“Hubo funcionarios del Ejército que maquinó junto a proveedores para defraudar fondos de la ley reservada del cobre”

El diputado DC y Presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara que indagó el fraude con fondos de la Ley Reservada del Cobre, Jaime Pilowsky, destacó hoy el apoyo unánime del “duro informe que estableció responsabilidades y falencias en las normativas del ejército y en distintos organismos que posibilitaron que se cometiera este millonario fraude”.

El parlamentario agregó que “además, en el informe establecimos una serie de recomendaciones para realizar cambios normativos y legales para evitar que situaciones como esta se vuelvan a cometer”, precisando que “acá hubo un grupo acotado de funcionarios del ejército que se maquinó junto a un grupo de proveedores para defraudar fondos de la ley reservada del cobre”.

El parlamentario añadió que “lo que sí es importante señalar es que junto con la responsabilidad penal por estos hechos, que se analiza en sede jurisdiccional por parte del ministro en visita Omar Astudillo y por la fiscal Ximena Chong, hay también responsabilidades políticas y administrativas de diversa índole en distintos actores que participan o se relacionan con el uso de los fondos de la ley reservada del cobre”.

“En este sentido, nuestro principal reproche va para los generales que estuvieron a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza que es la repartición que maneja y administra los fondos de la ley reservada para la adquisición y mantención del potencial bélico

“Creemos que ahí no hubo el debido cuidado, la debida diligencia para establecer un sistema integrado y seguro que permitiera precisamente haber evitado este tipo de fraudes que finalmente se establecieron y fraguaron durante aproximadamente 5 años”.

El informe contempla, entre otras, responsabilidades de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa y el propio Ejército de Chile entre 2011 y 2014.

En cuanto a la Contraloría las conclusiones a las que llegaron los diputados se establece una “falta de diligencia en ejercicio de la “labor fiscalizadora” a la cual se encuentra obligada en virtud del artículo 6 de la Ley N° 13.196, al no haber desarrollado un plan de control y fiscalización prioritario, tomando en consideración la importancia estratégica área, los cuantiosos recursos que se administran para la compra y mantención del potencial bélico y las especiales características de riesgo, emanadas de la naturaleza reservada que contempla para estas adquisiciones la normativa vigente”.

Para el Ministerio de Defensa la Comisión estableció que hubo “fallas y retardos en la implementación de los mecanismos de control que debía aplicar la recién creada Subsecretaria para las Fuerzas Armadas (año 2010), los que provenían la institucionalidad anterior (CONSUDENA), todo ello de conformidad al artículo 8° del DS 124, de 2004, que señala que le corresponde “fiscalizar, controlar y aprobar las rendiciones de cuentas de inversiones ya decretadas”. Se agrega en el informe que las autoridades ministeriales “no adoptaron políticas ni programas específicos tendientes a ejercer control efectivo sobre el adecuado uso de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas”, situación que se mantenía al menos desde el año 2009.

Además, el Informe contempla responsabilidades en el Ejército de Chile para las distintas reparticiones que se relacionaron con el Fraude desde la Comandancia en Jefe hasta el Comando de Apoyo a la Fuerza.

De esta manera, respecto del General Juan Miguel Fuentealba, la Comisión dejó constancia que fue el único ex militar que fue invitado en dos oportunidades excusándose de asistir puesto que “no resulta recomendable asistir a dicha Comisión” según se puede leer en las conclusiones de la Comisión. Así se concluyó que “El Comandante en Jefe del Ejército, es responsable por el correcto funcionamiento de su institución. Como superior jerárquico y máxima autoridad, no puede disculparse con la omisión o descuido de sus inferiores en los asuntos que pueda o deba vigilar”:

Por su parte, el informe alude a una lista de oficiales que, al mando de la Tesorería del Ejército, la Contraloría del Ejército o el Comando de Apoyo a la Fuerza, dejaron de “cumplir su misión institucional” toda vez que no ejercieron los controles adecuados para evitar la comisión de hechos como los que se investigaron.

Finalmente el informe termina, en primer lugar, recomendando al Ejecutivo la Derogación de la Ley Reservada del Cobre y establecer un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas señalando “el actual sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas cumplió un ciclo”.