Fallo unánime en la Corte de Apelaciones de Santiago

Ejército deberá entregar nómina de ex agentes DINA y CNI que ascendieron a generales en democracia

En un fallo unánime, la 5ta

Por Absalón Opazo

24/07/2017

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En un fallo unánime, la 5ta. sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Ejército entregar la información sobre los oficiales que ascendieron al grado de general entre 2002 y 2016, y que fueron parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) o de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Según consigna la radio de la Universidad de Chile, la resolución fue tomada por los ministros Jessica González, Enrique Durán y Rafael Andrade, quienes rechazaron el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación del Ejército de Chile. Así, con este fallo, los jueces descartaron un actuar arbitrario del Consejo para la Transparencia (CPLT), organismo que ordenó la entrega de la nómina de militares, argumentando que no constituía materia de reserva.

El fallo establece que “teniendo presente que tanto la CNI como la DINA fueron disueltas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 19.974 (sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia), que tuvo lugar el 2 de octubre de 2004, se debe concluir que no formaron parte de los órganos del Estado que integran el sistema de inteligencia creado por tal cuerpo normativo, siendo, por ende, improcedente invocar una de sus normas para mantener en secreto la información solicitada”.

Cristian Cruz, abogado que solicitó la nómina de los uniformados mediante Ley de Transparencia, señaló que uno de los aspectos fundamentales de este fallo es que da cuenta de la férrea defensa que han hecho las Fuerzas Armadas respecto de los ex agentes de la CNI. “Aquí el Ejército ha optado por ser la voz de los delincuentes y de los criminales con el dinero de todos los chilenos. Los ex agentes ni siquiera han tenido que contratar un abogado”.

Del mismo modo, comentó que la trascendencia no radica en conocer los nombres de esos agentes, sino en “poder determinar cuál de ellos en democracia llegó a ascender al grado de general, donde las autoridades no vieron con malos ojos ni como una situación repudiable el que oficiales de ejército hayan integrado los organismos represivos, que hicieron desaparecer, torturaron y asesinaron a decenas de chilenos”.

Para el abogado es muy negativo que personas que cometieron crímenes de lesa humanidad formen parte de la plana mayor de las Fuerzas Armadas. Desde su perspectiva, este hecho fomenta la “cultura de la impunidad” y perpetúa actos ilícitos dentro del Ejército, como el robo o la malversación de fondos públicos.

 

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