Los años en que la elite política sí creía en la asamblea constituyente

 Gabriel Valdés, Ricardo Lagos, Patricio Aylwin,  Eduardo Frei Montalva, Enrique Silva Cimma y Ricardo Núñez, entre otros, adhirieron firmemente a la idea que hoy mueve el piso de la institucionalidad de Pinochet. 

Para donde uno mire hoy es posible encontrar ideólogos de la asamblea constituyente.  Están quienes la plantearon previo al movimiento estudiantil.  También los que dicen impulsarla desde principios del 2000, con lanzamiento y recolección de firmas incluidas.  Y los que alegan que fue su idea desde inicios de la recuperación democrática.  Hoy por hoy, la asamblea constituyente tiene un serio problema de paternidad.

Al frente están quienes reniegan de este recién nacido que ya gatea por sus propios medios.  Para otros, la demanda sería una copia de los así llamados “procesos bolivarianos” que legítimamente han llevado adelante Bolivia, Ecuador y Venezuela durante la última década, obviando interesadamente los de Colombia, Brasil, España y, más cerca aún, Islandia.

Lo cierto es que si se revisa la historia mundial (válidos son aún los principios de la Francia de 1789) y la de nuestro país, se constata que la idea no es una originalidad nacida de la febril mentalidad de lo que un economista chileno llamó “neoconstitucionalismo populista”.

La Comisión Ortúzar

Para los chilenos no es inédito eso de los procesos constituyentes democráticos.  Aunque es posible encontrar ejemplos de hace 100 años, la idea quedó plasmada en las propias actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile (o Comisión Ortúzar, por su presidente Enrique Ortúzar) creada por Pinochet a días del Golpe con el fin de elaborar un anteproyecto para reemplazar a la Carta Fundamental de 1925.

En un viaje que algunos miembros de la comisión hicieron en diciembre de 1973 a Europa con el fin de explicar “las circunstancias que condujeron al movimiento del 11 de septiembre de 1973 y la orientación que inspira la actual dirección del país”[1], intelectuales del viejo continente plantearon sus aprensiones por la génesis de un nuevo marco institucional.  En su informe sobre la gira, Sergio Díez relató que “la inquietud fundamental de estos círculos académicos reside en que la redacción de la Carta Política no se haya entregado a una asamblea constituyente que la promulgara…  En Alemania, existe también, la misma preocupación por la generación de la Carta Fundamental”[2].

En un informe dirigido a la comisión en marzo de 1974 el profesor de derecho constitucional Francisco Cumplido reforzó este principio, señalando que el poder constituyente reside en el pueblo y que “la legitimidad de la autoridad debe descansar, en consecuencia, en el consenso del pueblo democráticamente expresado, por medio de un referéndum o eligiendo una asamblea constituyente”[3].

Dos años más tarde volvió sobre este concepto el jurista Enrique Evans, quien en 1976 afirmó sobre las instituciones -a las que se estaba dando génesis en la comisión- que “deben probarse para que después el pueblo o una asamblea constituyente [acota que prefiere esta segunda fórmula], les dé forma definitiva en un texto constitucional orgánico que rija el futuro estado de derecho de este país”[4].  Algo similar señaló en 1978 el ex ministro de Defensa de Eduardo Frei Montalva y posterior embajador de Pinochet en España, Juan de Dios Carmona: “La asamblea constituyente —que permitirá un debate sobre los grandes problemas y sobre la nueva institucionalidad—, indudablemente, encauzará, mediante ese debate político, las aspiraciones ciudadanas”.[5]

Los resultados de este trabajo son conocidos.  El 11 de septiembre de 1980, mediante plebiscito, se “validó” la nueva Constitución, en un proceso no sólo ilegítimo –sin registros electorales, nulos espacios en los medios para los opositores y en una papeleta donde al SÍ lo adornaba una estrella mientras al NO un círculo negro[6]– sino además fraudulento.  Así lo reconoció el ex funcionario de la DINA Jorgelino Vergara en “La danza de los cuervos”.   “Estábamos acuartelados (…) Nos ordenaron que debíamos acudir a diversos municipios de Santiago para votar por el Sí a la Constitución[7]. Se calculan en unos 3 mil los agentes de la CNI mandatados por el régimen para sufragar en repetidas ocasiones.

