En Ferguson, el suburbio de San Luis (Misuri) donde ocurrieron los hechos, se desplegaron más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional ante la posibilidad de que se repitieran las puebladas de lunes y martes, en las que se destruyeron patrulleros, incendiaron automóviles, rompieron vidrios y saquearon y prendieron fuego varios comercios. El miércoles bajó la intensidad de las manifestaciones, en la víspera del feriado del Día de Acción de Gracias.
En el resto del país, la mayoría de las protestas fueron pacíficas, aunque también se registraron algunos saqueos a negocios. Desde Oakland (California) a Providence (Rhode Island), los manifestantes marcharon en las principales autopistas y las bloquearon. En Nueva York, también bloquearon el tráfico, incluso los túneles Lincoln Tunnel, West Side Highway y Queens Midtown Tunnel, así como los puentes de Manhattan y Williamsburg.
El debate racial renace nuevamente en Estados Unidos, donde según los propios datos del FBI, en los últimos siete años dos veces por semana un policía blanco mató a un joven afroamericano, es decir que se produjeron 400 asesinatos por año, en los que el 18 por ciento de estos jóvenes promediaban 21 años de edad, comparado con un 8,7 por ciento contra ciudadanos blancos.
Justicia racista
El martes, el agente Wilson hizo declaraciones públicas por primera vez desde que asesinó a Brown. En una entrevista difundida por ABC News, el policía reiteró su versión de que fue “atacado” por el joven desarmado y aseguró tener la “conciencia tranquila” porque hizo “correctamente” su trabajo.
En tanto, el abogado de la familia Brown, Benjamin Crump, consideró que el proceso del gran jurado “deber ser impugnado” porque a su juicio el fiscal encargado del caso, Robert McCulloch, “está en la misma línea” que la policía local. “El relato de Wilson es su versión como testigo interesado. Y no debería haberse incluido si el fiscal hubiera sido imparcial”, sostuvo el abogado.
Desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aún existe la posibilidad de que se presenten cargos contra el agente, así como reformas en el Departamento de Policía de Ferguson. Según precisó The Washington Post, investigadores de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia están revisando información vinculada con oficiales policiales involucrados en hechos de perfil racial y uso de la fuerza, incluida la letal.
Por su parte, la ONU expresó su preocupación por las numerosas muertes de jóvenes negros que mueren en Estados Unidos en manos de la policía y pidió a las autoridades que actúen para dar respuesta a la creciente desconfianza que muchas comunidades tienen hacia la Justicia.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó a través de un comunicado su preocupación por el “desproporcionado número de jóvenes negros que mueren en encuentros con agentes de policía”, así como por el alto número de negros en prisión y condenados a muerte.
“Está claro que, al menos entre algunos sectores de la población, hay una profunda y cada vez más enconada falta de confianza en la legitimidad de la Justicia y los sistemas de aplicación de la ley”, señaló el máximo responsable de Derechos Humanos de la organización.
En este sentido, urgió a las autoridades estadounidenses a examinar en profundidad cómo los “asuntos raciales” están afectando a los sistemas de Justicia y de policía en el país. Asimismo, recordó que diversos organismos, entre ellos varios de la propia ONU, han denunciado una “discriminación institucionalizada” en Estados Unidos.
Población carcelaria
Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria negra que ningún otro país, una proporción incluso mayor a la de los negros presos en Sudáfrica en la etapa lucha contra el apartheid, de acuerdo a la investigadora Michelle Alexander, profesora de Derecho en la Universidad de Ohio y autora del libro sobre racismo “The New Jim Crow”, recogida por la agencia Télam.
Según Alexander, un negro estadounidense tiene aproximadamente seis veces más posibilidades de acabar en prisión que un blanco, y 2,5 veces más que un latino. Más del 36 por ciento de los presos son negros -pese a representar el 13 por ciento de la población-, un 33 por ciento blancos -de una población de 63por ciento- y un 22 por ciento latinos -de un 17 por ciento-.
Puesto que la corrección política indica que ya no es socialmente aceptable usar la raza de forma explícita para justificar la discriminación, “usamos nuestro sistema de justicia penal para etiquetar a la gente de color como delincuentes”, considera la investigadora.
De este modo, “una vez que se hace, las antiguas formas de discriminación de repente se vuelven legales: en el empleo, en la vivienda, en la privación del derecho al voto, en la negación de oportunidades educativas, en los cupones de alimentación y otros subsidios públicos”. “No hemos acabado con el sistema de castas por cuestión de raza, solo lo hemos rediseñado”, concluye Alexander.