Despachan acuerdo sobre desechos radioactivos desde el Congreso

El instrumento quedó en condiciones de ser remitido al Presidente de la República para su respectiva ratificación. El acuerdo versa sobre la seguridad en la gestión de los desechos radioactivos. Vale poner atención a las reuniones sostenidas entre los pares parlamentarios chilenos y argentinos sobre esta materia, pues el fantasma de un basurero nuclear en la Patagonia o en el desierto chileno, puede volver a aflorar, como también la discusión sobre el uso de energía atómica en nuestro país.

Mantener un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radioactivos; y asegurar que en todas las etapas de la gestión del combustible y de desechos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales, es el objetivo central del convenio internacional aprobado por unanimidad por el Senado y que quedó en condiciones de ser enviado al Ejecutivo para su ratificación.

Se trata del proyecto de acuerdo que aprueba la “Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad de la Gestión de Desechos Radioactivos” aprobada el 5 de septiembre de 1997 en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Cabe recordar que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha señalado que dicha Convención se aplica al combustible gastado y residuos radiactivos procedentes de los reactores nucleares civiles y de combustible gastado y residuos radiactivos procedentes de programas militares o de defensa, siempre y cuando dichos materiales se transfieran y sean gestionados exclusivamente dentro de los programas civiles, o cuando sean declarados combustible o residuos radiactivos a los efectos de la Convención, por la Parte Contratante.

También se aplica la Convención a las liberaciones planificadas y controladas en el medio ambiente de líquidos o gases de materiales radiactivos provenientes de instalaciones nucleares reglamentadas.

Se considera a este instrumento internacional como una Convención “incentivadora”, puesto que no contempla sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones, sino lo que pretende es estimular una mejora de la seguridad.

No obstante ello, se obliga a los Estados Partes a presentar un Informe Nacional, que es uno de los aspectos más importantes de esta Convención, ya que permite llevar a cabo un análisis crítico de la situación nacional, identificando las fortalezas y debilidades. Dicho informe se presenta en las reuniones de revisión y contendrá las medidas adoptadas para cumplir con cada una de las obligaciones de la Convención.

El Ciudadano

Fuente: Senado