Gobierno de Chile recorta el gasto público y los empresarios aplauden

Si todo el gasto público es un componente multiplicador de la demanda interna, la inversión lo es aún en un mayor grado. Esta decisión tomada poniendo en el centro la reducción del déficit fiscal estructural ha sido aplaudida por el mundo empresarial, los centros de estudios que se identifican con su pensamiento y los fondos de inversión extranjeros. Eso se hace, como lo ratifica el propio análisis ministerial, cuando el país sufre una prolongada fase de estancamiento que incluso las proyecciones oficiales ven como larga. El gran problema del país es la debilidad de la demanda interna y ello no se resuelve ni mucho menos con esta política de ajuste. Ello se hace partiendo del criterio que lo prioritario es reducir los déficits fiscales, considerándolos como el gran problema. Este ajuste en su monto es solo ligeramente superior a la reducción de impuestos que el escándalo del goodwill permita a dos consorcios financieros estadounidenses. De esta manera se descarta utilizar el presupuesto fiscal como un mecanismo de política económica que debe entenderse, como recuerda Joseph Stiglitz en su más reciente libro, no como problema si el gasto se utiliza en inversiones, más aún en un período de debilidad económica como el que vive el país y la economía global.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dando como una razón que el comité convocado en forma extraordinaria por su ministerio que establece el precio de tendencia del cobre lo redujo de US$2,98 a US$2,57 procedió a reducir el gasto público a efectuarse durante 2016 en US$540 millones, lo cual sostuvo “es un ajuste moderado, que nos permite proteger el gasto que a la gente le importa que es el social” (10/03/16). Este monto es solo ligeramente superior a la reducción de tributos que el escándalo del goodwill permite a los consorcios financieros norteamericanos Principal Financial Group y MetLife con las fusiones fantasmas efectuadas con las Afp Cuprum y Provida, sin que hasta la fecha el Estado actúe para dejarlo sin efecto. Peor aún, el superintendente transitorio de Pensiones declaró “improcedente” invalidarlas.

Este menor precio en el largo plazo, significa un menor ingreso de unos US$1.600 millones dado que cada centavo menos constituye unos US$40 millones anuales. El gasto se reducirá en un 1% con relación al aprobado a fines de 2015 para el presupuesto fiscal del presente año disminuyéndolo de un incremento de 5,2% a 4,2%. Como porcentaje del PIB equivale a 0,25%.

El ministro detalló que un 71,3% del ajuste se efectuará a través de una contracción del gasto corriente. Más grave aún, desde el ángulo de la reactivación económica es que también se contrae la inversión pública, que tiene un efecto multiplicador aún mayor sobre la demanda interna y debería desempeñar un papel muy activo en estimular la privada. De esta manera, Valdés reafirma un criterio equivocado que había planteado al momento de asumir que el gasto público “ya hizo su trabajo” en reactivar la economía, cuando los hechos muestran que ello no sucedió. Esta política se manifestó desde enero cuando, de acuerdo a la cifras entregada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el gasto fiscal aumentó solo un 2,1% interanual, su nivel más reducido en los últimos cinco años, y en resultado neto, considerando partidas extrapresupuestarias del gasto, se redujo en un 3,4%. En particular el gasto en capital del primer mes de año se contrajo en 3,3% y la inversión pública disminuyo en cerca de un 7%. Como recordó Sergio Granados, director de la Dipres, para 2016 el gasto de capital “se presupuestó con una caída de 2,4% respecto de la Ley de Presupuesto 2015 (…)”, (02/03/16). Por tanto, la concepción de achicar el gasto de capital, aduciendo que había tenido el año anterior “un importante impulso”, ya estuvo presente en la aprobación del presupuesto anual.

