La ilegitimidad, terror y exclusión constitucional implantada por la elite en la Historia de Chile (1833-1925-1980)

Autor: Jorge Molina Araneda

De acuerdo al historiador Gabriel Salazar (2022), los pueblos chilenos (menos el de Santiago), y algunos líderes populares, han luchado a lo largo de toda la historia independiente para construir soberanamente un Estado republicano-democrático. Empezaron derribando la dictadura de O’Higgins, porque este se burló de la soberanía de “los pueblos”; le aplicaron el «juicio de residencia» y lo expulsaron del país. Convocaron luego a una Asamblea Constituyente (1823), ante la cual, por respeto a la soberanía que ella irrogaba, abdicó el Director Supremo, general Ramón Freire… La aristocracia de la capital obstruyó el proceso constituyente, hasta hacerlo fracasar.

Ante eso, el «populacho» (Barros Arana) provocó un ‘estallido social’ para convocar a una nueva Asamblea y re-elegir al general Freire como Director Supremo. Pero la capital continuó su política obstruccionista aun después de aprobada la Constitución ‘comunera’ de 1828, y pasó de la obstrucción política al complot militar abierto. El Presidente Francisco Antonio Pinto, ante la imposibilidad de proteger la soberanía, abdicó de su cargo. El ejército mercenario levantado por Santiago pudo vencer en la batalla de Lircay. Los «pueblos» de Chile (menos Santiago) se rebelaron 17 veces entre 1830 y 1882 contra el régimen de «tiranía». Fueron derrotados otras tantas veces por el ejército “pretoriano” que organizó Diego Portales.

En 1891, tras convocar a una Asamblea Constituyente y ante la derrota del ejército constitucional en Placilla y Concón, se suicidó el Presidente José Manuel Balmaceda. En 1925, cuando los militares dieron un golpe de Estado para que el pueblo ejercitara de por sí su poder constituyente, el Presidente Arturo Alessandri se autoexilió en Italia… Y en 1973, cuando ya no hubo posibilidad alguna de llevar a cabo la «revolución popular», se suicidó el Presidente Salvador Allende.

La soberanía popular, usurpada, ametrallada e ignorada, ha sido, pues, en Chile, de un modo u otro, reconocida, defendida y respetada, en decisiones colectivas o en gestos heroicos personales. La ética superior de los pueblos, por tanto, no ha muerto… Por eso reapareció, llena de memoria, el 18 de octubre de 2019.

Hagamos un repaso, entonces, por los antidemocráticos, ilegítimos y excluyentes textos constitucionales más famosos de nuestra historia.

Constitución de 1833

El movimiento de los pelucones, de carácter oligárquico y conservador, estalló en 1829, como consecuencia de la elección por parte del Congreso Nacional de José Joaquín Vicuña como vicepresidente de la república, quien figuraba en cuarto lugar en las elecciones presidenciales del mismo año, que le dieron el triunfo a Francisco Antonio Pinto.

El golpe de Estado fue ejecutado por un ejército mercenario, que inició su marcha desde el sur, comandado por José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, que se reclutó entre inquilinos de fundos más algunas tropas que Bulnes trajo de La Frontera, donde combatían a los mapuche. El financiamiento de estas tropas fue aportado por Diego Portales y otros mercaderes. Era el comienzo de la guerra civil de 1829 y 1830.

El gobierno liberal organizó su ejército, al mando de los generales Francisco de la Lastra y Benjamín Viel, quienes salieron al encuentro de las tropas de Prieto. El 14 de diciembre de 1829 se llevó a cabo la batalla de Ochagavía, donde no hubo vencedores y se llegó al acuerdo de poner a la cabeza del Ejército y del gobierno al general Ramón Freire. Sin embargo, este acuerdo fracasó porque los conservadores en Santiago, liderados por Diego Portales, tomaron el mando y buscaron someter a Freire a su autoridad, situación que llevó a que este último tomara partido por el bando liberal y dimitiera de su cargo. Así, mientras Freire marchaba hacia Coquimbo con algunas tropas, a fin de organizar una contrarrevolución; en Santiago, la Junta Provisional nombró Presidente a Francisco Ruiz-Tagle quien, presionado por Portales, renunció y entregó su mando al vicepresidente José Tomás Ovalle quien nombró a Diego Portales como Ministro del Interior, Guerra y Marina, y Relaciones Exteriores.

