La lenta implementación de Ombudsman en Chile

La creación del Defensor del Pueblo ha estado expresamente incluida en todos los programas de Gobierno de la Concertación, pero sólo la administración de Ricardo Lagos envió al Congreso una reforma constitucional al respecto. Esa iniciativa no prosperó y desde 2004 otro proyecto referido al tema duerme en el Congreso, sin que se la haya colocado urgencia legislativa.

Hoy en Chile, las pensiones jubilatorias tardan en salir; en los hospitales se producen errores con los enfermos, y no se reconocen ni reparan; muchas licencias médicas son rechazadas por las Isapres, aunque el enfermo esté temporalmente inhabilitado para trabajar; en variadas situaciones, Carabineros hace un uso indebido de la fuerza, o no cumple con su deber frente a determinadas denuncias; las organizaciones sociales tienen dificultades para llegar a dialogar con la autoridad; muchos sentenciados que ya han cumplido sus condenas siguen encarcelados, simplemente por trabas burocráticas; el acceso a la justicia depende del nivel económico de las personas; poblaciones enteras están prácticamente aisladas, a raíz de la construcción de nuevas vías; en la Región Metropolitana, la mayoría de la gente tiene severos problemas para desplazarse a través del transporte público… ¿Dónde acuden a reclamar las víctimas de todas estas violaciones a los derechos ciudadanos? No existe hasta ahora una instancia que les resuelva efectivamente sus problemas.
Lo cierto es que no contamos con la figura imprescindible del Defensor del Pueblo, presente en la gran mayoría de los países –incluidos Guyana y Trinidad Tobago-, pero no aquí, ni en Uruguay.
Pero, ¿qué es un Defensor del Pueblo? Surgida en Europa, la palabra Ombudsman en su origen significa “representar al otro”. El proyecto en Chile indica que, antes de nombrarlo, hay que crear una Ley Orgánica que reglamente la estructura, los temas adjuntos que tendrá a su cargo, por materias y por regiones. Debe ser propuesto por el Ejecutivo y elegido por los dos tercios del Congreso y después reportar a éste; será inviolable y autónomo de todos los poderes del Estado, de modo de dar cuenta de las violaciones sin temor a ser impugnado por parte de la autoridad. Sus facultades son designar a su equipo; dar cuenta pública al Congreso, con recomendaciones y propuestas; incoar independientemente acciones judiciales; investigar in situ, constituyéndose de pleno derecho y con todas las facilidades por parte de todos los organismos públicos.
Todos los gobiernos democráticos post-dictadura han hecho intentos, enviando al Congreso proyectos para crear esta figura. En la administración de Aylwin , se llamó el Defensor del Pueblo; en la de Frei se envió como el Defensor del Usuario; Lagos envió un tercero en el año 2000. Todos ellos “sin urgencia” y todos se cayeron. Luego, este último mandatario mandó otro en 2003, llamado el Defensor del Ciudadano, y antes, en 2001, creaba la Comisión Defensora Ciudadana (nombre completo: Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas). Su proyecto, después de dormitar durante años en el Parlamento, recién ha entrado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y el tránsito hasta que se convierta en Ley podría ser accidentado, quedando más heridos en el camino.
Heridos como la abogada Marta de la Fuente, quien renunció a su cargo de Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana en febrero pasado, porque no detectó una voluntad política clara por parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno -al cual está adscrita esta entidad-, para impulsar la concreción del proyecto. En marzo fue reemplazada por la asistente social y cientista política Danae Mlynarz –además Concejal de Ñuñoa-, quien venía directamente de la División de Políticas Públicas del gabinete presidencial.

