Navarro exige aclarar orígenes de la movilización de trabajadores de la industria pesquera

El senador del MAS, Alejandro Navarro, indicó que “el acuerdo que la senadora y presidenta de la Comisión de Pesca del Senado, Jaqueline Van Rysselberghe, dice que tuvo problemas administrativos, no es sino, el compromiso y acuerdo entre el ex ministro de Economía Pablo Longüeira, superior jerárquico del subsecretario de pesca, y los jibieros industriales de todo Chile».

 Así continuó “en ese acuerdo, se fraccionó la cuota de la jibia, en un 80% artesanal y 20% industrial. La senadora Van Rysselberghe peca de ignorancia y desinformación, por cuanto, no es un problema administrativo que allá puesto la Contraloría”.

 El legislador del MAS resaltó “quiero afirmar responsablemente, que la senadora, presidenta de la Comisión de Pesca, no puede desconocer e ignorar, que el procedimiento de fraccionamiento de la cuota de los recursos pesqueros tiene que ser autorizado por el Consejo Nacional de Pesca. Así lo establece su propia ley, de otro modo, eso pasa de ser un documento sin valor alguno”.

 El parlamentario, a su ves, acusó al ex ministro Longueira de saltarse la aprobación del Consejo Nacional de Pesca para el fraccionamiento de la couta pesquera «el ministro se saltó la institucionalidad que el mismo fijó en su propia ley. Por tanto, es el Consejo Nacional de Pesca,  que está compuesto por 24 miembros: 5 de ellos del sector industrial, 7 representantes de los trabajadores, 5 de la pesca artesanal y 7 designados por el gobierno, el que define la cuota».

El parlamentario recalcó “en definitiva, el acuerdo 80-20 de Longueira,  es un acuerdo que para ser ratificado, requiere de un quórum especial, que es de dos tercios del Concejo Nacional de Pesca, es decir, 16 votos. Por tanto, el gobierno y los artesanales poseen tan solo 12 votos, votación insuficiente para poder aprobar cualquier decisión que no cuente con el acuerdo de la industria”.

 La grave manipulación de la ASIPES y de la senadora Van Rysselberghe hacia el mundo industrial.

En este sentido el parlamentario añadió “por lo tanto, aqui se entregó una información completamente falsa. Aquí lo que ha ocurrido, es que se ha desinformado a los trabajadores industriales, cuando se les señala que el acuerdo 80–20 va a perjudicarlos”.

 “Primero, es falso porque es un acuerdo que viene del gobierno anterior, en el cual estuvieron en concordancia el ministro de economía, la subsecretaria de pesca, los jibieros artesanales y la propia ASIPES».

 «Es exactamente el mismo acuerdo que hoy día la subsecretaria de pesca en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet está intentando se respete, pero esta vez con el cumplimiento acabado de la propia ley”, afirmó Navarro.

 En ese sentido el presidente del MAS señaló “esto sólo se explica en que la ASIPES en complicidad con senadora Van Rysselberghe, haya generado tal nivel de desinformación y desesperación, tanto a tripulantes, como a trabajadores de planta con el objeto de generar una crisis al gobierno, absolutamente innecesaria. Esta desinformación fue la que llevó a  que dirigentes como Juana Silva piensen que se va a cerrar la planta o que les están quitando el pan de la boca, en circunstancia que eso es absolutamente falso”.

A juicio del congresista “esto revela que los trabajadores han sido desinformados intencionadamente. Porque en ningún caso, sin el acuerdo de la industria puede haber fraccionamiento de cuota, y por cierto cabe recordar que el 80- 20, el 80% de la pesca artesanal de la jibia va a la planta de los industriales”.

“Los jibieros artesanales no tienen otro comprador que no sean las plantas industriales, por lo tanto, la dirigente Juana Silva y los trabajadores del mundo industrial deben estar tranquilos, ya que, por el contrario a lo que dijo la senadoraVan Rysselberghe, la pesca de la jibia de los artesanales posibilita la permanencia y sobrevivencia de las plantas, ya que estas son las que facilitan su tratamiento para consumo humano”.

En esa misma línea el parlamentario argumentó que “es así como en noviembre de 2011, presente un proyecto de acuerdo donde solicite al Ejecutivo  que la pesca de la jibia fuera 100% artesanal, a objeto de darle sustentabilidad, tanto al mundo industrial como artesal”.

