El nuevo Gobierno de Hungría lanzó una ofensiva para rastrear los fondos públicos y activos que, habrían terminado en manos del exprimer ministro Viktor Orbán y sus aliados y también aclarar las millonarias transferencias realizadas a la organización Political Network for Values (PNfV), que estuvo presidida por José Antonio Kast entre 2022 y 2024.
La arremetida judicial emprendida por el actual premier húngaro Péter Magyar, se produce días después de que una investigación periodística de El Mostrador revelara que la PNfV, fue cancelada en Estados Unidos debido a que no presentó sus balances financieros desde 2021.
Magyar indicó que con esta indagatoria busca por esclarecer los mecanismos de transferencia de dinero estatal hacia organizaciones que operaron al alero de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), entre las que resalta la filial húngara de la PNfV, que recibió 1,3 millones de dólares precisamente durante el periodo en que Kast estaba a su mando. Las investigaciones buscan conectar los puntos entre las arcas públicas húngaras y el financiamiento de estas plataformas ideológicas, que durante la era Orbán crecieron exponencialmente en influencia y recursos.
Para llevar a cabo esta compleja tarea, el Gobierno húngaro ha designado a la Autoridad Nacional para la Recuperación de Activos (NVVH), una entidad creada a finales de julio con un estatus de independencia y facultades policiales y fiscales, lo que le permite no solo investigar los casos, sino también presentar cargos penales contra los responsables.
La NVVH tendrá la misión de escudriñar el destino de los bienes estatales desde 2010 hasta la salida de Orbán, y su trabajo estará sujeto al escrutinio del Parlamento húngaro, aunque con la autonomía necesaria para actuar sin injerencias políticas directas.
Las cifras involucradas en este entramado de presunta corrupción alcanzan magnitudes de gran escala, con estimaciones que parten en 60.000 millones de euros. Sin embargo, Magyar ha sugerido que esta cantidad podría ser incluso tres veces mayor, lo que sitúa a la recuperación de activos como uno de los desafíos más colosales y decisivos para la nueva administración.
El éxito de esta misión no solo determinará el retorno de fondos vitales para las arcas del Estado, sino que podría incidir de manera determinante en el futuro político del actual Primer Ministro y su partido Tisza, consolidando su imagen como un gobierno que rompe con el pasado o, por el contrario, generando desgaste si las promesas de justicia no se materializan.
La dirección de la nueva autoridad recayó en la politóloga Anna Unger, de 46 años, quien fue designada por el Parlamento a fines de agosto tras un riguroso proceso de selección con cerca de cien candidatos. Durante su comparecencia, Unger describió el período de Orbán como algo que excedía la corrupción tradicional, calificándolo como un sistema prácticamente feudal. A su juicio, la labor de la NVVH no se limitará a recuperar bienes, sino que deberá investigar y exponer la arquitectura de ese esquema de poder para garantizar que no exista la posibilidad de que vuelva a repetirse en el futuro.
El escenario que enfrenta esta nueva autoridad está marcado por profundos contrastes sociales. Mientras que integrantes de la familia Orbán, dirigentes de su partido y empresarios cercanos han exhibido un lujo ostentoso con jets privados, yates y millonarios contratos públicos, una parte significativa de la población húngara sufre condiciones de pobreza, infraestructura deteriorada y carencias críticas en escuelas y hospitales.
Pruebas del financiamiento de Orbán a la organización presidida por Kast
Cabe recordar que en medio de la controversia internacional, la Unidad de Investigación de El Mostrador accedió en mayo pasado a un conjunto documentos oficiales que acreditan los aportes del Gobierno de Viktor Orbán a la PNfV durante el liderazgo de Kast.
Según estos registros, Hungría transfirió 405 millones de florines (1.341.328 dólares) a la entidad entre 2020 y 2024, con el grueso de los recursos (1.176.523 dólares) ingresando en 2022, justo cuando Kast asumió la presidencia.
A la par, investigaciones de prensa húngaras y la información publicada en Magyar Közlöny (Boletín Oficial de Hungría, equivalente al Diario Oficial de ese país), el gobierno de Orbán entregó a la agrupación en 2021 una subvención de 140 mil euros para financiar su IV Cumbre Trasatlántica den 2022. Además, cuando Kast ya presidía la PNfV, la organización fue la anfitriona de la CPAC con financiamiento del Centro de Derechos Fundamentales, think tank ligado al partido de Orbán.
En Chile, pese a que la ley 18.603 prohíbe el financiamiento extranjero de campañas políticas, el Gobierno de Kast no ha esclarecido sobre el uso de los recursos cuando el mandatario encabezaba la PNfV y ante este escenario, un grupo de diputados del Frente Amplio solicitó una Comisión Especial Investigadora (CEI) en el Congreso, buscando esclarecer, eventuales lazos financieros entre la administración de Kast con organizaciones internacionales asociadas al ultraderechista exprimer ministro húngaro.
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