La vida por sobre el lucro: La demanda social ante el Coronavirus que interpela a Piñera y al empresariado

Fijación de precios para productos de primera necesidad, fiscalización ante posibles colusiones de farmacias y supermercados, y el cierre de fronteras y centros comerciales aparecen entre las principales exigencias.

El Coronavirus llegó a nuestro país y es una realidad que -en el contexto que está viviendo Chile- se está abordando por parte de la ciudadanía también desde una lectura política. En ese sentido, ha adquirido fuerza una demanda esencial: que las decisiones sean tomadas en función de la protección de la vida y no del lucro o del eventual riesgo que éstas puedan representar para la rentabilidad del empresariado.

En ese contexto, ha sido duramente criticada una de las primeras “medidas” tomadas por el Ejecutivo a fines de febrero pasado para el examen del llamado Covid 19. El día 27 de ese mes el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que se publicaría en el Diario Oficial el costo del test preventivo del virus, el que valdría hasta 20 mil pesos.

Si bien es cierto, la medida significaba que para el rango de la población en riesgo frente a la enfermedad este no tendría costo por Fonasa, el espíritu lucrativo detrás de esta decisión no fue para nada bien recibido por la población chilena.

En ese mismo ámbito, se han advertido alzas indiscriminadas de precios en distintos ámbitos -en mascarillas, alcohol gel y otros elementos de primera necesidad, por ejemplo- o la posibilidad de una eventual colusión de cadenas de farmacias y supermercados.

De ahí que los diputados de Revolución Democrática (RD) Pablo Vidal, Miguel Crispi y Natalia Castillo hayan decidido presentar un requerimiento ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que fiscalice, investigue y monitoree estas acciones en el gran comercio en el contexto de la expansión del Coronavirus.

En esa misma línea, los senadores Ximena Rincón (DC) y Felipe Harboe (PPD) están emplazando al Gobierno a tomar medidas drásticas contra el Coronavirus, entre ellas una fijación de precios a los productos de primera necesidad en el contexto de la pandemia, exámenes gratuitos en centros médicos privados y el otorgamiento de permiso laboral a los padres para el cuidado de sus hijos.

Por otro lado, en el marco de los anuncios del Gobierno en cuanto a las restricciones que se han establecido para distintos sectores de la sociedad -como suspender clases para estudiantes de la educación secundaria y universitaria-, se ha cuestionado que lugares en donde se produce una aglomeración de gente y que no son de primera necesidad, como los mall, sigan atendiendo público, evidenciando un interés por no afectar su rentabilidad.

Lo mismo ha ocurrido con la tardía decisión del Gobierno de cerrar las fronteras, ante lo que reconocidos médicos, como James Hamilton, han levantado una verdadera campaña para que el Ejecutivo actúe rápido en esa área.

Recién este lunes Sebastián Piñera anunció que se cierran las fronteras, lo que comenzará a aplicarse el miércoles 18 de marzo.

Son demandas ciudadanas que tienen como objetivo que se priorice la vida de las personas antes que la protección del ámbito económico público y privado. Esto, sobre todo ante la postura que ya han expresado públicamente desde el empresariado chileno, como la señalada por el reconocido economista y empresario Paul Fontaine, duramente cuestionado por sostener que es mejor evitar “costos” para el país que un “menor riesgo de contagio”.

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