Hoy como ayer: Corrupción total entre 1891 y 1925

Una de las principales características de la República oligárquica desarrollada a comienzos del siglo XX fue la colusión generalizada entre los poderes económicos y políticos. Los procesos electorales mismos, posteriores a 1891, estaban distorsionados fundamentalmente por tres mecanismos de corrupción de la voluntad popular: el cohecho, el acarreo de inquilinos y los “tuttis”.

El cohecho (compraventa de votos) se hacía posible porque cada partido político producía sus propias cédulas de votación, de modo que cada una era diferenciable. Así, el apoderado de cada mesa podía verificar completamente en el escrutinio si quien había vendido su voto había cumplido su “compromiso”. En un tiempo en que todos los partidos -con excepción del Democrático- tenían direcciones oligárquicas, disponiendo de mucho dinero, el cohecho era generalizado y se efectuaba en las ciudades y pueblos a lo largo del país.

Pese a ser ilegal, fue plenamente legitimado por la sociedad chilena de la época. Ilustrativamente, podemos ver cómo un diario de la época (El Ferrocarril) publicó en marzo de 1906, sin mayor escándalo, una proclama lanzada en San Francisco de Mostazal a favor del candidato a diputado liberal-democrático (balmacedista), Enrique Zañartu Prieto: “¡Atención! ¡Atención! El mayor de los regalos nunca vistos en Chile. ¡Una vaca lechera con cría al pie, de toro fino! Además de la gratificación que se repartirá a todos los electores que voten por el Sr. Zañartu, se les dará un boleto para tener derecho a entrar en una rifa de una vaca lechera con cría al pie, de toro fino, que se tirará inmediatamente después de la elección, y al que le toque el número premiado puede llevársela en el acto, dando su contramarca, pues estará desde temprano en el pueblo a la vista de los electores (…) Nota: los que no voten por Zañartu no tendrán derecho a número para la rifa (…) Los Comisionados han tomado las medidas necesarias para el buen cumplimiento al depositar los votos a favor del Sr. Zañartu. ¡Viva don Enrique Zañartu! ¡Viva Balmaceda! ¡Como un solo hombre a votar por Zañartu!” (Julio Heise. El Período Parlamentario 1861-1925; Tomo II; Edit. Universitaria, 1982; p. 233).

ACARREO DE ELECTORES
El acarreo de los inquilinos se hacía posible también por la producción de la cédula por cada partido. Así, el patrón les entregaba a los inquilinos la cédula con el voto ya marcado y los llevaba en carretas al lugar de votación. Corrientemente les daba, en gratitud, algún regalo en especie, pero sin el carácter mercantil que tenía en las urbes. La sumisión del inquilino era tal, que entregaba libremente su voto a la decisión del patrón. Esto era también tan “natural”, que el banquero y latifundista Julio Subercaseaux Browne recordaba en sus Memorias que cuando fue electo diputado conservador, “aparte de los (…) negocios bancarios controlábamos una importante producción agrícola teniendo en nuestra mano cerca de 3.000 votos correspondientes a los inquilinos de nuestros fundos o de los que teníamos en arriendo y administración” (Gonzalo Vial. Historia de Chile (1891-1973), Volumen I, Tomo II; Edit. Zig-Zag, 1996; p. 587).

“Tutti” se les denominaba a un conjunto de fraudes que hacían los caciques políticos comunales que controlaban el proceso de votación, ya que desde 1891 se encargaron las municipalidades del proceso electoral. Fraudes que iban desde impedir la inscripción electoral de conocidos opositores, hasta el robo de actas y urnas; pasando por hacer votar a los muertos, orquestar la detención de opositores impidiéndoles votar, y falsificar los escrutinios. Esto dio lugar al juicio lapidario del destacado político liberal Manuel Rivas Vicuña: “El régimen electoral estaba completamente podrido” (Historia Política y Parlamentaria de Chile; Edic. de la Biblioteca Nacional, 1964; p. 263). Estos fraudes alteraban tanto las elecciones, que en 1914 se entregó el control electoral a una Junta (sorteada) de mayores contribuyentes, lo que terminó con aquellos. Pero, a su vez, dicho avance estimuló -en compensación- una mucho mayor extensión del cohecho.