Una oposición por la asamblea constituyente

Uno de los primeros esfuerzos colectivos para proponer una alternativa a la Constitución fraguada por los militares fue la conformación, en 1978, del Grupo de Estudios Constitucionales (“Grupo de los 24”), integrado, entre otros, por su presidente Manuel Sanhueza, Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger, Carlos Briones, Jorge Correa Sutil, Francisco Cumplido, Armando Jaramillo, Jorge Mario Quinzio, Alejandro Silva Bascuñán, Enrique Silva Cimma y Hernán Vodanovic.  En un informe de 1979 concluyó que la nueva Carta Fundamental debía gestarse bajo determinadas condiciones: en un régimen con plena vigencia del derecho y las libertades públicas; mediante una asamblea constituyente y un posterior plebiscito aprobatorio; y con un sistema electoral válido[8].

Esta idea fue reiterada por el ex Presidente Eduardo Frei Montalva en el teatro Caupolicán durante su histórico discurso del 27 de agosto de 1980 con motivo del referéndum constitucional convocado por el régimen.  “Constituido este gobierno de transición (cívico-militar) se elija por votación popular una asamblea constituyente u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, como fue en 1925, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de Constitución. Este proyecto se someterá a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías, y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión”[9].

En octubre de 1980 volvieron sobre la propuesta los socialistas exiliados en América Latina y Europa reunidos en Caracas en búsqueda de la unión de la oposición.  Bajo la presidencia del líder histórico del socialismo, Aniceto Rodríguez, se llega a la conclusión que la unidad opositora permitiría plantear al pueblo chileno “un proyecto viable de recambio del régimen actual por un nuevo gobierno ligado a las mayorías nacionales y que haga factible una asamblea constituyente del pueblo que proponga las nuevas estructuras institucionales”[10].

Estos principios fueron recogidos por la Alianza Democrática (AD) –precursora de la Concertación de 1988- e integrada por representantes de diversas corrientes de pensamiento político de oposición (los partidos no tenían existencia legal en esa época): la derecha republicana, socialdemócratas, radicales, socialistas, democratacristianos.  En el punto 11 de su manifiesto fundacional –difundido en marzo de 1983- propuso que luego de alcanzarse el pleno Estado de Derecho “se crearían las condiciones necesarias para el más pronto funcionamiento de las instituciones democráticas, particularmente mediante la convocatoria a una asamblea constituyente integrada por las distintas corrientes de opinión y la adopción de un sistema electoral que garantice la libre, informada y auténtica expresión de la voluntad ciudadana”.[11]  Firmaron el documento Patricio Aylwin, Hugo Zepeda, Enrique Silva Cimma, Julio Subercaseaux, Fernando Luengo, Luis Bossay, Ramón Silva Ulloa, Dubenildo Jaque, Hernán Vodanovic, Gabriel Valdés y Julio Stuardo.  Uno de los voceros de la AD fue Ricardo Lagos.  Este planteamiento fue refrendado meses después en el documento “Bases democráticas para un gran acuerdo nacional”[12].

Al año siguiente, en febrero, la dictadura difundió una propuesta de ley de partidos políticos. Fue tal el debate generado por el anteproyecto gubernamental que el diario El Mercurio publicó un cuadro con la postura de las colectividades de la época sobre diversas materias institucionales.  En este análisis es posible distinguir a gran parte de la oposición plegada a la idea de la asamblea constituyente; la Derecha Republicana, el PDC, el Partido Radical, el Partido Social Demócrata, el PS (los adscritos tanto a la AD como al Movimiento Democrático Popular), el Partido Comunista y el Movimiento de  Izquierda Revolucionaria.[13]

Por esto, en la hora presente, llama la atención la postura dubitativa de algunos líderes de esa época.  Ejemplos son los dos Ricardos; Núñez[14] y Lagos[15].  Porque en los 80 no tenían dudas.  “Cuando nuestro pueblo sea convocado a establecer una asamblea constituyente, se dará otra Constitución, una que efectivamente refleje el alma nacional”[16] señaló en 1986 a La Tercera el ex senador socialista.  Y La Segunda consignó en 1987 que quien una década después llegaría a La Moneda sólo validaba la proscripción de partidos políticos por motivos ideológicos si esto era resuelto “por una asamblea constituyente”[17].