Esta política conduce necesariamente a un menor crecimiento cuando la economía se encuentra en una larga fase de estancamiento que el propio ministro constató continuará en el presente año. Valdés anticipó que durante el mes dará a conocer una nueva estimación de crecimiento en 2016, que ya no será el 2,75% con que se elaboró el presupuesto, sino una cifra cercana al 2%, la misma tasa de incremento del año pasado que fue a su vez prácticamente similar a la de 2014 (1,9%). Este menor crecimiento conlleva una reducción en el incremento de los ingresos fiscales en relación a los proyectados, que se suma a la reducción a producirse también por el menor precio del cobre. La disminución anunciada es, manifestó el ministro, para “proteger y defender la política de balance estructural” (01/03/16), lo cual reducirá el déficit fiscal del año de -3,1% a -2,9% del PIB.

El anuncio ministerial fue considerado por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, una señal “positiva”, destacando la responsabilidad en el manejo de las cuentas del Estado. Rodrigo Cerda, director alterno de Clapes UC, el centro dirigido por el exministro de Hacienda de Piñera, Felipe Larraín, lo calificó como “una buena señal (…), va en la dirección correcta, pero aun así –subrayó- no alcanza a compensar” la caída en los ingresos estructurales. Esa misma valoración proporcionaron las clasificadoras de riesgos y fondos de inversión. JP Morgan al mismo tiempo recordó que el fisco cuenta con fondos soberanos colocados en el exterior, de los cuales el ministro de Hacienda no hizo ninguna mención y que obviamente permitirían enfrentar la coyuntura en forma diferente.

Sebastián Claro, presidente(s) del Banco Central también valoró la política adoptada destacando en particular la capacidad “de ajustar la trayectoria de los gastos a la trayectoria de los ingresos estructurales”(02/02/16). El país necesita una reflexión más profunda de la autoridad monetaria sobre la actividad económica, a partir de constatar que la mantención de una tasa de interés real negativa no se traduce en un estímulo económico, constituyéndose en un subsidio indirecto de la banca comercial.

La contracción se dio a conocer cuando el INE entregaba el Índice de Producción Industrial de enero con una reducción en doce meses de 8,3%, causado por una caída muy aguda en el sector minero (-12,6%) originada ante todo en una menor producción de cobre, que experimentó una disminución en doce meses de 13,8%, además de una reducción en la producción manufacturera de 4,6%. Estos datos hacen prever un indicador mensual de actividad económica del Banco Central del mes de enero negativo, constituyéndose de ser así en la primera medición mensual en rojo desde el recesivo año 2009. Será, adelantó Rodrigo Valdés, un mes “nulo” que “no debiese hacernos perder de vista la trayectoria más profunda de nuestra economía que es de crecimiento lento, aunque menos de lo que Chile debe y puede crecer” (02/03/16). Ratificando así el cuadro de estancamiento en que se encuentra el ciclo económico.

La reducción del crecimiento Rodrigo Valdés la efectuó basándose en un ajuste también de los supuestos macroeconómicos que, además de la reducción del crecimiento 2016, incluyó una disminución en el de la demanda interna a 1,9% y una cotización en el año promedio del cobre de US$2,15 la libra. Por tanto, el estancamiento tiende a acentuarse y la disponibilidad fiscal se contrae, lo cual conduce a ser fuente de numerosos conflictos. Ya a los funcionarios públicos de la Región de Atacama se les señaló que se les dejaría de entregar el Bono Atacama otorgado en 2014 después de una paralización de una semana de duración para compensar los incrementos en el costo de la vida, ascendente a $240.000 trimestral y que, según señaló Javier Castillo, presidente de la CUT provincial, “desde el año pasado, el ministro de Hacienda (…) nos había afirmado que la continuidad del bono no era un tema en debate (…)” (01/03/16). Lo cual en la práctica cuestiona la afirmación ministerial en la reunión del Comité Político de que el ajuste en ningún caso significaría una reducción en temas sociales.

