En el marco de su labor en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, los parlamentarios Roberto Celedón y Carolina Tello ingresaron dos proyectos de ley que buscan avanzar de manera decisiva en la justicia, la verdad y la reparación en Chile.
Al respecto, la diputada Carolina Tello señaló que «como presidenta de la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios, y en nuestro rol en conjunto con el diputado Celedón, queremos anunciar el ingreso de dos importantes proyectos de ley. El primero es respecto al cumplimiento del Estado de Chile, de sentencias y resoluciones internacionales en materia de DDHH; y el segundo, respecto a la derogación del DL N° 2191, de 1978, respecto a la norma de amnistía para militares involucrados en violaciones a los DDHH en la primera etapa de la dictadura”.
Sobre las propuestas, la representante por la región de Coquimbo agregó que “respecto a lo primero, queremos decirles que Chile no puede seguir incumpliendo sentencias y recomendaciones de organismos internacionales de DDHH. Esta ley, por tanto, fija un camino claro, coordinado y con participación de las víctimas. Y respecto al segundo proyecto, el decreto de ley de amnistía es una herida abierta en nuestra democracia, lo sabemos. Derogarlo, por tanto, no solo es cumplir con un mandato de carácter internacional, sino que, además, es cerrar un capítulo de impunidad en nuestro país que nunca debió existir.»
El diputado Roberto Celedón agregó el daño que le ha hecho la Ley de Amnistía a la hora de tener justicia. «La jurisprudencia actual de la Corte Suprema, la ley de amnistía, mella muchas veces fundamentos para pedir la absolución de los inculpados en estos delitos de lesa humanidad. Lo importante es que Chile cumpla con sus obligaciones internacionales, y esto se refiere básicamente a la Convención Americana de DDHH, en que el presidente Aylwin, cuando se ratificó el 5 de enero de 1991, expresamente señala que Chile se somete a la jurisdicción de la Corte Americana de DDHH. La Corte ordenó que el Estado de Chile deje sin efecto estas normas que aún persisten formalmente, aunque sea en nuestro ordenamiento jurídico”.
Celedón agregó la importancia de establecer procedimientos oportunos a la hora de tener sentencias dictadas por tribunales internacionales. “La poca iniciativa relevante —que destaca la diputada Carolina Tello— es establecer un procedimiento de cumplimiento de la sentencia dictada por estos tribunales internacionales. Hoy día no lo tenemos, por lo tanto, bueno sería regularlo para garantizar a las personas, respecto a sentencias que resultan negativas para el Estado de Chile, su cumplimiento. Que haya un procedimiento claro de exigir su cumplimiento. Por eso, en el marco del trabajo que hace la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios, es muy importante esta puesta hoy día de Chile en relación a sus compromisos internacionales.»
Las propuestas
La primera de establece un marco normativo para asegurar el cumplimiento de las sentencias, resoluciones, recomendaciones y observaciones emitidas por tribunales y órganos internacionales de derechos humanos con competencia respecto del Estado de Chile. La propuesta crea un Comité Interinstitucional de Cumplimiento de Obligaciones Internacionales en Derechos Humanos, encabezado por el Ministerio de Relaciones Exteriores e integrado por diversos ministerios, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y representantes del Congreso.
El texto incorpora principios como la supremacía de los tratados internacionales, la participación de las víctimas, la buena fe en el cumplimiento y la progresividad de los derechos humanos.
El segundo proyecto deroga expresamente el Decreto Ley N.º 2.191 de 1978, que concedió amnistía a autores de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Esta norma, vigente desde hace más de cuatro décadas, ha sido cuestionada por organismos internacionales y por la sociedad civil por constituir un obstáculo para la justicia y la reparación.
Para los diputados Celedón y Tello, ambas iniciativas se complementan y apuntan a un mismo objetivo: reforzar el compromiso del Estado de Chile con la justicia internacional, garantizar los derechos de las víctimas y cerrar definitivamente espacios de impunidad.