El presidente José Antonio Kast salió al paso de las crecientes interrogantes sobre sus nexos con el polémico consultor argentino Fernando Cerimedo, conocido como “el rey de los trolls” y aunque reconoció conocerlo, descartó haber trabajado con él durante campañas o que mantengan una relación laboral. Sin embargo, diputados de oposición señalaron que «no le creen» y acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar que se esclarezcan los vínculos entre funcionarios del Gobierno como el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval y jefe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe Costabal y el operador político de la ultraderecha latinoamericana.
Tras la detención de Cerimedo en Bolivia, donde enfrenta hasta el momento cuatro causas incluyendo la de femicidio en grado de tentativa en contra de su expareja Nadia Beller; legitimación de ganancias ilícitas; violencia intrafamiliar y presunta cobertura a vuelos ligados al narcotráfico, se han encendido las alarmas sobre su influencia en Chile y el uso de cuentas artificiales y trolls para intervenir en algoritmos y posicionar contenidos en la opinión pública.
El propio consultor declaró haber trabajado para la candidatura de Sebastián Sichel y, posteriormente, apoyado la campaña presidencial de Franco Parisi. Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia en su participación en la campaña contra una nueva Constitución.
A través de su empresa Numen Spa, fundada en nuestro país por el abogado Enrique José García Arancibia, fue contratado en 2020 por la denominada «Casa Común», un comando por el Rechazo, donde coincidió con Irarrázaval y Costabal, así cono con Ignacio Dülger, exasesor y exconsejero regional metropolitano. Su principal tarea fue trabajar en las campañas en favor de la opción Rechazo, tanto para el plebiscito de entrada como el de salida, en aquel entonces.
Sobre su influencia en Chile también han surgido cuestionamientos sobre sus vínculos con José Antonio Kast, su círculo e incluso su campaña presidencial en 2025. Incluso, su expareja, la abogada Nadie Beller confirmó la «proximidad» del ultraderechista argentino con el mandatario e indicó que tras su elección, manifestó su intención de asistir a la ceremonia de cambio de mando.
Ante estos antecedentes, se han desarrollado una serie de acciones legales y fiscales, incluyendo un oficio a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), denuncias ante el Servel y la Fiscalía, y la citación de Irarrázaval y Costabal, por parte de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados.
Ante la polémica, Kast negó vínculos directos con el consultor y señaló que se conocen por haber coincidido en eventos con otras figuras políticas. “En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con él. ¿Si lo conozco? Sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en distintas instancias donde nos hemos cruzado, nos hemos encontrado”, declaró en entrevista con Cooperativa.
Sobre la participación de Cerimedo en la campaña contra una nueva Constitución, se desmarcó argumentando que esa iniciativa no correspondía a su partido. «En el año 2020, hace 6 años atrás, él habría asesorado a las personas que llevaron la campaña del Rechazo, que no fue la campaña del Partido Republicano”, indicó.
«No le creo al Presidente«
Sin embargo, las declaraciones de Kast no han convencido a los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) quienes decidieron acudir a la Contraloría General de la República para solicitar que se abra una investigación sobre los vínculos entre funcionarios de la administración de Kast y Ferando Cerimedo.
“Yo voy a replicar en esto las palabras de la candidata Evelyn Matthei, yo no le creo al Presidente de la República cuando él dice que no tiene vínculo alguno con el señor Fernando Cerimedo”, afirmó el Santana en declaraciones recogidas por Diario U de Chile.
El objetivo de esta acción es doble: por un lado, garantizar que el organismo fiscalice la respuesta que se espera de la Segegob ante el oficio remitido; y por otro, obtener un pronunciamiento sobre las eventuales sanciones administrativas que podrían aplicarse por “vulneración al principio de probidad administrativa en caso de que existiese un vínculo entre funcionarios del Gobierno con el señor Fernando Cerimedo”.
Santana fundamentó su escepticismo en declaraciones del propio entorno del consultor argentino, subrayando que no se trata de una acusación inventada por la oposición.
“El director de la campaña digital del presidente (Javier) Milei y actual diputado de Argentina, Agustín Romo, fue quien señaló y transparentó que el señor Fernando Cerimedo había tenido participación en la campaña presidencial de José Antonio Kast”, argumentó el parlamentario.
Además, recordó que el operador político fue contratado «para realizar una encuesta en el primer proceso constituyente, una encuesta que distó mucho de los resultados finales de ese plebiscito. Esa encuesta fue difundida por un diario de circulación nacional y eso no fue casualidad, eso fue una estrategia y alguien la financió. En ese mismo espacio de comando hay tres funcionarios de este Gobierno que participaron junto al señor Cerimedo, uno de ellos es el actual director de la Secom, el señor Felipe Costabal, otro, Alejandro Irarrázabal, el jefe de asesores del segundo piso”.
“Entonces, cuando el presidente Kast se desentiende y toma distancia de este tipo de consultorías o personas (…) nosotros derechamente no le creemos al Presidente Kast”, enfatizó, justificando así el recurso a las instituciones públicas para esclarecer los hechos.
Cámara votará por instalación de comisión investigadora por caso Cerimedo
La arista política del conflicto se intensificará este martes en el Congreso, ya que diputados de oposición lograron reunir las 62 firmas necesarias para votar la creación de una Comisión Especial Investigadora por el caso Cerimedo. La iniciativa, impulsada por el oarlamnetario José Montalva (PPD), busca esclarecer el uso de bots, cuentas falsas y campañas de desinformación, además de determinar eventuales financiamientos y coordinaciones y establecer si el Estado contaba con herramientas para detectar estas prácticas.
Montalva confirmó al Mostrador que la propuesta será votada a las 10:00 horas y que, aunque las firmas garantizan su llegada a Sala, su aprobación requiere 62 votos favorables, equivalentes a dos quintos de los diputados. Con este movimiento, la oposición busca no solo fiscalizar la gestión gubernamental, sino también presionar para que se aclaren las responsabilidades políticas y administrativas en este caso.
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