EE. UU. pretende encubrir crímenes de guerra sancionando a la CPI

El «amo y señor del mundo» anda suelto con su arsenal de sanciones. Ya no se trata solo de Venezuela, Nicaragua, Rusia, China o Irán, sino que ahora el Gobierno de Estados Unidos apunta su sello de restricciones sobre organismos como la Corte Penal Internacional (CPI).

Este viernes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que la nación impondrá una política de restricciones a las visas de EE. UU. para «aquellos individuos directamente responsables de cualquier investigación de personal estadounidense».

Sin tapujos, agregó que estas primeras sanciones «también pueden usarse para disuadir los esfuerzos de la CPI para perseguir personal de aliados, incluidos los israelíes«.

Today I'm announcing a policy of U.S. visa restrictions on individuals directly responsible for any #ICC investigation of U.S. personnel. The U.S. has not joined ICC because of its broad, unaccountable powers, and its threat to our sovereignty. We will protect our citizens. pic.twitter.com/xGKrTNrhmU

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 15, 2019

Según Pompeo, «la CPI está atacando el Estado de derecho» de su país y por esta «razón» es que la Casa Blanca decidió dar este paso de prohibir los visados de entrada de cualquier persona del organismo.

Aunque no lo digan claramente, el objetivo es encubrir delitos y evadir la justicia que tanto reclaman para otros países como Venezuela. Lo disfrazan con el argumento de «proteger a los militares estadounidenses y aliados, así como al personal civil de vivir con el temor de una investigación injusta por acciones tomadas para defender nuestra gran nación».

Durante la rueda de prensa, el Secretario de Estado amenazó con más medidas de este tipo. “Estas restricciones de visa no serán el final de nuestros esfuerzos. Estamos preparados para tomar más medidas, incluidas sanciones económicas, si la CPI no cambia su curso”, indicó Pompeo.

Sobre la entrada en vigencia de esta política, aclaró que ya se estaba implementando pero que no ofrecería detalles, reseñó Reuters. 

Las medidas restrictivas buscan amilanar a los jueces. Foto: Web.

La Casa Blanca cumplió sus amenazas

Lo que tanto molesta a Washington es la intención de la Corte Penal Internacional, organismo del que no es miembro, de investigar crímenes de guerra cometidos presuntamente por estadounidenses en Afganistán.

Aunque las pesquisas no comienzan aún, en noviembre de 2017 la fiscal general, Fatou Bensouda, entregó la solicitud considerando que existen «bases razonables para creer» que talibanes, autoridades afganas y tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto, refirió EFE. 

En septiembre del año pasado, el consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, atacó a la CPI y dejó claro que la molestia se centra en que la administración estadounidense considera que la Corte es “francamente peligrosa” para sus intereses y los de sus grandes aliados, como Israel.

El asesor de seguridad adelantó las sanciones en septiembre del año pasado. Foto: Web.

“Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial”, advirtió en ese momento.

Acotó que actuarían igual “con cualquier compañía o Estado que ayude a una investigación de la CPI en contra de los estadounidenses”, porque sería “una investigación completamente infundada e injustificable”.

Desde organizaciones como Human Right Watch ya advierten que “tomar medidas contra aquellos que trabajan para la CPI envía un mensaje claro a los torturadores y asesinos por igual: sus crímenes pueden continuar sin control”.

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