La Ley que redactó SQM propuesta por Sebastián Piñera

En otras palabras, respaldaron un artículo a favor de la propia empresa que propuso la redacción. La función cumplida por el “coronel” UDI no puede ser más evidente, más cuando recibió abundante financiamiento de la sociedad de Julio Ponce y Patricio Contesse. Por tanto, el tema es mucho más grave, no afectando solo a los directamente involucrados en el intercambio de correos. Muestra una vez más por si fuese necesario el carácter del gobierno Piñera. Al mismo tiempo exige plantearse políticamente la actitud frente a SQM, que no puede ser la expresada a agencias caligráficas en el exterior por la ministra de Minería Aurora Williams.

Todo lo escrito sobre los escándalos vinculados al “coronel” de la UDI Pablo Longueira quedaron cortos con los documentos divulgados por Ciper revelando que Patricio Contesse le envió con fecha 5 de agosto en sus intercambios de correspondencia un documento adjunto que “es prácticamente igual al que el gobierno ingresó casi un mes después el 31 de agosto de 2010 a la Cámara de Diputados como el artículo cuarto transitorio del proyecto de ley” (08/03/16). Esta disposición, redactada en las oficinas de SQM, buscó permitir a las empresas mineras nacionales, particularmente a SQM, acceder a la invariabilidad tributaria a la cual antes no se habían acogido por considerar que las barreras para alcanzarla eran muy elevadas. La propuesta de SQM fue que las empresas nacionales tuviesen un plazo de 180 días para efectuar la solicitud de acogerse a esta franquicia. La redacción del gobierno de Piñera fue que se presentase al ministro de Economía en noventa días. SQM Salar y SQM Nitratos, desde luego, se acogieron a la granjería propuesta, quedando con un gravamen de 5% entre 2013 y 2018, acogiéndose a la invariabilidad hasta 2025.

Antes de estos nuevos antecedentes se conocía del copioso financiamiento proporcionado desde SQM, como de otras empresas, a Pablo Longueira. El informe del estudio jurídico norteamericano sobre el transversal financiamiento de pagos políticos efectuados por SQM colocó al exministro de Piñera como el receptor del monto más elevado a través de una veintena de proveedores, dejando claro que la empresa controlada por Julio Ponce Lerou y gestionada por Patricio Contesse lo financiaba. Posteriormente el intercambio de correos entre Contesse y Longueira, dados a conocer por la revista Qué Pasa, dejó en evidencia que el “coronel” UDI le proporcionaba antecedentes de textos antes de que se conociesen públicamente, solicitándole su opinión, cumpliendo la función de informante acucioso, concretamente en el tema del royalty minero y el consenso con la derecha en la reforma tributaria. Ello sumado a los nuevos antecedentes condujo a la Fiscalía Nacional a iniciar una investigación sobre cohecho separada de la arista Soquimich, la cual ya no depende de que el SII se querella o no.

Los textos enviados por Longueira el 10 de agosto incluían redacciones iniciales efectuadas sobre el royalty minero, que probablemente buscando efectuasen un aporte financiero especial a la reconstrucción, redactados por el fiscal del ministerio de Minería, Franco Devillaine, se hablaba de la “posibilidad de extender los efectos de las normas sobre invariabilidad a los proyectos anexos para el caso de las empresas chilenas”. Ello llevó a Contesse a reaccionar y a Longueira gestionar su redacción, que fue de acuerdo a los nuevos antecedentes entregados, acogida plenamente. Recibida la comunicación de SQM el en ese entonces senador Longueira pidió que se modificara el texto del proyecto redactado de acuerdo a la redacción preparada por el fiscal de SQM, Matías Astaburuaga.

Frente a estos nuevos antecedentes, el fiscal a cargo de la “arista SQM”, Pablo Gómez, manifestó que cuando citamos al señor Longueira para que prestase declaración y él se reservó su derecho y guardó silencio, la imputación estaba más bien orientada a delitos tributarios. Sin embargo –agregó-, habiendo recibido ciertos correos electrónicos que demostraban una comunicación entre él y la gerencia de SQM, entendíamos que podría abrirse una arista vinculada a cohecho (…) y, desde entonces, hemos realizado solo diligencias vinculadas a presuntos delitos de cohecho. La Fiscalía –añadió- se ha centrado en indagar todos los antecedentes que permitan sostener el delito o la participación, o bien puedan desestimarlos” (09/03/16).

El senador de RN, Manuel José Ossandón, al opinar de los nuevos correos, llamó a la UDI a reaccionar. “Chile Vamos –declaró – tiene que obligar a la UDI a tomar medidas sobre los implicados (…). Yo la verdad es que estoy aburrido que paguemos las culpas por otros. Tenemos que dar una señal de decencia (…). Esto es realmente una vergüenza”. Consultado sobre las implicaciones para Piñera y su gabinete puntualizó: ”Claramente eso daña a este gobierno porque aquí se presenta una indicación idéntica” (08/03/16). Recalcó además que “existe una tela de impunidad”, la cual frena que se llegue más al fondo de muchos hechos, tendiéndose a sancionar solo a algunos operadores y a determinados políticos cuyas conductas son extraordinariamente evidentes, como debería suceder con Pablo Longueira.

En el mismo sentido sobre la actitud de la UDI se pronunció el presidente de RN, Cristián Monckeberg. “Los partidos –manifestó- no pueden mirar al techo, y nosotros hace un año que fijamos reglas de trasparencia y de responsabilidad política distinta a la vía judicial. De hacernos cargo políticamente de las ilegalidades” (09/03/16). Frente al incremento de la presión sobre la UDI, su presidente, Hernán Larraín, le pidió a la defensa de Longueira “que tenga a bien dar alguna declaración de estos hechos. (…) las imputaciones que se hacen –agregó- son fuertes” (09/03/16).

