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Las razones de la derrota del Gobierno

Fracasada Consulta Indígena Piñera- Moreno: otro ejemplo de mala fe

El Gobierno de Chile resolvió suspender su abusiva y mercantil consulta indígena que el Presidente Sebastián Piñera y su entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno -ahora ministro de Obras Públicas- había implementado en Gulumapu, Wallmapu. Esta peculiar iniciativa, antesala del despojo, fue rechazada por las familias, comunidades y organizaciones que denunciaron que esta modificación a la Ley Nº19.253 (Ley Indígena) (1), permitiría abrir ventanas especulativas para el arriendo y venta de territorios Mapuche.

Esta modificación planteaba permitir la subdivisión de tierras en títulos individuales de dominio para aquellas comunidades titulares de tierras puedan dividir total o parcialmente sus tierras; disminuir de 25 a 5 años la prohibición de enajenar entre indígenas para tierras adquiridas por CONADI; posibilitar el arrendamiento por hasta 25 años de tierras indígenas tanto individuales como comunitarias (que hoy pueden ser arrendadas hasta por 5 años); posibilitar mediería sobre tierras; establecer mecanismos compensatorios alternativos adicionales y voluntarios “para la solución de problemas de tierras (…) entregando todo o parte de la tierra reclamada a través de beneficios alternativos”(2), entre muchos otros cuestionados puntos.

En la Resolución Exenta 0553 del 24 de julio de 2019, la firma de Piñera pone fin a esta aventura de modificación de esta aún débil normativa. Pero ladinamente, el Presidente afirma que la consulta se suspende por hechos de violencia, según un informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social: “Durante las reuniones de planificación realizadas en
distintas localidades a nivel nacional, se produjeron hechos de violencia de público conocimiento, que obstaculizaron gravemente la realización de un importante número de reuniones convocadas por parte del Ministerio para el desarrollo de este proceso de Consulta”.

Quien haya redactado la resolución firmada por Piñera, ha tenido la intención de dejar instalado que este ejercicio se suspende por actos de violencia realizados desde personas indígenas. Pero la violencia es a partir de la imposición de una Consulta no solicitada por ningún Pueblo Originario, por tanto, es ilegítima e ilegal, contraria al Derecho Indígena y al Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT).

Esta peculiar consulta, además, desde un principio fue pública y masivamente criticada por organizaciones, comunidades y mundo académico. Y quedará registrada en la Historia como otra torpeza de los funcionarios chilenos acerca de su mala fe para interpretar los acuerdos internacionales en temas de Pueblos Originarios. Además, hace recordar la mafiosa maniobra del ministro José Antonio Viera-Gallo que en 2008 logró imponer en la corrupta clase política un peculiar decreto que no tiene validez internacional, el Decreto 124, que mal interpreta la Ley Indígena y que cercena la Consulta y Participación de los Pueblos Originarios en los territorios habitados ancestralmente por nuestro Pueblo Mapuche.

Esta consulta Piñera-Moreno tiene poca historia y es risible al registrar que un ministro latifundista del Chile central y dueño, entre otras propiedades, del Criadero de caballos chilenos “Palmas de Peñaflor”, Alfredo Moreno Charme, intentaba imponer contratos de compra y venta a través de curiosas interpretaciones del derecho internacional.

Mientras Moreno Charme ejerció como ministro de temas de pobreza y pueblos indígenas, aparecieron diversas repeticiones de lo que ocurrió hace siglos: los políticos, empresarios y militares que viven en Santiago de Chile, siguen ocupando los territorios Mapuche y comprando tierras en el territorio ancestral y actual del pueblo originario.

Dos ejemplos de esto son lo ocurrido con el encargado de la seguridad nacional, el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y los hijos del ex ministro y ex candidato presidencial, Pablo Longueira, que usaron esas artimañas para hacerse de terrenos que pertenecen al Pueblo Mapuche. Ubilla está siendo investigado por el parlamento y por el Juzgado de Letras de Pucón por la compra de tierras en esa zona cordillerana; y Juan Pablo Longueira Brikman, jefe de gabinete del entonces ministro Moreno, compró tierras indígenas en la localidad de Chucauco, cerca de Villarrica (3).

Este fracasado proceso de Consulta, que venía en un paquete más amplio que estaba implementando Moreno, donde resaltaba el también cuestionado Plan Araucanía, comenzó a mostrar su forma más mafiosa por los hechos del asesinato del lamgen Camilo Catrillanca Marín. Mentiras, encubrimiento y mala fe de las principales autoridades de gobierno y de las policías, generaron el quiebre y derrumbe de la estrategia del ex ministro de Desarrollo Social.

La Consulta Indígena de Piñera demuestra una vez más la mala fe, la escasa y manipulada información, la urgencia para aprobar leyes que sólo benefician a quienes detentan el poder y, por supuesto, la nula intención de tomar en cuenta el Az Mapu -derecho propio-, las tradiciones y costumbres de la forma como se realizan los parlamentos y maneras de decidir del Pueblo Mapuche. Menos aún toma en cuenta a las organizaciones, comunidades y autoridades tradicionales, y le daba nulo reconocimiento a los representantes propios tradicionales. Todo esto evidencia una vez más la violencia sistemática y estructural desde el Estado.

El derecho internacional sobre Pueblos Originarios ha avanzado y en diversos escenarios se ha fundido con el derecho ancestral, que ha estado presente siempre en las comunidades indígenas. El Pueblo Mapuche además ha participado en la creación de esta plataforma de derechos a nivel global, que es conocida y valorada ampliamente por la mayoría de las comunidades, organizaciones y estudiosos del derecho ancestral e internacional. Esta es una razón además del rechazo que las comunidades realizaron a la peculiar consulta Piñera- Moreno.

Frente a esta nueva, chambonada del gobierno de Chile, nos queda lo que hace siglos venimos diciendo: Desmilitarización de nuestros territorios, garantizar que no ocurran violaciones a nuestros Derechos Humanos, un estándar de verdad, juicio y castigo respecto al genocidio realizado por los Estados chileno y argentino contra los Pueblos Indígenas, continuar la recuperación y control territorial, y seguir guiándonos por el derecho a la autonomía y autodeterminación. Y, por supuesto, defendiendo y haciendo avanzar y ejecutar el Derecho Internacional de los Pueblos Originarios.

Referencias

(1) Ley Nº19.253 que “Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la corporación nacional de desarrollo indígena” en Chile, publicada en 1993, en el marco del “Nuevo Trato” hacia los Pueblos Indígenas propuestos por Aylwin.

(2)  “La reforma a la Ley Indígena: un Gobierno que no respeta ni escucha”. https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/05/30/la-reforma-a-la-ley-indigena-un-gobierno-que-no-respeta-ni-escucha/

(3) Juan Pablo Longueira: las tierras indígenas que compró el jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social: https://ciperchile.cl/2019/06/06/juan-pablo-longueira-las-tierras-indigenas-que-compro-el-jefe-de-gabinete-del-ministro-de-desarrollo-social/

EDITORIAL MAPUEXPRESS, 4 de agosto de 2019

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