El caso SQM contra Marco Enríquez-Ominami: la anomalía judicial que marcó una época

A horas de conocerse el veredicto, nuevas cifras confirman que el proceso contra Marco Enríquez-Ominami se transformó en una excepción estadística dentro del sistema judicial chileno. Once años, diez fiscales y más de 5.000 millones de pesos después, el caso SQM-ME-O aparece como un símbolo de cómo la justicia puede volverse política.

El miércoles se conocerá el veredicto en uno de los juicios más extensos de la historia democrática chilena. El expediente SQM–Marco Enríquez-Ominami no solo ha concentrado atención mediática: también se ha convertido, según datos oficiales, en una anomalía procesal difícil de explicar bajo parámetros normales.

De acuerdo con el Informe Estadístico del Ministerio Público 2023, apenas el 1,7 % de las investigaciones penales en Chile supera los tres años antes de resolverse. El resto —el 98 %— concluye mediante sobreseimiento, acuerdo o sentencia en un tiempo significativamente menor.

El caso de Enríquez-Ominami caminó en la dirección opuesta: ocho años de investigación, diez fiscales sucesivos y un gasto público estimado en $5.000 millones antes siquiera de iniciar el juicio oral.

La comparación con otros procesos acentúa su excepcionalidad. En causas por financiamiento político, menos del 4 % llega a juicio oral; la mayoría se archiva o termina en acuerdos. Sin embargo, SQM–ME-O llegó hasta el final del recorrido judicial, sin pruebas condenatorias nuevas y pese a que las diligencias repetidas ya habían sido objetadas por la defensa.

El juicio oral —con 450 audiencias en casi tres años— rompió todos los récords de duración. Según el Poder Judicial, la mediana de los juicios orales en Chile es de 85 días. En este caso, la justicia se prolongó quince veces más, generando un efecto político autónomo: mantener viva la sospecha, incluso en ausencia de condena.

La historia judicial de Enríquez-Ominami no se detuvo ahí. En paralelo, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo absolvió unánimemente en el caso OAS, descartando la tesis de fraude de subvenciones presentada por la fiscal  Ximena Chong.

En conjunto, ambos procesos acumularon más de diez causas, veintiocho fiscales, seis equipos de la PDI y más de 600 testigos. Durante años, el excandidato tuvo firma mensual y prohibición de salir del país, restricciones que se extendieron incluso hasta su tercera candidatura presidencial, obstaculizada temporalmente por decisiones administrativas luego revertidas por el Tribunal Constitucional.

Para distintos juristas y observadores, lo ocurrido con SQM–ME-O trasciende un expediente individual. Revela un fenómeno más profundo: el uso del tiempo procesal como herramienta política, donde la duración del proceso produce el castigo antes que la sentencia.

En ese espejo, el caso de Marco Enríquez-Ominami se convierte en una advertencia institucional —y en una oportunidad para repensar los límites entre justicia y poder.

El Ciudadano