Finalmente, el exsenador procedió a renunciar a la UDI, siguiendo el mismo camino escogido por Jaime Orpis, gesto calificado por el presidente de la UDI de “notable. Igual valor tiene –agregó- el hecho de que el busque defender su honra que hoy muchos han descalificado de forma absolutamente arbitraria” (10/03/16). En su carta pública, Longueira para defenderse sostuvo que la ley de royalty fue aprobada por unanimidad en el Senado, lo cual dista de ser cierto que desde luego no habla bien de quienes la aprobaron. La Cámara de Diputados contó con 57 votos a favor y 54 en contra. En el Senado fue aprobada por 26 votos positivos, uno en contra del Senador Ruiz Esquide y tres abstenciones de parlamentarios del PPD. El senador Quintana, luego de refutar a Longueira afirmó: “Yo creo que la cocina no parte con Zaldívar, sino que parte el 2010 con este proyecto” (10/03/16).

Los antecedentes divulgados por Ciper muestran que las relaciones eran todavía más profundas y comprometen no solo a Longueira sino al gobierno de Piñera y sus ministros. Textos preparados en la empresa de Julio Ponce se introdujeron en el proyecto de ley de acuerdo a los intereses de la minera no metálica. Por eso, el coronel UDI luego del ingreso del proyecto le informó a Contesse del cumplimiento de la misión. “Pablo –le escribe- en la ley quedó la redacción del asunto de la minera chilena”. De estos hechos debe dar cuenta no únicamente Longueira sino también Piñera –que ha realizado grandes esfuerzos para que no se vaya más lejos en todas las relaciones económicas ilícitas en que aparecen sus empresas y en el análisis crítico de su gobierno- así como sus ministros firmantes de la indicación, el de Hacienda Felipe Larraín, el de Economía -que después fuese reemplazado por el propio Longueira-, Juan Andrés Fontaine, y el de Minería, Laurence Golborne, que más tarde se aventuró a ser precandidato presidencial de la UDI. Ello confirma la dimensión alcanzada por la relación poder económico con el mundo político. De allí los desusados esfuerzos para que este maridaje no siga dejándose al descubierto.

Piñera, se vio obligado a pronunciarse. Lo hizo defendiendo el texto y la modificación, como era de esperarse, del royalty minero. Sobre los intercambios de correos solo dijo que “cuando se tramitan las leyes el gobierno recibe sugerencias de diversos sectores”, sin explicar la razón por qué se envió al Congreso en el artículo transitorio prácticamente la redacción efectuada por SQM, que desde luego le beneficiaba. Centrándose en que se debe esperar las conclusiones de la investigación de la fiscalía, agregando que Longueira en su declaración – que redactase con la asesoría de Andrés Chadwick, que encabeza su fundación Avanza Chile, que trata de ambientar su propósito de ser candidato presidencial –ha sostenido su inocencia, lo cual insistió debe determinarlo la justicia.

“El país tiene el derecho de hacerse la pregunta hoy día –expresó la senadora Isabel Allende- y decir cómo aparecieron en el proyecto de ley del royalty algo que había intercambiado el señor Contesse con el entonces senador Longueira. ¿Qué grado de comunicación e influencia quedó establecida? (…) esa fue la pregunta que no fue contestada (…)” (11/03/16). Más aún cuando Contesse en los correos al “coronel” UDI destacó que “la mueva disposición legal que se pretende aprobar no se aplicará a SQM (…) y borrará con tal exclusión (…) todos los esfuerzos que se han hecho para intentar uniformar los derechos y obligaciones tributarias de las empresas mineras chilenas con las de las empresas mineras extranjeras”.

Sin duda, la responsabilidad principal es de Piñera. El curso seguido por el correo de Contesse fue que Longueira se lo remitió al en ese entonces secretario general de Gobierno, Cristian Larroulet, pero sin darle a conocer sus autores, solicitándole: “mándame por favor, a este mismo correo, el texto que tu redactes si introduces cambios para verlo antes que lo mandes. Un abrazo, Pablo” (12/01/16). Texto que ratifica el activo papel desempeñado por Longueira. A su vez, Larroulet se lo envió al ministro de Minería Laurence Golborne.

Los diputados comunistas junto con los socialistas Juan Luis Castro y Leonardo Soto y de los PPD Cristina Girardi y Loreto Carvajal, al igual como cuando se reveló la forma como se aprobó la Ley de Pesca, dieron a conocer una propuesta de anulación del artículo IV transitorio de la ley de “Royalty”. El diputado Hugo Gutiérrez, al dar a conocer la moción explicó, el porqué de su anulación y no la derogación. “No habría razón alguna para derogar ese artículo, porque se le seguiría otorgando el beneficio de la invariabilidad tributaria a SQM. Eso –agregó- no se puede aceptar” (12/03/16).

Estos hechos vuelven a demostrar que Soquimich por el papel desempeñado, que se trata solo de reducir a acciones de Patricio Contesse, lo cual se cae ante cualquier análisis, requiere una decisión política. No puede aceptarse que Julio Ponce Lerou y quienes lo acompañan venda la estructura de control que tienen de SQM. De allí que resulte inadmisible las declaraciones efectuadas a agencias internacionales para la ministra de Minería, Aurora Williams, que el gobierno no bloqueará cualquier intento de una compañía extranjera de tomar el control de la minera no metálica. “Esas son decisiones –dijo- que deben ser tomadas específicamente por la compañía” (08/13/16). Al contrario, se requiere tener una política país para enfrentar el tema SQM, empresa que por lo demás explota recursos naturales cancelando una bajísima renta por ellos.

HUGO FAZIO