NEGOCIOS Y POLITICA
Un segundo factor fundamental de corrupción se manifestaba a través de dos mecanismos similares de lobby: “La brutal del gestor administrativo y la sutil del político que enhebraba negocios y representaba grandes empresas”. Así, se producía un “sutil y hondo contubernio entre los negocios más importantes y que movían más dinero -las salitreras, los bancos, las principales casas de comercio foráneo- y los parlamentarios y altos políticos. A los cuales no les era pedido por sus acaudalados amigos nada tan burdo como una gestión administrativa, sino una especie de protección o patronato general ante los poderes públicos. La recompensa era también discreta (…) pero sabrosa: cargos de directores en bancos y empresas. Participación económica en éstas, con tan holgado plazo para pagarla que casi, casi parecía un regalo. Y especialmente abogacías. Las últimas eran las favoritas, porque una gran mayoría de los políticos fueron abogados, y muy eficaces como tales; porque las empresas comúnmente tenían muchos problemas jurídicos; porque éstos eran tan cuantiosos que justificaban con decoro un honorario considerable; y porque en ellos era donde más valía la influencia política” (Vial; pp. 600 y 602).

De este modo, muchos de los más altos líderes políticos del periodo fueron abogados, consultores o directores de bancos o de grandes empresas nacionales o extranjeras. Incluso presidentes como Germán Riesco (1901-1906) que fue consejero legal y director del Banco de Chile. O Ramón Barros Luco (1910-1915), que fue consejero de la Caja de Crédito Hipotecario, director del Banco de Chile y presidente de numerosas sociedades anónimas. O Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) que fue corredor de comercio, hombre de negocios y presidente y director de bancos y sociedades anónimas. O el propio Arturo Alessandri Palma (1920-1925) que como abogado de salitreras “ganó pleitos salitrales cuantiosos” en que “uno solo le reportó como honorarios 75.000 libras esterlinas” (Vial; p. 602).

A su vez, John North (“el rey del salitre”) tenía como abogados permanentes a dos connotados parlamentarios liberales: Julio Zegers y Adolfo Guerrero; y “en una u otra ocasión defendieron asimismo a North, ante los tribunales y las autoridades, Enrique Mac Iver (PR), Marcial Martínez (PL), Vicente Santa Cruz (PL) y Domingo Toro Herrera (PLD) (…) todos políticos muy conocidos con vasta figuración ministerial, parlamentaria y diplomática” (Vial; pp. 604-5).

Tan “natural” era también esta forma de corrupción, que Julio Subercaseaux -que entre los directores de su empresa familiar (Banco Mobiliario) tenía a Enrique Mac Iver y a Marcial Martínez- tildó a su directorio de “palo blanco” y que cuando fue elegido diputado “mi investidura parlamentaria fue favorable para el arreglo de diversas gestiones del banco”. Asimismo, el diputado liberal Alfredo Irarrázaval denunciaba en 1901 en la Cámara que “es preciso decirlo fríamente (…) son los bancos los que en Chile tienen la dirección de la política”. Y “¡El mismo ‘hacía gestiones administrativas representando bancos’!, según reconocería tiempo más tarde, atacado por el ministro Rafael Sotomayor en el célebre debate sobre la Casa Granja” (Vial; pp. 602-3).

EL BOTIN BUROCRATICO
Un tercer factor de corrupción lo representaba el “botín burocrático”, es decir, la práctica de designar en la administración pública y en los tribunales de justicia a personas por su sola condición de ser militantes o adherentes de un partido político. En ese tiempo no existía una “carrera funcionaria” y los jueces eran designados por el presidente de la República, a propuesta de un Consejo de Estado designado por aquel.

Notablemente, el partido balmacedista (liberal-democrático) y su líder Juan Luis Sanfuentes eran los que más se distinguían en aquella corruptela. Así, en 1897, “Sanfuentes con sentimiento declaraba que su partido, formado por hombres que vivían al amparo del gobierno, no podía mantenerse en la oposición” (Rivas; pp. 53-4). Y “cuando los balmacedistas abandonaron el gobierno y la Coalición (1898), Sanfuentes usó entonces la tribuna senatorial para recordar los cuatro pilares básicos del pacto que su partido había celebrado con los demás coalicionistas el año anterior. El cuarto pilar básico era tener los balmacedistas un 10% de los cargos públicos, magistratura judicial inclusive” (Vial; p. 596).

En el caso de los nombramientos judiciales, el Consejo de Estado no tenía ningún pudor: “Tan temprano como 1892 (…) los consejeros liberales doctrinarios (…) y los radicales se aliaron (…) para no designar conservadores en la magistratura. La campaña fue dirigida por los liberales Eduardo Matte y Eulogio Altamirano. El último, en la sesión del organismo citado, dijo que eran muy peligrosos los jueces adictos al bando políticamente opuesto. Razón: debían conocer y sancionar los delitos electorales” (Vial; p. 596).

