Esta Dictadura que aún no acaba

19/05/2013

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Lo que terminó por convencerme de escribir este artículo fue una noticia esperanzadora: en Guatemala un país centroamericano muy pobre, con más de un 50% de su población bajo la línea de la pobreza y un 16% de analfabetos, donde desde el fin de la dictadura en 1986 se han sucedido gobiernos de derecha que poco han hecho por los derechos humanos (incluído el actual presidente, el general retirado Otto Pérez Molina¹), la justicia condenó al dictador Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y genocidio^2,3.

Mientras, en Chile algunos siguen celebrando la llegada de la “democracia” en 1990, los hechos demuestran que lo único que cambió fue que el poder ejecutivo-legislativo dejó de ser manejado de forma totalitaria para dar paso a la política de los consensos.

Del ámbito económico no quiero hablar demasiado, pues, es lo más evidente. El modelo neoliberal impuesto por la dictadura en los años 80 de la mano de los Chicago Boys, sigue en pie, adoptado y perfeccionado por la Concertación. Con sistema binominal o leyes de amarre, la Concertación nunca mostró reales intenciones de cambiar el modelo económico, aunque estuvieran en el gobierno por 20 largos años. Pero, creo de esto hay abundantes opiniones y análisis críticos de distintos temas que reafirman mis palabras: AFP, Isapres, abusos de bancos y retail, privatizaciones, educación, salud, inversión extranjera, recursos naturales y un largo etcétera.

Los responsables glorificados

Mientras Ríos Montt es condenado a 80 años en la pobre Guatemala, en Chile el dictador murió de viejo en la comodidad del Hospital Militar, rodeado de su familia, con abultadas cuentas en el extranjero que le asegurarían una buena vida a su viuda y a sus descendientes y, hasta calles y monumentos que recuerdan su dictatorial gobierno⁴. La misma viuda, responsable de no pocas atrocidades durante la dictadura, termina sus días como una tranquila anciana en la comodidad de su hogar junto a su familia, mientras mira televisión o lee los diarios que no hablan de su difunto esposo como dictador, sino como ex-comandante en jefe, ni hablan de dictadura sino de pronunciamiento o gobierno militar, ni hablan de torturas sino de apremios ilegítimos, ni hablan de asesinatos y desapariciones sino de violaciones a los derechos humanos. Y esto no solo en la prensa, también en los libros escolares⁵!

De los actuales parlamentarios de derecha, prácticamente todos los que tienen sobre 45 años tuvieron cargos durante la dictadura. Unos más involucrados que otros, pocos nos tragamos eso de que nunca supieron nada y que de saber algo de las torturas y desapariciones se hubiesen opuesto. Otros tantos empresarios y especuladores hicieron sus fortunas durante la dictadura aprovechando el despojo de los chilen@s, las privatizaciones fraudulentas de organismos del Estado⁶ o gracias a la vista gorda que hacían sus amigos en el gobierno.

Hasta hay candidatos presidenciales que tienen ese pasado: Longueira, delator de compañeros de Universidad⁷ y violentista callejero⁸, al igual que el mismísimo Andrés Allamand⁹. Que más se podría esperar de un país donde el primer presidente de esta “democracia”, Patricio Aylwin fue (y es, aunque intenta ocultarlo) un declarado pro-golpe de Estado^10,11, y estuvo entre los democratacristianos que más entusiastamente saludó la intervención criminal de las fuerzas armadas para poner fin al gobierno de Salvador Allende.

Otros colaboradores de la dictadura, declarados públicamente a favor del golpe, hoy viven sus días como importantes señores. Uno de los casos más emblemáticos es el de Agustín Edwards, dueño de El Mercurio. Edwards no solo colaboró con publicar los montajes de la dictadura en su diario, sino que viajó el mismo a EE.UU. a negociar la ayuda económica que el golpe militar necesitaba. A pesar de esos hechos públicamente conocidos (ver el censurado documental “El Diario de Agustín”¹²), su diario sigue en circulación, impune, saludado reverencialmente hasta por aquellos que se autodenominan de izquierda¹³.

