Contraloría emitió preinforme de auditoría

Jorge Sharp sobre irregularidades en Valparaíso: “Son los peores contratos que una Municipalidad podría haber firmado”

Comienzan a aparecer en el puerto indicios que confirman las sospechas sobre las anteriores gestiones que resultaron dañinas para el patrimonio municipal. “Aquí se fueron tomando decisiones políticas y administrativas que tendieron a generar y ampliar el déficit. El contrato de un proveedor ha contribuido al 30% de la deuda”, dijo el alcalde autonomista.

Por Gabriel Muñoz

13/07/2017

Publicado en

Chile / Política / Portada / Regiones

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Este jueves 13 de julio el administrador municipal, Claudio Opazo; el director jurídico, Nicolás Guzmán, y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, abordaron las inquietudes frente a la difusión del preinforme de auditoría solicitado por la alcaldía ciudadana el pasado 6 de diciembre del 2016.

Además de confirmar que la transparencia y eficiencia administrativa no caracterizó las gestiones anteriores de Hernán Pinto, Aldo Cornejo y Jorge Castro, se corroboró también que el modelo de gestión aplicado adolecía de graves problemas de control presupuestario y financiero, impidiendo que la probidad caracterizara a la alcaldía porteña, en sintonía con una política ciega, sorda y muda a las necesidades de la gente.

“Esa política está presente en Valparaíso pero también en todo Chile. Lo que nos sucede ocurre en otros municipios. Pero es injusto y condenable que caiga un manto de duda sobre los funcionarios municipales que no son corruptos. Son porteños que trabajan por su puerto y sus familias. Perseguiremos a los responsables y resolveremos el problema”, afirmó el alcalde Sharp.

Halo de corrupción

El pre informe de auditoría es un instrumento en el cual la Contraloría señaló una serie de hallazgos y hechos que tienen que ser investigados y observados con mayor detención. A pesar de que aún restan un par de semanas para disponer del informe final, gracias a éste ya se maneja información clara y precisa para actuar con celeridad frente a los requerimientos emanados desde el organismo fiscalizador y agilizar las acciones que se tomarán cuando se notifique oficialmente el fin de la fiscalización.

“Aquí lo que se cuestiona son procedimientos, tipos y formas de las contrataciones. Más allá de los montos, hay procedimientos inadecuados con detrimento a la institución, por lo tanto hay que investigar cuando se señale. Como hay diversos tipos de errores, se debe observar cómo se elaboraron las bases de licitación y cómo se generó el procedimiento para tomar la decisión final. Una investigación acuciosa podrá determinar, por ejemplo, si existen pagos en exceso”, señaló el administrador municipal, Claudio Opazo.

Por su parte, Nicolás Guzmán instó al Ministerio Público para que comience la investigación y así ayudar a determinar las responsabilidades penales que puedan surgir. “En la revisión advertimos ámbitos de responsabilidades. Si derivaren responsabilidades civiles, criminales y, eventualmente,administrativas, tenemos la obligación de denunciarlos y querellarnos en un plazo establecido por ley. Las sanciones pueden ser todas las de la gama que ofrece el estatuto administrativo”, expresó el director jurídico.

Con indignación por lo informado, el alcalde Sharp se refirió al conjunto de prácticas y decisiones que pusieron a la municipalidad en una compleja situación financiera. Sin embargo, fue enfático en adjudicar dichas acciones a un grupo minoritario de trabajadores, que “contribuyeron a hacer caer un halo de corrupción entre los funcionarios municipales”. “Aquí se fueron tomando decisiones políticas y administrativas que tendieron a generar y ampliar el déficit. El contrato de un proveedor ha contribuido al 30% (de la deuda)”, denunció el edil.

Si bien el también abogado del Movimiento Autonomista descartó referirse puntualmente a los responsables de los hechos, afirmando que no le interesaba enlodar la imagen de alguien en particular sino que buscaba saber la verdad para poder mejorar, prefirió enumerar las obras imposibilitadas de realizar a raíz de las faltas a la probidad y destacar que se regaló plata a actores privados por la contratación de servicios esenciales para la gestión municipal pero que, paradójicamente, no se prestaron.

“Hay que revisar si ha habido incumplimiento de parte de la empresa que presta ese servicio, para poder decretar el incumplimiento de ese contrato y, por tanto, darlo por terminado. No descartamos ninguna acción porque lo lógico es tener un relacionamiento con el actor privado completamente distinto a lo que existe. Son los peores contratos que una Municipalidad podría haber firmado. Todavía hay materias que no han sido auditadas, como el contrato con Cosemar o parquímetros. Ese el compromiso de la alcaldía ciudadana: más transparencia”, declaró Sharp Fajardo.

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