia.

Marcela Ríos: Doctor y Máster en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos y Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Oficial a cargo del Programa de Gobernabilidad del PNUD en Chile.

Lucas Sierra: Abogado Universidad de Chile. Máster en Derecho de la Universidad de Yale, Doctor Universidad de Cambridge. Profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Subdirector del Centro de Estudios Públicos.

Agustín Squella: Abogado de la Universidad de Chile y Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valparaíso y Universidad Diego Portales. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2009).

Paulina Veloso: Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Ex Ministra Secretaría General de la Presidencia.

Daniel Zovatto: Doctor en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Fue Director Ejecutivo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Benito Baranda: Sicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en “ciencias del Matrimonio y de la Familia” de la Pontificia Universidad Lateranense de Italia. Director Internacional de América Solidaria y ex Director Nacional Social del Hogar de Cristo.

Vittorio Corbo: Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Doctor en Economía del MIT. Investigador Asociado Senior del Centro de Estudios Públicos y miembro del Grupo Consultivo sobre Políticas Monetarias y Cmabiarias del FMI. Ex Presidente del Banco Central de Chile.

(Fuente)

No es la panacea 

A pesar de esta presentación y de los ánimos nacionalistas que pretenden minorizar la situación en la que se encuentra sumergida la élite dirigente queda en la ciudadanía -al menos así se refleja en las redes sociales- una suerte de desconfianza hacia la clase política en general. La idea de que estos casos son aislados es una mentira. El caso Penta demostró que la UDI es el brazo político del grupo Penta, y en esa estrecha relación se produjeron fraudes para financiar que campañas electorales, que además probablemente luego se tradujeron en legislaciones en favor de los financistas. Pero, la UDI no es la única. La práctica es transversal a los partidos políticos y de a poco se conocerán más antecedentes que terminarán destapando la realidad política de Chile. Por otra parte, el caso Caval es la muestra clara del abuso de poder, del tráfico de influencias, de a deferencia que acusó Luksic sobre su reunión con el hijo y la nuera de la Presidenta sólo puede leerse una cercanía y complicidad que ningún Consejo Asesor podrá limpiar.

Queda, según opiniones expresadas en Twitter, la sensación de que por muy profesionales que sean, por muy largos que sean los títulos, una verdadera limpieza a la casta política pasará necesariamente por el pueblo. El Consejo Asesor Presidencial no es la panacea, dijo el diputado independiente Gabriel Boric. Y claro, considerando que los mismos que han cometido los ilícitos y no se han inhabilitado de sus cargos en el Congreso estuvieron presentes en una instancia que pretende terminar con estas malas practicas, es absurdo y hasta una burla para la ciudadanía. ¿Podrá ayudarlos a esta crisis de ilegitimidad?

 

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