PESE A NO SER AUTÓNOMA…
En la iniciativa de Lagos, la Comisión Defensora se concibió como una instancia transitoria -de dos o tres años, según Marta de la Fuente- “y como una experiencia piloto de lo que debería ser el Defensor del Ciudadano, y en conjunto con esta Comisión se iba a tramitar el proyecto legislativo que le daría vida a esta figura”.
Con Francisco Fernández como Presidente y esta abogada como Secretaria Ejecutiva, a fines de 2001 se da el vamos a la entidad regional (sólo funciona en Santiago). Su objetivo fue y es hacer de puente entre los ciudadanos y los servicios públicos, verificando si estos últimos vulneran, o no, los derechos de las personas, y a partir de ello hacer sugerencias, propuestas y recomendaciones –no vinculantes- directamente a la Presidencia de la República.
La integra un Presidente/a, designado por la Presidenta de la República, y ocho personas más: cuatro de la sociedad civil, designados también por la autoridad (del mundo de los trabajadores, del empresarial, de los consumidores y un representante del Capítulo chileno del Ombudsman), y cuatro representantes de altos cargos públicos: el superintendente de las AFPs, el Director del Sernac, el Director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno y la Encargada del Programa de Modernización del Estado. Pero la Comisión cuenta con un equipo de abogados que gestionan los casos.
En 2006, Michelle Bachelet nombra a Marta de la Fuente Presidenta de la Comisión. Pese a que la entidad no es autónoma del gobierno y cuenta con escasos recursos, desde su inicio sus funcionarios trabajan incesantemente, tanto a partir de denuncias o reclamos directos de los ciudadanos, como realizando exploraciones in situ.
Y son muchas las violaciones a los derechos ciudadanos que detecta en estos cinco años; algunas de ellas se señalan al inicio de este artículo. Pero el balance de sus responsables no es menor: “En el tiempo en que yo estuve –indica de la Fuente-, del 100% de los reclamos ciudadanos que nos llegaron, 60% los resolvimos a través de intermediaciones o requerimientos a los servicios públicos” objetos de reclamo. Recuerda, por ejemplo, el trabajo que hicieron para limpiar los antecedentes penales de muchos ex presos políticos, coordinando esfuerzos con el Servicio de Registro Civil.
El resto de los reclamos que llegaban, señala, eran insuficiencias de gestiones, estructurales o normativas, “y no había posibilidad de resolverlas porque no podíamos accionar judicialmente ni contábamos con la institucionalidad que lo permitiera”.
El balance de la actual Presidenta respecto al anterior periodo también es positivo: “Creo que el trabajo realizado desde el 2001 a la fecha, ha permitido que en el 2003 ingresara un proyecto nuevo al Congreso, el que se trabajó con apoyo de esta Comisión; se estableció un sistema piloto de atención y, pese a no difundir sus acciones, ha venido in crescendo el número de personas que vienen a hacer denuncias y se van contentas con la solución”.

URGE UN DEFENSOR DEL CIUDADANO
Sin embargo, de la Fuente apunta que los elementos más positivos fueron probar “primero, que es posible resolver los problemas ciudadanos cuando hay voluntad de hacerlo, y segundo, que (una instancia de este tipo) es insuficiente y es necesario pasar a un nivel superior”. Advierte que en este país la dignidad de las personas es vulnerada habitualmente por los servicios públicos “básicamente porque la gente tiene una baja cultura del reclamo, a veces conoce sus derechos y a veces no, pero si los conoce no sabe ejercerlos, entonces requiere de una institucionalidad que le permita ejercer esos derechos, reclamar bien, tocar el timbre donde corresponde, saber los plazos que tiene para que le contesten…en ese camino todavía hay mucho que recorrer: lograr que la gente tenga conciencia, promover sus derechos”.
Mlynarz sostiene que la Comisión debe entrar a operar luego que el ciudadano ya ha efectuado su denuncia en la “primera ventanilla”, y “si allí no ha existido respuesta en los tiempos que establece la ley, es admisible que venga acá o establezca su queja por distintas vías y entonces intermediamos con el servicio o superintendencia correspondiente”.
Pero ambas coinciden en que es urgente crear un Defensor del Ciudadano. Esta última, reconociendo que el proceso para resolver los problemas es lento “porque la Comisión no es efectivamente este Defensor (…) y, por lo tanto, no tiene un poder real”, y Marta de la Fuente al percibir que esta entidad “ya no podía seguir ocupando un nicho jurídico institucional porque las demandas ciudadanas eran mayores” y los sobrepasaban.
¿Y qué es lo que impide entonces que Chile tenga, ya, un Defensor del Ciudadano?