Por otra parte, Valdés afirmó que la brecha entre el PIB tendencial, de 3,6%, que debe medir el ritmo al cual crecen los factores productivos y el efectivo, de 2%, se está “estrechando”. El Diario Financiero relató que en la reunión efectuada por el ministro de Hacienda con economistas de fondos de inversión y centros de estudios de derecha consultado por qué no convocó a la comisión utilizada para recalcular el crecimiento de tendencia como se hizo con el cobre, habría contestado: “A diferencia de lo que pasó con el cobre, no se veían antecedentes suficientes que ameriten un recorte muy fuerte del PIB potencial” (03/03/16). El menor crecimiento de este indicador es una consecuencia directa del bajo nivel de la inversión y de la productividad, constituyéndose en un tema también a enfrentar, lo cual desde luego no se hace con un ajuste fiscal como el anunciado.

A nivel global, y también en Chile, el gran problema es el bajo nivel de la demanda interna. Por ello, la reunión del G20 en el mes de febrero, desgraciadamente quedándose solo en formulaciones generales, llamó a “coordinar el respaldo a la demanda usando el espacio fiscal disponible para impulsar la inversión pública. La economía global necesita –añadió- valientes acciones multilaterales para estimular el crecimiento económico y contener el riesgo (…) en un momento en que la economía global es altamente vulnerable a choques externos” (25/02/15). Desde luego, Chile también es víctima de impactos negativos externos. Sin embargo, la política en aplicación contrae el nivel del gasto proyectado, incluyendo la inversión pública.

En su último libro[1], el premio Nobel Joseph Stiglitz recalcó una vez más que “la economía tradicional, la que contienen casi todos los libros de textos, reclama un estímulo fiscal cuando la economía es débil”. La concepción aplicada por Rodrigo Valdés es como ya señalamos que el gasto público “ya hizo su trabajo”, cuando se enfrenta un prolongado proceso de estancamiento, cuyo término ni siquiera en las proyecciones oficiales se visualiza.

Esta forma de actuar equivocada se considera necesaria por la existencia de déficit fiscal corriente y sobre todo el estructural. “Con esta acción –escribió el ministro Valdés-, el gobierno ratifica su compromiso de guiar la política fiscal a través de la regla del balance estructural (…). Además –añadió-, el compromiso del gobierno de reducir globalmente el déficit estructural en un cuarto de punto del PIB por año (…). Nuestro desafío –concluyó- es graduar el ritmo de expansión del gasto público a la evolución de los ingresos estructurales o de mediano plazo, de manera de alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto en términos de consolidación estructural” (06/03/16).

En otras palabras, su preocupación principal no reside en el estancamiento actual de la economía ni en el reducido nivel de la demanda interna. “Como he escrito muchas veces -nos dice Joseph Stiglitz citando diferentes artículos -, los déficits no son necesariamente un problema, si el dinero se gasta en inversiones y, sobre todo, si ese gasto se hace en un periodo de debilidad económica”. Un tema central es si el manejo fiscal se efectúa a partir del resultado presupuestario o se hace considerándolo un instrumento de política económica. En el primer caso, en una coyuntura como la actual el objetivo es disminuir o eliminar los saldos en contra, particularmente los estructurales. Es el enfoque de Valdés. En el segundo se debe actuar para enfrentar la fase de estancamiento, colocando el gasto público en el nivel que se requiere. Más aún sí como es sabido se dispone de una importante suma de fondos soberanos sin utilizar.

“El ajuste Valdés” no enfrenta problemas de fondo del país. Si nos referimos únicamente a temáticas que menciona en su análisis se resuelven mal dos grandes temas. Uno es como se actúa para sacar al país de su larga fase de estancamiento, la cual necesariamente conlleva la profundización de problemas sociales. Y el otro qué se hace para que el crecimiento de tendencia de la economía chilena no continúe reduciéndose. Esto último tiene un pernicioso efecto en el largo plazo y por tanto en la evolución futura del país.

[1] La gran brecha. Qué hacer con las economías desiguales, Taurus, 2015, págs. 32 y 44.