En definitiva, el propósito de liberar a Chile del nudo institucional impuesto, mediante un proceso completamente participativo no es nuevo.  Ya en los 70 y 80 parte importante de los líderes de la oposición lo consideraron la vía fundamental para dotar al país de su propia Constitución.  Algo que no ocurrió con las reformas de 1989 y 2005 -las principales-, que no solucionaron un ápice el problema de legitimidad originaria ni el profundo sentido neoliberal (subsidiariedad del Estado, le llaman) de nuestra Carta Fundamental.

¿Qué ocurrió en el camino? Otros tienen las respuestas.

Pero el debate se ha reabierto. Es esperable que ésta sea la oportunidad para que quienes cambiaron de opinión en estos años, ésa que permitió a Chile salir de la oscura noche de la dictadura y a ellos llegar al poder, acepten una vez más que la mayoría ciudadana tiene el irrenunciable derecho a definir su destino y el de su generación.

Por Patricio Segura Ortiz

Publicado originalmente en Le Monde Diplomatique-Chile, junio de 2013

[1] Actas Comisión Ortúzar, 7 de enero de 1974. Informe de Alejandro Silva Bascuñán. Tomo I, p. 269.  Ver en http://bit.ly/COrtuzarT1

[2] Actas Comisión Ortúzar, 7 de marzo de 1974.  Tomo I, p. 287.  Ver en http://bit.ly/COrtuzarT1

[3] Actas Comisión Ortúzar, 19 de marzo de 1974. Memorándum de Francisco Cumplido. Tomo I, p. 397.  Ver en http://bit.ly/COrtuzarT1

[4] Actas Comisión Ortúzar, 23 de septiembre de 1976. Tomo VIII, p. 48.  Ver en http://bit.ly/COrtuzarT8

[5] Actas Comisión Ortúzar, 14 de marzo de 1978. Tomo X, p. 416.  Ver en http://bit.ly/COrtuzarT10

[6] Voto Plebiscito 1980. “Historia de Chile, parte IV”, profesor Luis Quitral Silva. Biblioteca Digital Fundación DUOC.  Ver en http://bit.ly/VotoPlebiscito1980

[7] “Ex DINA reveló fraude en plebiscito para validar la Constitución de 1980”.  Radio Cooperativa, 11 de junio de 2012.  Ver en http://bit.ly/15W8vC4

[8] “Bases Fundamentales de la Reforma Constitucional”. Informe “Grupo de los 24”, octubre de 1979.  Ver en http://bit.ly/InformeG24

[9] Discurso Eduardo Frei Montalva.  Teatro Caupolicán 27 de agosto de 1980: “Acto de los Chilenos Libres”.  Ver en http://bit.ly/FreiMontalvaCaupolican1980

[10] “Acuerdo de socialistas”.  El Mercurio, 27 de octubre de 1980. Ver en http://bit.ly/ElMer1980

[11] “Manifiesto Democrático” de la Alianza Democrática. 14 de marzo de 1983.  Ver en http://bit.ly/ManifiestoAD

[12] “Bases del diálogo para un gran acuerdo nacional”. En www.socialismo-chileno.org  Ver en http://bit.ly/BasesDialogoAD

[13] “Acuerdos y diferencias de los partidos políticos”. El Mercurio, 22 de abril de 1984.  Ver en http://bit.ly/ElMer1984

[14] “Ex presidente del PS: ‘Michelle Bachelet debe pronunciarse sobre los temas que le importan a Chile’”.  Radio Universidad de Chile, 21 de marzo de 2013.  Ver en http://bit.ly/RadioUChNunez

[15] “Ricardo Lagos se refiere a asamblea constituyente”.  El Mercurio, 18 de enero de 2013.  Ver en http://bit.ly/ElMer2013

[16]   “Si el general Pinochet gana el plebiscito seremos los primeros en reconocer el triunfo”.  La Tercera, 5 de octubre de 1986.  Ver en http://bit.ly/La3ra1986

[17] “Ricardo Lagos, un socialista duro, enfrentado a ‘las’ preguntas sobre la UP, sobre Allende, sobre sus caminos y cómo ve los programas de la transición”.  La Segunda, 27 de noviembre de 1987.  Ver en http://bit.ly/La2da1987