Responsabilidad política de JVR y la ASIPES

 Navarro acotó “es por eso, de que quiero señalar, que aquí hay una responsabilidad política y penal, que debe ser incluso investigada criminalmente, respecto de la acción oculta de la ASIPES y la versión publica de la senadora Van Rysselberghe, porque han sido estas acciones, las que detonaron una movilización de los trabajadores, que yo puedo comprender, dada la angustia que han sentido al ser desinformados”.

 En esa misma línea continuó “pero hay que aclarar: nada de lo que se les informo es verdadero. Aquí se instrumentalizó a los trabajadores, se sacó a las trabajadoras de planta y a los tripulantes a la calle, bajo preceptos de los cuales estaba en pleno conocimiento la ASIPES, el gobierno y la propia senadora y presidenta de la  Comisión de Pesca del Senado Jaqueline Van Rysselberghe”.

El congresista prosiguió indicando “quiero señalar, de que el gobierno de la presidenta Bachelet y el subsecretario de pesca Raúl Súnico, no ha  hecho sino respaldar el acuerdo tomado por Longüeira de 80–20, teniendo presente que el 80% de la pesca artesanal van todas a las plantas industriales.

Así mismo agregó “y de que es la única forma de que el recurso sea tratado para consumo humano, es que sea llevado a planta a través de  un arte de pesca que cuide el recurso, cosa que no ocurre con la pesca de arrastre, que genera condiciones que hace que el recurso de jibia solo quede disponible para harina de pescado”.

“Por lo tanto, hay una contradicción extremadamente grave, las declaraciones de la dirigente Juana Silva revelan una profunda manipulación de parte de la industria y de la propia senadora Van Rysselberghe”.

Además el parlamentario aclaró “ni el subsecretario, ni el intendente, ni el propio ministro de economía,  tienen la facultad del fraccionamiento de la cuota. La ley de pesca es extraordinariamente clara en señalar de que el fraccionamiento de la cuota, si y sólo si, debe ser definido por la aprobación del Consejo  Nacional de Pesca.

Continuó “Y como ya hemos señalado, la industria al ser mayoría en este consejo tiene capacidad absoluta de veto, por lo tanto, nunca ha existido  ni la más remota posibilidad de que la industria sea marginada, ni de que las plantas puedan cerrar, por el contrario, las plantas aseguran su abastecimiento para el consumo humano a través de una pesca de origen artesanal”.

Intendente Rodrigo Díaz debe aclarar su rol ante las declaraciones del dirigente Jaime Saldías.

 Sobre este punto el parlamentario manifestó “dado los hechos ocurridos el día de ayer, en que tres personas fallecieron, ya que tal como consigna un medio local ‘Ni siquiera los equipos de emergencia pudieron desplazarse a un accidente ocurrido camino a Santa Juana, donde murieron 3 personas debido a la gran congestión vehicular’, es que hemos solicitado al Servicio Médico Legal, al Servicio Salud Concepción, al Hospital Regional y al Seremi de Salud, un completo informe del trágico accidente ocurrido en la Ruta a Santa Juana, que costó la vida de tres personas”.

A juicio del legislador “se debe establecer fehacientemente si el accidente se produjo producto de la movilización y si la atención médica estuvo obstaculizada”.

Es por eso que solicito “a modo aleccionador, aclarar si esta movilización impidió la llegada oportuna de la asistencia médica, porque como lo he dicho siempre, yo respaldo las movilizaciones, he participado, pero esto no puede estar el derecho a rebelión, por sobre el respeto a la vida de las personas”.

“Espero que eso no haya sido así, y lamento profundamente lo ocurrido, solidarizando con la familia de los fallecidos”.

Para finalizar el parlamentario señaló “se debe aclarar el rol del intendente Rodrigo Díaz y dilucidar a quien se refiere el dirigente industrial Jaime Saldías cuando sindica a ‘el intendente Rodrigo Díaz y otras autoridades que nos dijeron que teníamos que llamar la atención para poder ser recibidos’.

Esto, ya que a juicio del senador Navarro “no es posible que una autoridad regional llame a los trabajadores a movilizarse contra su propio gobierno. Hay que ser responsable y prudente en el lenguaje”, sentenció.