Del bolsillo del ex yerno de Pinochet a la Nueva Mayoría: El nuevo valor de los demócratas

Hasta ahora la atención en la arista Soquimich (SQM) del Caso Penta ha estado puesta -con legítimo interés- en el posible financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de la Sociedad Química y Minera de Chile. Es decir, lo que se indaga es básicamente si desde SQM salieron dineros hacia candidatos de manera irregular, fuera del marco legal.

Sin embargo, lo cierto es que junto a ese cuestionamiento legal corre paralelamente uno que, si bien no tiene alcances de tipo judicial, sí los tiene en el ámbito de lo ético: El hecho de que candidatos de la Nueva Mayoría hayan sido financiados con platas de la empresa del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, de cuya propiedad se hizo en medio de los regalos estatales que el dictador hizo a privados durante la Dictadura.

Ponce Lerou, Pinochet y SQM

Hasta el 11 de septiembre de 1973, la Empresa Química y Minera de Chile, Soquimich, productora de salitre y yodo, era completamente estatal, como lo había decidido y concretado dos años antes Salvador Allende. Luego del Golpe de Estado, la empresa estuvo bajo la dirección de personas pertenecientes a distintas ramas de las Fuerzas Armadas, sin embargo, a partir de los `80 ingresan los civiles, quienes serían los mismos que estarían a la cabeza al momento de su privatización.

Uno de ellos era Julio Ponce Lerou, casado con la hija de Augusto Pinochet, Verónica Pinochet, quien llegó a la presidencia de Soquimich en 1980. El Ingeniero Forestal era, además, gerente de CORFO, ambas empresas favorecidas en 1981 a través del Código de Minería para ser las exclusivas trabajadoras de la minería por un período de 6 meses. A su vez, y para que todo siguiera quedando en familia, a finales de 1982 CORFO ya era dueña del 99,99 por ciento de las acciones de Soquimich. Ponce Lerou “era uno de los hombres más poderosos del régimen”, dice la periodista María Olivia Mönckeberg, en su libro “El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado chileno”.

Así llegamos a 1983, cuando comienza la privatización de Soquimich. “Los primeros en comprar acciones hicieron negocios fabulosos, si se calcula la rentabilidad obtenida por esos títulos”, explica la periodista. Y entre estos accionistas que se beneficiaron con las operaciones –“gracias a la información que tenían”- estaba la sociedad Cemin, también dueña de acciones de CAP, que tenía como uno de sus principales líderes a nada menos que Julio Ponce Zamora, el padre de Ponce Lerou. Ese mismo año este último decide dejar todos sus cargos públicos tras una polémica relacionada con sus negocios agropecuarios y forestales, como consigna Mönckeberg. No obstante, la privatización continuaría durante ese período y, en 1987, a su regreso, el yerno de Pinochet recibe finalmente en bandeja Soquimich.

En su libro, María Olivia Mönckeberg cita un estudio realizado en 1998, donde se establece que “en el caso de Soquimich, la CORFO vendió entre 1986 y 1988, la cantidad de 137.056.196 acciones, lo que equivale a un 93 por ciento del total de la empresa. Eso significó un valor de venta de 7.237.000 de UF, en circunstancias que, según los especialistas, el valor estimado era de 12.766.000 de UF”. Por eso, continúa la periodista, es que se plantea que “hubo un subsidio implícito en la operación de 76,4 por ciento que favoreció directamente a los compradores, es decir, a Julio Ponce Lerou y su grupo”.

Así, con esta operación, Ponce Lerou ya entonces se quedaba con “prácticamente el total de las reservas de nitratos, yodo y litio del país y del mundo”, dice la investigadora. “El proceso de traspaso se caracterizó por la falta de transparencia que dio ventaja considerable a estos ex funcionarios que se privatizaron con las empresas”, plantea María Olivia Mönckeberg en “El Saqueo”. Algo que volvería a adquirir relevancia más de dos décadas después, cuando el 24 de septiembre de 2012, en plena democracia, hace menos de tres años, Soquimich se adjudica nuevamente el litio chileno en una polémica licitación.

Los opositores a la Dictadura

Cuando se trata de diferenciarse de la Derecha chilena lo cierto es que la Concertación o la Nueva Mayoría no intentan establecer necesariamente que su administración del modelo neoliberal heredado de la Dictadura haya sido muy distinto al de sus opositores. Matices aparte, lo cierto es que no es un secreto que a ambos conglomerados les acomoda el sistema que nos rige y que han sido bien pocas las voluntades para cambiarlo.