Otro caso similar, es el del fallecido empresario Ricardo Claro (que llegó a ser el cuarto hombre más rico de Chile). Hombre de derecha dura, que siempre apoyó la dictadura y aportó con cuantiosas sumas de dinero la obra de Pinochet¹⁴, a cuyo funeral asistieron de chincol a jote a mostrar sus respetos, incluído el ex-presidente socialista Ricardo Lagos¹⁵, o la ex-presidenta Michelle Bachelet, quien le dedicó sentidas palabras¹⁶.

Estos son solo algunos de los muchos políticos y civiles¹⁷ que aun figuran en la actividad pública y no muestran ni un asomo de arrepentimiento.

Asesinos entre nosotros

Aparte de las responsabilidades políticas y morales que muchos cargan sobre sus espaldas (dudo que sobre sus conciencias), hay muchos que llevan las manos manchadas de sangre. Torturadores, y responsables directos de asesinatos y desapariciones viven su vida de lo más tranquilos, ocupando cargos públicos, acaso como reconocimiento de sus crímenes. El coronel Cristian Labbé, es de los más conocidos, reconocido por varios como torturador^18,19, fue alcalde de Providencia por más de 10 años, y ni se inmutó para declarar su amor por el dictador. El año pasado mientras los medios en Chile cubrían sus berrinches durante la campaña municipal, los medios extranjeros se preguntaban cómo era posible que un torturador fuera alcalde. Hoy hace clases en una Universidad²⁰!

El caso de Labbé no es el único. Rosauro Martínez, diputado de la república hace 19 años, oficial en retiro del ejército, fue miembro de la DINA y participó en actividades represivas en el sector de Valdivia, hasta que fue puesto como alcalde designado en Chillán. Hoy las investigaciones en su contra se han entrampado debido a su fuero diplomático²¹.

Otro caso conocido es el de Juan Baeza, subdirector operativo de la PDI, colaborador de la CNI en los años 80²¹. Y ni siquiera el deporte se salva, la empresa Blanco&Negro tiene como jefe de seguridad de Colo Colo a Christian Reyne, otro ex CNI²³.

Son solo son algunos ejemplos, seguro hay muchos más. Mientras los pocos que han sido enjuiciados y condenados residen en sus cárceles-hoteles de Punta Peuco y Penal Cordillera, con todo tipo de comodidades y la complicidad servicial de sus guardianes, que más parecen sus empleados²⁴. Cárceles-hoteles por lo demás construidas durante los gobiernos de la Concertación.

Las torturas y asesinatos que no se acaban

Para muchos la gracia de la “democracia”, más allá del modelo político-económico, fue que acabó con el régimen totalitario y sus estrategias represivas y criminales. Sin embargo, hay bastantes evidencias de que no fue así. Son más de 60 los muertos desde 1990 por causas políticas y/o brutalidad policial²⁵. Muchos asesinados por Carabineros durante manifestaciones (José Araya y Leopoldo Calderón 1993²⁶; Cristián Varela 1998²⁷; Claudia López 1998²⁸; Daniel Menco 1999²⁹; Rodrigo Cisternas 2007³⁰; Manuel Gutiérrez 2011³¹) entre los que se cuentan algunos por la espalda, otros de golpizas dadas por carabineros o militares (José Huenante 2005³²; Johnny Cariqueo 2008³³; Mario Oviedo 2009³⁴; Daniel Riquelme 2010³⁵; Franco Coronado 2010³⁶). Para que contar la cantidad de heridos, golpeados y torturados que simplemente quedaron el el olvido, enfrentándose a la defensa corporativa de las instituciones de seguridad y orden, así como a la mal llamada “justicia” militar³⁷.