El conflicto continuó hasta el decisivo 16 de abril de 1830, fecha en la que se desarrolló la batalla de Lircay, conflicto donde oficiales del bando pipiolo, como Vic Tupper, se rendían y eran hechos prisioneros, mientras  que José Joaquín Prieto ordenaba «hacharlos«, siendo ultimados a sablazos, cuestión que fue llevada a cabo fácilmente debido al odio contra los oficiales extranjeros alimentado en la tropa por los conservadores. Finalmente, Freire fue derrotado por Prieto, consolidándose, de esta manera, el fin del gobierno liberal y el comienzo de la denominada época portaliana.

Tras la batalla, Prieto pasó a someter las provincias de Coquimbo, Concepción y Chiloé.

Tras la guerra civil de 1829-1830 se convocó a una Gran Convención, según la ley del 1 de octubre de 1831, cuya idea inicial fue reformar la Constitución de 1828. Esta convención estuvo integrada por 36 personas: 16 eran diputados y 20 ciudadanos, todos de la elite, elegidos por el mismísimo gobierno conservador. La idea del gobierno de Prieto era anular las ideas liberales y establecer una suerte de dictadura legal que apoyara tales afanes.

Constitución de 1925

Como la Junta de gobierno hegemonizada por los militares de más alta graduación traicionó las esperanzas de los oficiales jóvenes del Ejército de tendencia reformista, estos dieron un golpe de Estado el 23 de enero de 1925 y llamaron de retorno al país a Arturo Alessandri Palma. Además, declararon estar a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El líder tras este golpe fue Carlos Ibáñez del Campo. En Europa, y antes de su regreso, Alessandri también se pronunció al respecto. Desde Roma, “el León” comunicó, mediante un telegrama, su intención de convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta fundamental, provocando un gran entusiasmo en Chile.

Por iniciativa del Partido Comunista y de la Federación Obrera de Chile (FOCH) –grupo que tenían influencia en el llamado Comité Nacional Obrero, que agrupaba a distintos conglomerados populares- comenzó a gestarse la idea de generar una asamblea deliberativa. El Comité Nacional Obrero acordó realizar una reunión o Congreso de asalariados e intelectuales, al que concurrieran junto a los proletarios, los empleados, educadores, estudiantes, académicos y profesionales, a fin de discutir un proyecto de Constitución Política. Es decir, esta asamblea siempre se pensó como un paso previo hacia la participación en la asamblea constituyente que Alessandri estaba dispuesto a conceder.

Esta convención tuvo como nombre oficial la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales. Sin embargo, en la época se le denominó como la «constituyente chica». La conformaron miembros del PC, la FOCH, anarquistas, demócratas, radicales, sindicalistas independientes, mutualistas, feministas e intelectuales.