De ahí que –junto a algunas diferencias valóricas- sea su oposición y repudio al régimen de la Dictadura el principal argumento de la autodenominada coalición de “centro-izquierda” para distanciarse políticamente de la Derecha. Una apelación emocional que reaparece cada cierto tiempo, principalmente en períodos electorales, y que se reduce a la idea de que los partidos que la conforman y sus integrantes sufrieron la tiranía y “lucharon” contra ella para recuperar la democracia en Chile. En pocas palabras: Ustedes, Alianza por Chile, otrora defensores del dictador; nosotros, la Concertación, sus detractores.

¿Cómo se explicaría entonces que políticos de una coalición que se sostiene majaderamente sobre esa oposición, hayan eventualmente recibido dineros provenientes del yerno de Pinochet y de una empresa que se consolidó en base al desmantelamiento del Estado durante la Dictadura?

La Nueva Mayoría y SQM

El pasado 16 de enero, tras un allanamiento a las oficinas de SQM, el Caso Penta tiene un inesperado giro y ya no solo se habla de que políticos de la Alianza -como Joaquín Lavín, Juan Antonio Coloma o Jaime Orpis- habrían recibido financiamiento de la minera, sino que también se menciona a otros pertenecientes a la Nueva Mayoría.

Por ejemplo, luego de esta diligencia, la Fiscalía Oriente de Delitos de Alta Complejidad ordenó investigar una boleta de honorarios emitida en 2009 por SQM a nombre de la ex jefa de gabinete y jefa de prensa del senador socialista Fulvio Rossi. El fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, encargó diligencias para indagar sobre el pago de aproximadamente 4 millones y medio de pesos a la mencionada Molina, y con el fin de constatar si los servicios fueron efectivamente realizados. Rossi asegura que Molina no tuvo relación contractual con él al momento en que emitió la boleta a la empresa. Por otra parte, ha afirmado tener “un dossier completo de todas mis actuaciones durante más de 10 años respecto de las mineras (…) No hay ninguna, ninguna, acción mía a favor de las mineras”.

Sin embargo, hay más: Un segundo y un tercer asesor del senador PS han estado en el ojo de la investigación de la Fiscalía por emitir boletas a Soquimich. El primero de ellos es María Martínez Zaror, quien emitió también en 2009 una boleta por el mismo monto que Molina y, al año siguiente, otra por $2.225.775. El tercero es René Madariaga Caronna, quien emitió boletas a la empresa de Ponce Lerou por casi 18 millones de pesos en 2010. Ese año Madariaga fue asesor comunicacional de Rossi y el 2011 siguió vinculado al senador como asesor en temas de “análisis estratégicos”.

Lo importante de la mención de este último asesor de Fulvio Rossi es que su nombre aparece en un listado de 240 Rut que en 2010 emitieron boletas a SQM, información que la misma empresa minera entregó al Servicio de Impuestos Internos en febrero pasado y en donde, según una nota de El Mostrador, aparecen 39 personas relacionadas a campañas políticas. Ahí están, entre otros, nombres vinculados a la Democracia Cristiana, como el del ex embajador de la falange en República Checa, Marcelo Rozas, su cónyuge y su hijo; el presidente del Gobierno Regional Metropolitano de Arica, el Core Raúl Castro Letelier; el hijo del diputado DC Roberto León, Roberto León Araya; y el escritor Hernán Rivera Letelier, que fue candidato a diputado PS el 2005 por Antofagasta y que en 2010 facturó una boleta por $8.806.966, según información obtenida por El Mostrador.

La cuestionada autonomía de las instituciones

Es este insospechado alcance de la arista SQM del Caso Penta y las consecuencias políticas dentro de la coalición de Gobierno lo que hoy hace dudar a muchos de la autonomía de las instituciones llamadas a colaborar con la justicia. Es el caso del Servicio de Impuestos Internos que, a diferencia de lo obrado en el Caso Penta, ha retrasado una querella en la arista SQM, y del Tribunal Constitucional, que la tarde de ayer ordenó paralizar la investigación de esta arista hasta el próximo 25 de marzo, cuando se realice una audiencia para “argumentar” entre la Fiscalía y el ex gerente general de la empresa minera, Patricio Contesse.

Un escenario que ya antes se había comenzado a poner gris, cuando tras la salida de Paula Walker como directora de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda (Secom) ingresa a ocupar interinamente ese lugar Carlos Correa, ex gerente de Imaginacción, la conocida e influyente empresa de lobby de propiedad de otro conocido e influyente, el PS Enrique Correa. ¿Cuál es el problema? En Imaginacción trabaja hoy como “consultor senior” el ex director de la Secom durante el primer periodo de Bachelet, Juan Carvajal, y en Imaginacción tienen a SQM y Ponce Lerou como sus clientes.

Por Daniel Labbé Yáñez