El proyecto de indulto general presentado por el Partido Nacional Libertario y respaldado por Republicanos ha generado una fuerte rechazo en las filas de la opositor, que califica la iniciativa como un intento de garantizar impunidad para quienes fueron condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.
La propuesta legislativa, que busca beneficiar a personal policial y militar sentenciado por delitos cometidos en el contexto de la revuelta social, fue presentada en medio de las evaluaciones que realiza el Ministerio de Justicia sobre eventuales indultos particulares comprometidos por el Presidente José Antonio Kast.
El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, planteó que la iniciativa «le quita presión» al mandatario de ultraderecha, ya que aunque recordó que «existe el compromiso del Presidente de la República de hacerse cargo individualmente de los indultos respecto de personal policial y uniformado durante el 18-10″ y hasta el momento «no han hecho nada»,. Kast no estaría forzado a tomar una decisión, la cual podría recaer tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El timonel del PNL enfatizó que el proyecto pretende enviar «una señal institucional» a los uniformados condenados, manifestando que «la institucionalidad chilena le dice ‘a usted, carabinero de la patria, soldado de la patria, nosotros lo vamos a dejar irse a su casa y vamos a cerrar este capítulo para ustedes'»
Sin embargo, las declaraciones de Kaiser encontraron un inmediato rechazo desde diversos sectores de la oposición, que calificaron la propuesta como un atentado contra los avances en materia de derechos humanos en el país. La diputada del Frente Amplio y exsubsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, fue categórica al afirmar que «el indulto no cabe» en casos de violaciones a los derechos humanos, señalando que no procede ninguna medida que extinga la pena o la responsabilidad penal en estos hechos.
«Lo que quieren es impunidad»
La diputada del Partido Comunista y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, fue aún más dura en sus declaraciones al afirmar que los impulsores del proyecto « lo que quieren es impunidad»
.Pizarro sostuvo que existe un convencimiento en esos sectores de que «la violación de derechos humanos es necesaria», lo que motivaría la búsqueda de indultos generalizados. La parlamentaria fue enfática al calificar a los condenados como «delincuentes por violación de derechos humanos» durante el estallido social, rechazando cualquier intento de equiparar sus acciones con el legítimo desempeño de funciones.
En el Senado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Fabiola Campillai, agregó un elemento crucial al debate al señalar que el proyecto «contraviene los tratados y acuerdos internacionales» que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos. La senadora, que durante la revuelta fue impactada por una bomba lacrimógena lanzada por un efectivo de Carabineros mientras se dirigía a su trabajo, lo que la dejó ciega, con pérdida de olfato y gusto, manifestó su preocupación por lo que considera un desconocimiento básico de las obligaciones internacionales del Estado chileno por parte de algunos parlamentarios.
«Entre nuestros pares los votos no van a estar para ese proyecto», aseveró en declaraciones recogidas por Diario U. de Chile.
Alerta desde organismos internacionales
La organización Amnistía Internacional Chile también se pronunció sobre la propuesta, calificándola como «grave». Su director ejecutivo, Rodrigo Bustos, recordó que el personal condenado o investigado no lo está por cumplir con su deber, sino por «haber realizado graves violaciones a los derechos humanos» que implicaron investigaciones exhaustivas y sentencias condenatorias de los tribunales de justicia. Bustos enfatizó que «los policías y agentes del Estado no están eximidos de cumplir con la ley», especialmente en lo que respecta al uso de la fuerza.
La organización lanzó la campaña; «Chile: No al indulto para excarabineros y exmilitares condenados», buscando reunir firmas para solicitar a Kast que descarte la entrega de indultos a uniformados condenados.
En una carta dirigida al mandatario, advirtió que «la impunidad continúa» más de seis años después del estallido social, señalando que pocos casos llegan a juicio y aún menos a declaraciones de culpabilidad. La organización alertó que indultar al reducido número de agentes que han rendido cuentas «afianzaría aún más la impunidad» y socavaría los esfuerzos por reformar Carabineros para aumentar su legalidad y rendición de cuentas.
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