Con su triunfal regreso a Chile, el 20 de marzo de 1925, Arturo Alessandri volvió a ejercer el cargo de Presidente de la República, su objetivo principal fue trabajar por una nueva Constitución. Sin embargo, desligándose de cualquier promesa, el «León» decidió no convocar a una asamblea alegando «falta material de tiempo para verificar las inscripciones del electorado, para instalar enseguida la Constituyente y para que esta dispusiera del tiempo necesario para terminar su misión y alcanzar a fijar las reglas de la elección del Congreso y del Presidente» que debía sucederlo el 23 de diciembre de ese mismo año. Pocas semanas después de reasumir la presidencia de la República, «el León» por sí y ante sí, designó a su completo arbitrio a los miembros de las dos comisiones que debían preparar la Asamblea Constituyente, escogiendo a una mayoría de políticos tradicionales, incluyendo entre ellos a Luis Barros Borgoño, su rival en la elección de 1920. Uno que otro dirigente de la «Constituyente Chica» -los comunistas Carlos Contreras Labarca, Luis Víctor Cruz y Manuel Hidalgo, los demócratas Onofre Avendaño y Fernando García Oldini, y el líder mutualista Carlos Alberto Martínez- fue invitado a participar en las discusiones. El propio Alessandri presidió la «comisión chica» que debía estudiar las reformas constitucionales y Arturo Lyon quedó a la cabeza de la «comisión grande» encargada de preparar la convocación a la Asamblea Constituyente. Este grupo -lo dejó consignado el «León de Tarapacá» en sus Recuerdos de gobierno– no se reunió o, a lo sumo, lo hizo una vez.

En la «comisión chica» se enfrentaron tres proposiciones para aprobar la nueva Constitución: elección de una Asamblea Constituyente mediante sufragio universal; organización de una Constituyente sobre una base gremial o ratificación del texto preparado por la comisión mediante un plebiscito. Intuyendo que su proyecto de Constitución presidencialista no sería aprobado en una Asamblea Constituyente dominada por los partidos tradicionales, muy reticentes a abandonar el sistema parlamentario, Alessandri apostó a la vía más expedita convirtiendo a la «comisión chica» en la Constituyente misma y utilizó toda su capacidad de maniobra, influencia y poder para vencer las diversas resistencias que suscitaba su plan, tanto entre muchos personajes de la vieja elite política proclives al sistema parlamentario como en el movimiento obrero y popular partidario de la Constituyente de base gremial.

En treinta y tres sesiones realizadas durante cuatro meses a las que asistió un promedio de doce personas, la «comisión chica» preparó el proyecto de Constitución propiciada por el Jefe de Estado. Los debates se centraron, de preferencia, en el modo como equilibrar los poderes Ejecutivo y Legislativo, de acuerdo con la perspectiva liberal. El único invitado de la Asamblea de Asalariados e Intelectuales a esta instancia, el comunista Manuel Hidalgo, quedó aislado. Aunque ajena al proceso constituyente, la feroz represión al movimiento obrero perpetrada a comienzos de junio por el Ejército en la oficina salitrera tarapaqueña de La Coruña, fue determinante y marcó los límites que el binomio conformado por el Presidente de la República y su ministro de Guerra Carlos Ibáñez de Campo le fijaron al movimiento de trabajadores. Las posibilidades de acción de este se vieron reducidas al mínimo. A la postre, la fuerza militar inclinó la balanza en el seno de la Comisión Constituyente. A partir del 23 de julio, el Inspector General del Ejército general Navarrete apoyó abiertamente las proposiciones de Alessandri de Constitución presidencialista y plebiscito como fórmula de aprobación. De esta manera, Alessandri consiguió imponer la vía plebiscitaria en vez de la convocatoria a una Asamblea Constituyente que implicaba un verdadero debate constitucional nacional. El proyecto de Constitución impulsado por Alessandri fue aprobado por una minoría de electores. Sobre 302.304 inscritos solo votaron 135.783, de los cuales 127.509, o sea, 42,18% de los inscritos y 93,9% de los votantes aprobaron el proyecto del Presidente de la República.

Constitución de 1980

La dictadura cívico-militar crea la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, más conocida como Comisión Ortúzar (debido a que su presidente era Enrique Ortúzar Escobar) y que sesionó desde el 24 de septiembre de 1974 hasta el 31 de octubre de 1978. Esta comisión estuvo conformada por ocho integrantes, además de Enrique Ortúzar: Sergio Diez Urzúa, Jaime Guzmán Errázuriz, Jorge Ovalle Quiroz, Rafael Eyzaguirre Echeverría, Enrique Evans de la Cuadra, Gustavo Lorca Rojas, Alejandro Silva Bascuñán y Alicia Romo Román, la única mujer.

