Derechos Humanos en Paraguay: El patrón represivo y de criminalización

“El panorama en general no ha cambiado. Durante el año 2014, en el que se cumplió el primer año del actual gobierno, persistió el perfil de actuaciones negativas en materia de derechos humanos tanto desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, y desde el sistema de justicia”, sostuvo Enrique Gauto, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) que presentó la décimo novena edición del informe que contó con la participación de decenas de organizaciones sociales y políticas.

El documento anual que abarca el periodo de noviembre de 2013 al mismo mes de 2014, sostiene que persiste el patrón represivo y de criminalización, con fuertes embestidas contra las organizaciones campesinas.  En uno de sus párrafos, sintetiza la articulación de los poderes: “Hay una doble justicia: una para el sector de poder y otra para el pueblo; doble moral: se dice una cosa y se hace a escondidas lo contrario; doble economía: la que crece para grandes empresas y se encoge para trabajadoras/es, campesinado, sector “informal”, etc.;  doble discurso: el de la campaña electoral y el real; doble poder: el investido como Estado y el poder fáctico insertado en el Estado”, indicó Rosa Posa Guinea en su artículo titulado “Derechos humanos, una obligación negada por el Estado en los dichos y en los hechos”.

En un pasaje del documento se destaca que el presidente Horacio Cartes continúa una política criminal que se gestó en sesenta años de poder del Partido Colorado –de los cuales 35 fueron de dictadura-, que aún en el gobierno de Fernando Lugo continuó acumulando poder y enraizando prácticas que persisten desde hace más de medio siglo “logrando instalar una cultura de desconocimiento de los derechos en desmedro de la población”.

En ese marco, el pueblo paraguayo alzó consignas contra el gobierno neoliberal y privatizador de Cartes en la masiva movilización del pasado miércoles 10 de diciembre en el que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, en la que confluyeron organizaciones políticas y sociales de trabajadores, campesinos y estudiantes.

Crímenes e impunidad

En materia represiva, el informe de la Codehupy destaca que al menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas fueron asesinados y desaparecidos entre 1989 y 2013 como parte de la represión sistemática a la lucha por la tierra. La denuncia señala que persisten “patrones de violencia estatal e impunidad judicial”, en un contexto de avance de los agronegocios y bajo el argumento de “persecución al enemigo interno”.

Las desapariciones forzosas ocurridas entre la dictadura stronista y las ejecuciones arbitrarias de campesinos entre 1989 y 2013 tienen en común la impunidad. Durante ese periodo se verificaron 91 expedientes abiertos por los 115 crímenes, de los cuales sólo 8 causas llegaron a condenas parciales. “Nunca fueron detenidos, ni procesados ni condenados los autores políticos, ya sean funcionarios o funcionarios”, destaca Codehupy.

En otro pasaje, se alerta sobre el aumento de la militarización y del gasto militar, principalmente en la zona norte bajo el argumento de la persecución contra el EPP. Hace más de un año Cartes promulgó el decreto 103/13 que habilitó la militarización de Amabay, San Pedro y Concepción y hasta el momento no remitió ningún informe sobre el accionar de los efectivos, que tampoco fue solicitado por el Congreso Nacional. En ese marco, se mantienen las criminales Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) con un presupuesto mensual de 711 mil dólares.

También se denuncia un incremento en los “procedimientos de control de las manifestaciones rurales y urbanas y en el uso ilegítimo de las fuerza” por parte de los organismos de seguridad. “La tortura y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes” siguen siendo utilizados sistemáticamente, principalmente contra las manifestaciones y organizaciones campesinas.

Citan un caso en febrero de este año, cuando un grupo de alrededor de cien campesinos fueron víctimas de una represión en Guayabí – San Pedro- mientras resistían un desmonte para la plantación de soja transgénica. “Al menos 16 campesinos sufrieron heridas, cuatro de ellos de gravedad como consecuencia de los balines de goma y gases lacrimógenos” de la Policía Nacional”.

A su vez, en el capítulo dedicado a la vulneración de derechos sociales, económicos y culturales, denuncia pérdida de soberanía alimentaria, crisis de la educación, saqueo de recursos naturales, los impactos ambientales de los agronegocios y el avance de una “contrarreforma agraria”.