Se restringe el derecho a la información y la labor de la prensa

“Ley Mordaza”, el nuevo zapato chino del gobierno

Enmarcada en la denominada “agenda corta antidelincuencia”, la indicación impulsada por el gobierno sanciona con cárcel a quienes filtren información de procesos judiciales que se encuentren en proceso. Desde La Moneda tratan de explicar, pero caen en permanentes contradicciones, ya que a las claras es una barrera infranqueble para el ejercicio del periodismo. Todo en un contexto de investigaciones judiciales a políticos involucrados en casos de corrupción.

Por Jose Robredo

06/04/2016

Publicado en

Chile / Política / Portada

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Tras la prácticamente unánime votación en el Senado (29 a favor y 3 abstenciones) el aumento de las sanciones a quienes filtren información de procesos judiciales en desarrollo, abrió un nuevo flanco de conflicto para el Gobierno de Michelle Bachelet.

La cuestionada indicación, que en un principio afectaba incluso a periodistas y que luego fue modificada para encasillarla solo en los funcionarios que filtren la información, fue presentada en la comisión de Constitución y Justicia del Senado por el ministro del Interior, Jorge Burgos, quién en semanas anteriores, justificó la medida señalando que “había una necesidad en la comisión del Senado de que se asegurara el secreto de las investigación en el tiempo en que éstas sean secretas”.

De esta forma se dio el vamos a lo que ha pasado llamarse “Ley Mordaza”, pues si bien no existe castigo al periodista, si se persigue a la fuente de la información, coartando la posibilidad de ejercer libremente el ejercicio del periodismo.

Respecto a las críticas expresadas a la polémica indicación, el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, señaló “Me parece que hay que evitar cualquier efecto que tuviese contra la libertad de información o libertad de prensa, de esa perspectiva creo que es un tema que hay que analizar en detalle (…) no sé si habrá comisión mixta, habrá que verlo, evidentemente que hay momentos del proceso legislativo que están pendientes, pero es un objetivo a cautelar”.

La respuesta del portavoz de La Moneda no deja de ser contradictoria con la posición del jefe de gabinete – Burgos – lo que plantea posibles nuevos roces al interior del equipo político del gobierno. A la vez, generará un choque entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría, ya que el articulado de la “Agenda Corta Antidelincuencia” debe ser vista por la cámara de Diputados donde ya se han alzado en contra de la medida la bancada por la Democratización de las Comunicaciones, integrada por parlamentarios de diferentes sectores de la Nueva Mayoría.

En este sentido la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, señaló que “hemos llamado a rechazar esta indicación tanto a senadores como a diputados porque si bien consideramos que excluye a periodistas de sanciones penales, la verdad es que mantiene una dificultad de acceder a las fuentes y, además, evaluamos que puede generar una cultura del amedrentamiento porque aquí quienes tengan información e los casos de corrupción que ya conocemos no se atrevan a entregarla justamente porque pueden ir a la cárcel”.

En este sentido el senador y periodista Alejandro Guillier señaló, en entrevista a radio Bio Bio, que “Cuando tú generas normas nuevas que amplía el radio de personas que están impedidas de difundir información en caso que un fiscal decrete secreto, incluso personas que no están en las leyes actuales y además le agregas el ítem pena de cárcel, tú estás ejerciendo un efecto inhibitorio en la disposición de entregar información”.

Ante esto el vocero Díaz, atrapado por las cirscunstancias, señaló que “El derecho de los ciudadanos a estar informados es esencial, forma parte del capítulo de los derechos humanos y de esa perspectiva cualquier legislación  que evacué el congreso no ponga en riesgo derechos esenciales. Hay que buscar los equilibrios para que ningún derecho sea vea afectado”.

Seguirá el debate legislativo, con el gobierno atrapado en la necesidad de mantener el orden del conglomerado de partidos que lo sustenta, tener una legislación eficiente en materia de seguridad ciudadana y el no pasar por arriba de derechos fundamentales de la ciudadanía.

¿Podrá lograrlo? La respuesta está en la nebulosa.

 

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