Fiscalía de Brasil pidió «prorrogar» las investigaciones contra Temer

Este viernes, la Fiscalía General de Brasil pidió a la Corte Suprema «prorrogar por un lapso de 60 días» las investigaciones que se adelantan contra el presidente Michel Temer y los ministros Eliseu Padilha y Wellington Moreira Franco, por presuntamente estar involucrados en casos de corrupción.

La solicitud fue realizada por la Fiscal General, Raquel Dodge, a la Corte Suprema. De momento, se espera que en los próximos días esta última se pronuncie al respecto y dé una respuesta.

En esta oportunidad, el caso se refiere a una supuesta donación no declarada de 2,7 millones de dólares, por parte de la constructora Odebrecht al Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el partido de Temer, Pardilha y Moreira Franco, para la campaña electoral de 2014, a cambio de favorecerla con la adjudicación de obras a través de la Secretaría de la Aviación Civil.

Michel Temer ha sido señalado, en varias ocasiones, de estar involucrado en diversos casos de corrupción. Sin embargo, estas investigaciones se han visto obstruidas por la justicia brasileña y las influencias políticas del actual Mandatario, quién asumió el poder luego de la destitución de Dilma Rousseff desde el Congreso.

Según la Constitución de la República Federativa de Brasil, el actual Jefe de Estado no puede ser juzgado por hechos suscitados antes de su mandato, pero puede ser investigado, un hecho que también ha impedido el avance en el esclarecimiento de estas irregularidades políticas en el país suramericano.

Entre los casos en los que se ha visto envuelto Temer, destaca la acusación de solicitar recursos para financiar irregularmente las campañas políticas de su partido en 2012. Estos señalamientos fueron hechos por el expresidente de la empresa Transpetro.

Asimismo,  los diputados federales del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil,  Paulo Pimenta, Wadih Damous y Paulo Texeira denunciaron a Temer ante la Procuraduría General de la República por compra de votos. Estas acusaciones fueron rechazadas por la Cámara Baja, a través de la aprobación de un informe en agosto de 2017.