Posteriormente a la entrega del texto redactado por la Comisión Ortúzar, Augusto Pinochet pide, el 28 de octubre de 1978, al Consejo de Estado comenzar a analizar el texto. De este Consejo de Estado destacan los exPresidentes Jorge Alessandri Rodríguez y Gabriel González Videla, además de otros miembros civiles y militares que fueron rotando. Al final, luego de 57 sesiones de trabajo, el 8 de julio de 1980 el Consejo de Estado entregó su proyecto a la Junta Militar de Gobierno, presidida por Pinochet, la que, no conforme, designa un Grupo de Trabajo encargado de revisar el texto.

Este Grupo de Trabajo fue integrado por el ministro del Interior (Sergio Fernández), la ministra de Justicia (Mónica Madariaga), cuatro auditores militares y algunos invitados ocasionales que realizaron un trabajo que dio lugar a 175 cambios al texto definido por el Consejo de Estado. Esto provocó la irritación de Jorge Alessandri por ver desechadas sus propuestas de relativa liberalización del régimen, renunciando así a su cargo de presidente del Consejo de Estado.

Luego, el texto fue analizado por semanas por algunos juristas (tarea primordial le correspondió a Jaime Guzmán) y la Junta Militar de Gobierno, para ser finalmente aprobado y llevado a plebiscito el 11 de septiembre de 1980, donde se aprobó con el 67% de las preferencias. Esta Constitución fue promulgada el 21 de octubre de 1980.

El plebiscito, eso sí, se llevó a cabo en pleno Estado de Emergencia vigente desde 1973, sin libertad de prensa, con el control de la dictadura de los medios de comunicación, sin padrón electoral, sin revisión internacional, donde los votos nulos contaban para el “SÍ” y las preferencias en las papeletas estaban acompañadas con una estrella en la opción de SÍ y un círculo negro con la opción NO. Estudios posteriores revelaron que en algunas localidades había votado más del 100% de la población, personas que votaron más de una vez y recuentos que no fueron públicos.

Finalmente, y revisitando a Salazar (2015), la participación soberana de la ciudadanía en los procesos de construcción y/o reconstrucción del Estado garantiza la legitimidad del sistema político. La no participación, por el contrario, genera ilegitimidad e inevitables situaciones de inestabilidad institucional. Ninguna de las Constituciones que ha tenido Chile ha sido legítima: ni la de 1833, ni la de 1925, ni la de 1980. La única Constitución Política que fue elaborada y dictada por una Asamblea ciudadana libremente electa y deliberante fue la de 1828, que no duró un año, pues fue derogada por el golpe de Estado organizado por Diego Portales en 1829, mediante un ejército mercenario. Es la razón por la que la oligarquía aristocrática gobernó Chile durante un siglo (1833-1925) por sí misma y para sí misma, sin ciudadanos reales. Entre 1925 y 1973 la clase política civil gobernó el país transformando la soberanía ciudadana en una masa social peticionista, dueña, solo, de un inocuo voto individual (la soberanía no es una voluntad individual, sino colectiva, y necesita, para ser colectiva, deliberar como comunidad  y tomar decisiones en tanto que comunidad).

La soberanía no radica, en consecuencia, ni en la ley escrita ni en la clase política ni en el Estado, sino, exclusiva e inherentemente, en el poder deliberante de la ciudadanía. Desde comienzos del siglo XXI, especialmente desde 2019, la ciudadanía ha estado tomando conciencia de la soberanía que le es inherente. El llamado, por lo tanto, es a aprobar el 4 de septiembre el primer texto constitucional, emanado de la soberanía popular y la deliberación democrática, que puede ponerse en práctica.