«Justicia» argentina saca todas sus cartas para desaforar a Cristina Fernández

El cerco de la «justicia» argentina para sacar del juego político a la expresidenta (2007-2015) Cristina Fernández de Kirchner es cada vez más evidente.

Este jueves, las instancias jurídicas del país sacaron todas sus cartas para dejar más cerca al juez Claudio Bonadio del ansiado desafuero que busca desde hace meses.

La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento con prisión preventiva contra Fernández, dictado en septiembre pasado. La acusan de liderar una red de sobornos en el caso conocido como «los cuadernos de las coimas».

¿Es viable el desafuero?

Con esta decisión, queda abierta la puerta para que Bonadio pida nuevamente al Senado el retiro de la inmunidad a la senadora. Sin embargo, esa solicitud podría naufragar otra vez porque el Partido Justicialista (PJ) ratificó que no la tratará hasta tanto no haya una condena firme.

«No conozco el contenido de la sentencia, pero me parece exagerada la ratificación del procesamiento con prisión preventiva. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo de fuga? ¿A dónde va a ir la expresidenta? ¿Al África meridional? ¿Cuál es la posibilidad hoy, fuera del poder, con pruebas ya recolectadas en la etapa de instrucción, para que pueda entorpecer la investigación? La expresidenta es senadora, tiene su domicilio, ha comparecido las veces que fue requerida, me parece un exceso, un disparate»,​ dijo Miguel Pichetto, jefe de esa bancada.

Incluso en el seno del oficialismo admitieron que el pedido está destinado al fracaso, porque su bancada no tiene el tamaño suficiente para hacerlo prosperar, reseñó Clarín.

Entre los involucrados está Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Foto: Web.

Muestras de cariño para los empresarios

La decisión de la Cámara también se refiere a los principales empresarios implicados en el caso, pero a ellos solo les enviaron «muestras de cariño».

En el fallo, se desestimó que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertucci formaran parte de la asociación ilícita y solo se confirmó el procesamiento por cohecho, lo cual hace que el delito sea excarcelable, refirió Página 12.

Entre los beneficiados está Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y heredero del grupo empresarial familiar.  También, Aldo Roggio, dueño de Benitto Roggio e Hijos y de Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios; y Luis Betnaza, director corporativo de Techint, la principal empresa constructora del país.

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Asimismo, se ordenó la excarcelación de algunos antiguos funcionarios de menor rango.

Cristina se defiende

Después de conocerse el fallo, la expresidenta se pronunció en su cuenta de Twitter. Mencionó un artículo de opinión, publicado en Clarín, en el que se adelantaba a la decisión y se exponía la aspiración de «los hombres de negocios» de que la Cámara los sacara de la tipificación de ser miembros de la asociación ilícita, como eventualmente sucedió.

Incluso, señalaron que las fuentes de la Casa Rosada le comunicaron a los empresarios que habría un fallo satisfactorio.

«Una semana después, esa Cámara Federal hizo exactamente lo que publicó Clarín: dijo que soy la jefa de una asociación ilícita y dejó afuera a los empresarios», indicó la exmandataria.

«Digo yo: ¿Dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta», agregó.

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El caso

Esta investigación comenzó tras las declaraciones de la esposa de un chofer, Oscar Centeno, que trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación, Julio de Vido, quien está detenido.

De acuerdo con una nota de Sputnik, el chofer escribió en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández.

Pero lo que existe como pruebas son las fotocopias de los cuadernos, pues Centeno ha dicho que quemó los originales. Al menos 20 empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaban sobornos para conseguir contratos de obra pública.

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