De hecho, en estos días se han hecho públicos varios casos de brutalidad policial, digna de una dictadura. Detenciones ilegales a propósito de controles de identidad³⁸, fuerza excesiva para detenciones^39,40, represión criminal durante protestas y marchas^{41,42,43,44,45,46}, golpes y torturas durante las detenciones^47,48,49, detenciones por parte de personal de civil ^50,51,52,53 e incluso denuncias de que estas prácticas son más bien sistemáticas contra jóvenes en riesgo social que han delinquido⁵⁴. Por cierto estas situaciones han aumentado durante este gobierno, aunque siempre han estado presentes en nuestra “democracia” post-1990. Para quien se anime a justificar estas prácticas a propósito de la calidad de delincuentes o sospechosos de algunas de estas víctimas, hay que recordar que justamente la práctica de la violencia como “castigo” es propia de una dictadura y no de un estado de derecho.

Si aun le quedan dudas, vaya a preguntar a la Araucanía, donde los mapuche cargan con 4 asesinados por Carabineros, además de las condenas por Ley de Seguridad Interior del Estado y Ley Antiterrorista^55,56usadas por todos los gobiernos desde 1990⁵⁷. A pesar de que varios de ellos participaban de recuperaciones de territorios mapuche al momento de morir, los disparos por la espalda o el hecho de que estaban desarmados argumenta en favor de la culpabilidad de las fuerzas “de Orden” (léase represivas). Alex Lemún (2002) murió de un disparo de carabineros en la cabeza⁵⁸; Juan Collihuin (2006) asesinado por un carabinero en su casa durante un allanamiento irregular⁵⁹; Matías Catrileo (2008) recibió disparos en la espalda de la subametralladora de un carabinero⁶⁰; Jaime Mendoza (2009) murió de un disparo de carabineros en la espalda⁶¹. Otros tantos asesinados por particulares, pero que sus muertes nunca fueron investigadas correctamente por carabineros o investigaciones, habiendo evidencias de claras negligencias: Agustina y Mauricio Huenupe (2002) asesinados salvajemente por un grupo de paramilitares en Alto Biobio⁶²; Jorge Suárez (2003) golpeado por terceros y arrojado al río Quepe⁶³; Zenón Díaz (2005) atropellado por un camión a vista y paciencia de Carabineros durante una manifestación⁶⁴. Por supuesto, estos son los casos extremos, pero hay muchos más casos: hay de detenciones ilegales y hostigamiento^65,66,67,68, golpizas y torturas^{69,70,71,72,73,74,75,76,77,78}, montajes^{79,80,81,82,83}, acusaciones en la prensa sin fundamentos^84,85,86, allanamientos violentos de comunidades^{87,88,89,90,91} todas las cuales se pierden en la desinformación intencionada de los medios de comunicación tradicionales.

Qué nos queda

La dictadura chilena fue una de las más exitosas del mundo en cuanto a sus objetivos. Implantó un modelo político-económico perfeccionado y defendido hasta el día de hoy, aplastó la resistencia – armada y desarmada – del pueblo, desintegró el tejido social para reemplazarlo por la competencia y la meritocracia, inculcó el miedo tan profundamente en los corazones de los chilen@s que tuvieron que pasar 20 años de “democracia” para que nos diéramos cuenta de que esto había que cambiarlo.

Miles de detenidos, torturados, exiliados, desaparecidos y asesinados es el saldo más trágico. Millones de personas con un miedo crónico a los cambios y a levantar su voz es el saldo más permanente. Hoy nuevas generaciones se sacuden ese miedo, se sacuden la desinformación y levantan una opción transformadora. A pesar de nuestra cacareada “democracia” vemos día a día que las prácticas propias de una dictadura aun no terminan. Independiente de la condición social, de la historia familiar o de la orientación política que tengamos, como seres humanos que piensan y sienten, es nuestro imperativo moral terminar con esta Dictadura que aún no acaba.

Por Felipe Villanelo

El Ciudadano

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