Lo que viene en el proceso judicial iniciado contra Rosauro Martínez

Ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia ahora debe continuar con la investigación, cerrar el sumario y dictar sentencia condenatoria o absolutoria.
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El escenario judicial que se abre con el sometimiento a proceso del desaforado diputado chillanejo  Rosauro Martínez Labbé (RN) se avecinaría extenso. Al menos así lo anticipa la defensa del capitán (R) de Ejército, que no se mostró para nada sorprendida con la decisión adoptada por la magistrada de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Emma Díaz. Tampoco con la detención del parlamentario. Era lo que correspondía según lo que establece el sistema antiguo de justicia.
Fuentes cercanas al ex miembro de las FF.AA. afirman que dentro de las diligencias que solicitarán para demostrar su inocencia en los tres homicidios calificados que se le imputan, destaca una reconstitución de escena en el mismo lugar donde hace casi 33 años Martínez comandó una fuerza militar que “se enfrentó” a los tres miristas que fueron abatidos. La zona geográfica cordillerana donde ocurrieron los hechos permanece inalterable, en Remeco Alto, Los Ríos.
Con ello, se intentará demostrar que hubo un enfrentamiento armado, que en ningún caso se trató de una ejecución y que además los extremistas, internados ilegalmente en el país, fueron conminados a rendirse, pero optaron por abrir fuego contra los comandos militares. La parte acusatoria replica que las condiciones físicas en las que se encontraban los miristas, no les permitía asumir una ofensiva contra los efectivos del Ejército. Además, alegan que existió una “evidente” disparidad númerica y de poder de fuego.
Díaz tiene a su haber un sumario en curso, y todo indica que acogerá los peritajes que le sean solicitados por las partes, en este caso, mayoritariamente por la defensa, que también pedirá volver a interrogar a algunos de los ex conscriptos que estuvieron bajo el mando de “Mosquetón”. Así apodaban a Martínez.
Lo extenso del proceso judicial radica en que si Díaz cierra el sumario y dicta una sentencia, ésta es apelable al Tribunal de Alzada valdiviano y luego ante la Corte Suprema.
Asimismo, se presume que la jueza Díaz tampoco cerrará el sumario dentro de poco. La jurisprudencia en casos de DD.HH. así lo indica.
No obstante, Boris Paredes, uno de los abogados querellantes, sostiene que el caso Remeco Alto, puede ser la excepción.
“Ahora continúa la investigación. Si la magistrada estima que esta indagatoria está en gran parte ya realizada, puede cerrar el sumario y después acusar. En este caso en particular, la investigación está muy avanzada, los antecedentes están casi todos. Por eso nosotros hemos sido tan enfáticos en señalar que hay antecedentes suficientes para condenar a Martínez”, sostiene Paredes, quien también fue parte del equipo jurídico que pidió el desafuero del general Augusto Pinochet.
Ese es el único caso previo en que un parlamentario es sometido a proceso por causas de DD.HH., pero Pinochet era senador vitalicio y también gozaba de un fuero como ex Presidente. Con ello, Martínez, en la práctica, es el primer congresista elegido popularmente en ser encausado por delitos cometidos durante el régimen militar.
Si bien la pérdida del fuero parlamentario no le quitó su condición de diputado, sí dejó a la oposición con un voto menos en la Cámara Baja, al quedar inhabilitado para asistir a las sesiones en Valparaíso. La consecuencia electoral es ineludible. El 19 de noviembre de 2017 se realizarán los comicios presidenciales y parlamentarios.
Por más que en RN afirmen que esperarán el resultado final del proceso judicial, los plazos comienzan a acotarse y a la hora de definir al candidato por el distrito 41, Martínez probablemente, a pesar de la alta votación que ha obtenido en las elecciones pasadas, ya no podría seguir siendo la principal carta. La duración del proceso juega en su contra.


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