Lo anterior repercutió naturalmente en una degradación del Poder Judicial: “Los diputados, senadores y jefes políticos quisieron jueces a su amaño para que los secundasen en su alquimia electoral; algunos más desvergonzados, los buscaron para que les fallasen favorablemente sus pleitos privados (…) en una lucha degradante, de la que se alejaban necesariamente las personas de mérito, eternamente preteridas, porque no aceptaban compromisos previos con sus padrinos, único resorte válido en esa miserable concurrencia. Así el juez ignorante, complaciente o prevaricador pasó a ser la regla, y el hombre íntegro y recto, sabio y justo, una ave rara, que generalmente moría de frío o de tedio en algún rincón provinciano o era agobiado por una labor excesiva en la capital de la República” (Carlos Vicuña Fuentes. La tiranía en Chile, LOM Ediciones, 2002; p. 50).

CORRUPCION EN LOS MUNICIPIOS
Otro grave factor de corrupción lo representaron los municipios y no solo por el hecho de que controlaran (hasta 1914) el sistema electoral. La ley de la comuna autónoma le entregó también grandes responsabilidades en la prestación de servicios locales, lo que los convirtió en una presa muy atractiva para la voracidad de los partidos: “Convertidas las municipalidades en una poderosa fuerza electoral y económica (…) los partidos se disputaron su predominio y los puestos edilicios fueron ocupados no por los ciudadanos más respetables y de más espíritu público, sino por politiqueros inescrupulosos, dispuestos a servir al partido por todos los medios en los actos electorales y en la repartición de los empleos y de los negociados (…) Hay partidos que se han hecho célebres por su voracidad insaciable para consumir presupuestos comunales: Iquique, Pica, Valparaíso, Concepción y Talcahuano” (Alejandro Venegas. Sinceridad. Chile íntimo en 1910; Edic. Cesoc, 1998; p. 73). A su vez, Manuel Rivas señalaba que “eran tradicionales los malos manejos de las municipalidades del norte, las más ricas de la República; la de Iquique estaba constituida en un negocio y en un centro partidista” (Rivas; p. 416).

Por último, y no menos importante, otro enorme factor de corrupción lo constituyó las concesiones de inmensas extensiones de terrenos fiscales a unos pocos privilegiados. De este modo, “las concesiones de tierras australes fueron uno de los peculados y escándalos más gigantescos que se han cometido en la constitución de la propiedad rural en Chile. Conspicuos personeros de la terratenencia santiaguina compitieron en la especulación” (José Bengoa. Haciendas y campesinos. Historia social de la agricultura chilena, Tomo II; Edic. Sur, 1990; p. 167).

ESCANDALOS MAYUSCULOS
Esto fue duramente criticado por el diputado conservador Joaquín Echenique, en sesión del 23 de agosto de 1905: “Las concesiones de tierras hechas con el pretexto de colonización y que no son sino regalos simulados de grandes extensiones del territorio nacional, hechos contra todas las leyes, contra las buenas prácticas administrativas, contra todas las lecciones de la experiencia, y con tan refinado arte de los procedimientos, que ha llegado a formar una industria nueva en el arte de apropiarse de terrenos fiscales por medio de concesiones de colonización”. Echenique calculaba que las concesiones hechas en las provincias de Malleco, Cautín, Valdivia, Llanquihue, Chiloé y Magallanes “sumaban muchos millones de hectáreas de terrenos explotables” (Ricardo Donoso. Alessandri, agitador y demoledor. Cincuenta años de historia política de Chile, Tomo I; Fondo de Cultura Económica, México, 1952; p. 88).

Pero sin duda el mayor escándalo, en este sentido, lo causó un decreto reservado del 27 de febrero de 1906 (que se supo meses después) por el cual el gobierno de Germán Riesco -so pretexto de reafirmación de la soberanía nacional- otorgó una concesión privada por 25 años de gran parte del territorio de Tierra del Fuego a Enrique Fabry y Domingo Toro Herrera, firmado exclusivamente por Riesco y su ministro de Relaciones Exteriores, el liberal Federico Puga Borne (ver Leopoldo Castedo. Chile: Vida y muerte de la República Parlamentaria; Edit. Sudamericana, 1999; p. 27).

¿No son impactantes las similitudes de esta gigantesca colusión de las elites económicas y políticas chilenas con las que vemos en la actualidad? Las formas son distintas, particularmente en el hecho de que las distorsiones de la voluntad popular se han dado desde 1990 por el sistema electoral binominal; sistema que, de acuerdo a la ley reciente en este sentido, solo será completamente erradicado en 2021. Y que hoy, se dan aberrantes concesiones marítimas de pesquería en lugar de las territoriales de hace un siglo…

por  Felipe Portales (*) visto en Politika

(*) Este artículo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios relevantes de nuestra historia que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extraídas del libro del autor, Los mitos de la democracia chilena, publicado por Editorial Catalonia.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 829, 29 de mayo, 2015