SIN URGENCIA
Según las entrevistadas, las cortapisas son variadas. Al hecho de que ninguno de los proyectos se ha enviado “con urgencia” –lo que en general los mata-, se suma que hay ignorancia, desconocimiento y también temor respecto al tema, tanto entre algunos parlamentarios como de parte de la propia administración pública. Que podría reemplazar a otros órganos ya existentes, como la Contraloría, el SERNAC, el Instituto de Derechos Humanos, o la propia Cámara de Diputados, opinan muchos. Por ejemplo, “hoy el trabajo legislativo es muy mediático –señala de la Fuente- y si hay un Defensor que esté colocando los temas en los medios, quizás los parlamentarios sentirán que les va a quitar parte de esta labor mediática, pero en realidad la labor parlamentaria no es denunciar el caso concreto de vulneración sino que fiscalizar los actos de gobierno”.
Y despejan dudas en cuanto a los roles de esta potencial figura respecto a los de otras instituciones Mlynarz piensa que aún “no se entiende que el vacío que llenaría este proyecto hoy día no lo tiene nadie; su existencia no le va a quitar atribuciones a nadie (…), por ejemplo, a las denuncias de aquellos diputados que viven de ellas hay que hacerles seguimiento, y muchas veces ahora quedan en el aire”. En el caso del Instituto de Derechos Humanos, donde efectivamente podrían existir aristas comunes, “hay que revisar ambos cuerpos legales, y afinar”, admite la ex Presidenta de la Comisión. Respecto a las razones de las “no urgencia” y del posible boicot por parte de la ex Ministra Secretaria General de la Presidencia, definen su puntos.
Para Danae Mlynarz, lo primero se debe a que desde el inicio de la democracia había otras prioridades. “Recién en el 2005 se cambiaron elementos claves para el proceso democratizador: los relacionados con las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional, los senadores designados (…), reformas democráticas de primera generación”. Opina que entre optar por un Defensor, aunque sea una institución muy importante, y por destrabar los amarres que teníamos, había que empezar por lo primero, y cree que ahora es el momento de pelear por éste, así como terminar con la exclusión expresada en el sistema binominal.
Marta de la Fuente no focaliza en ningún sector político el que este proyecto haya estado tanto tiempo dormido, “es transversal, pero indudablemente el que tiene la iniciativa legislativa en este país es el Ejecutivo, no es la Alianza (…). Creo que no hay voluntad política de atreverse a generar una instancia autónoma, que escrute, que sea un colaborador crítico para el Estado”.
En cuanto a la ex Ministra Paulina Veloso, Mlynarz sostiene que estaba de acuerdo con la transitoriedad de la Comisión y con la figura del Defensor. “Su idea, a partir del tiempo que había demorado el proyecto en el Congreso y la poca viabilidad política de hacer un cambio constitucional –por el importante quórum que requiere-, era fusionarlo con el que crea el Instituto de Derechos Humanos. Se perdía en autonomía (el Instituto no es autónomo) pero ganaba viabilidad, para que saliera lo antes posible; era una estrategia distinta…”.
De la Fuente es enfática en señalar que un Defensor sin autonomía del gobierno simplemente no sirve para los fines propuestos. “Y cuando la Presidenta Bachelet puso como tema prioritario en su Programa que se le diera urgencia al proyecto, y hasta febrero no había pasado nada, sentí que no había un impulso claro de parte del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para darle cuerpo, para generar un debate y comenzar el trabajo legislativo (…). Cuando uno cree en un proyecto para defender los derechos fundamentales, y ya habíamos pasado cinco años trabajando en eso, pensé que era necesario renunciar porque no me sentía con el respaldo político para poder seguir avanzando”.
Mientras hay expectación sobre lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados, la Comisión, en palabras de Danae Mlynarz, sigue atendiendo casos; trabaja en homologar la información que recibe de las diversas ventanillas, “para ampliar la mirada” respecto a la cantidad de derechos que se vulneran en Chile, y pretenden hacer una encuesta de derechos ciudadanos en relación a los servicios públicos: “una muestra probabilística, por lo menos en Santiago, Concepción y Valparaíso, entre usuarios de servicios que atienden a mayor número de personas”. Quieren hacer dos muestras semestrales este año.
Añade que además seguirá haciendo lobby para ponerle urgencia al proyecto, “tal vez en este mismo gobierno pueda pasar porque es algo que se ha conversado con el actual Ministro; además, la efervescencia y la realidad que hoy estamos viendo deja cada día más en evidencia la necesidad de esta urgencia, por lo menos yo voy a estar de Pepe Grillo en este tema”.
Marta de la Fuente, entre varios proyectos particulares que está echando a andar, señala que es vital la información a todos aquellos que desconocen qué es realmente un Defensor del Ciudadano “y además, en el Parlamento debe abrirse un debate público; se pueden decir muchas cosas, pero el área chica donde se definen las cosas es el Congreso”

Elia Parra