Mariano Fernández Valle, profesor Derecho Constitucional“Chile tiene una democracia más representativa que participativa”

– Tal situación es positiva al romper con la idea de que el juez tiene que hacer justicia sólo en su despacho y con sus libros, ajeno al mundo que lo rodea. Soy imparcial si no me involucro, dice esa máxima. La televisación obliga a los jueces con la ciudadanía, al ser observados por ella. Por favor, si las sentencias de los jueces ni siquiera se entienden. Eso vulnera cualquier principio de legalidad, yo necesito saber cuáles son los derechos, cuáles son las leyes y porqué los jueces razonan como razonan. Hoy los jueces deben acercarse un poco más a la comunidad y abandonar la idea de que sólo hablan a través de sus sentencias. Claro que también la responsabilidad compete a los medios de comunicación, que en vez de forzar este acercamiento lo dificultan a partir de una inadecuada transmisión de la labor judicial.

Pero la televisación también ha provocado juicios gratuitos y tergiversadores de opinión pública, como lo dicho hace unas semanas en un noticiario nocturno por un Senador, quien señalaba que fueron muchos los procesos judiciales que terminaron en libertad de los acusados por errores policiales en los procedimientos y que esos acusados bien podrían ser más delincuentes en las calles.

– No he escuchado los dichos del Senador, así que mal podría opinar sobre ellos. No obstante, ese es un discurso común y generalizado. Creo que mucha gente no tiene muy claro que significa el garantismo, más allá de que luego enfáticamente lo combata. Y los medios de comunicación tienen una importante responsabilidad cívica en esto. Tienen que criticar, pero también tienen que explicar. Si los principios liberales y garantistas fueran bien explicados a la opinión pública, probablemente ésta los abrazaría. Todos deberíamos festejar que el Estado o la policía no tengan permitido hacer una serie de cosas. Si se aceptaran mayores niveles de intervención penal o policial, las consecuencias serían mucho peores a las garantías de hoy (que, obviamente, nada tienen de perfectas). Después de años de dictadura deberíamos tenerlo claro. Muchas personas creen que “a ellas nunca les va a tocar”, que el Estado nunca caerá sobre sus cabezas. A ellas les diría dos cosas: una es que efectivamente “sí les va a tocar”, aunque aparentemente siempre les toque a los mismos, y otra es que “aún si no les toca, no es correcto que a otros injustamente les toque”. Entonces, este discurso alentado por muchos sectores me parece desafortunado y para la galería. Si yo fuera acusado injustamente por el Estado, querría la mayor de las protecciones, querría toda posibilidad de demostrar que no hice nada y querría que el Estado esté obligado a probar sin margen de duda mi culpabilidad. Usted querría lo mismo y la vecina de enfrente también. Entonces, todos somos garantistas, lo que pasa es que muchos no ejercen.

LEY DE DROGAS

Es curioso pero, por ejemplo, en términos de intervención penal las leyes de drogas suelen tener a las víctimas como victimarios.

– Es que se hicieron a partir de tesis de peligro abstracto, esta idea de estar castigando por un bien que eventualmente puede estar en peligro, pero que no está actualmente en peligro o no se sabe si realmente está en peligro. Es contra-intuitivo tener una herramienta del derecho penal para combatir riesgos que cuesta definir con precisión, como por ejemplo la “salud pública” en el caso de las drogas.

Ocurre que hay una ficción social instalada, ya no es una sustancia con determinados efectos sobre el ánimo, es “la droga”. Hay un tabú operando.

– Siempre depende del argumento que el Estado utilice para castigar un delito. Si yo castigo a alguien porque tiene drogas para consumo personal sobre la base de que se está “degradando como persona”, bien podrían decirme que es pésimo argumento. Al Estado no le debiera interesar en lo más mínimo lo que cada persona define como plan de vida, no tiene que meterse para definir lo que es una “vida virtuosa”. El Estado no sabe que es la virtud para cada uno de nosotros.

Por otro lado, si el Estado castiga para “cuidarme”, también es complicado. Esta idea paternalista, que pretende protegernos de nuestras malas decisiones, es sumamente cuestionable. ¿Cómo el Estado sabe lo que es mejor para mí? A un Estado que me castiga para cuidarme yo le diría: “le agradezco mucho, pero mejor me cuido solo”. No sé. Por otro lado se argumenta que se penaliza este tipo de conductas porque son un peligro para terceros, siendo común el argumento de que la gente se droga para salir a robar. O que aquellas personas que se drogan pueden ocasionar daños que no ocasionarían de otra forma. La pregunta es si ese daño a terceros existe realmente. Y yo creo que no puede establecerse en “abstracto”. La pregunta que debieran hacerse los jueces es si hay alguien en peligro concreto, porque es ese el estándar a utilizar. De lo contrario, esta acción queda en la esfera privada de uno. Sólo cuando hay un daño real, medular y concreto a terceros, la acción pasa a la esfera pública y el Estado puede intervenir sobre ella, desalentando e incluso castigando.

Chile tiene el porcentaje de consumo de cáñamo más alto de Latinoamérica superando el 7% de la población. ¿No es peligrosa la existencia de una ley que penalice las conductas de casi uno de cada diez chilenos?