La Corte Suprema de Justicia ratificó que las escuchas practicadas por la Fiscalía y la PDI contra la ex-pareja del psiquiatra Alberto Larraín, Josefina Hunneus, son ilegales, arbitrarias y deben ser borradas. La medida había sido decretada antes por la Corte de Apelaciones de Antofagasta a instancias de un recurso de protección de la propia Hunneus.
Según el dictamen de la máxima autoridad judicial chilena, “las resoluciones impugnadas en la acción constitucional impetrada devienen en ilegales, así como la ejecución de las medidas decretadas, y no pueden servir de sustento para una persecución penal en contra de la amparada, transformándose en consecuencia en una amenaza para su libertad personal”.
Las escuchas fueron hechas en el marco de la investigación de Procultura, organización que aumentó exponencialmente sus recursos con la llegada al gobierno de Gabriel Boric y a la Gobernación Metropolitana de Claudio Orrego. Pese a que la pesquisa fue abierta en junio de 2023, hasta hace pocos meses no mostraba avances en manos del fiscal Patricio Cooper, quien extrañamente dejó dormir el proceso y aceleró las investigaciones en pleno año electoral, lo que fue acompañado de filtraciones selectivas a medios de prensa, entre las cuales aparecían conversaciones entre Hunneus y el propio presidente Boric.
En el caso Procultura la Fiscalía investiga un posible fraude al fisco de 6.000 millones de pesos, realizado a través de convenios firmados con el seremis de Vivienda y gobernaciones en siete regiones del país.
El fiscal Cooper entró en la ca causa el 26 de junio de 2024, cuando le fue asignada, decretando luego el carácter secreto de las diligencias, condición que se mantuvo hasta entre el 2 y el 6 de abril de 2025. Luego de esa fecha, se autorizó el acceso a las partes intervinientes, quienes fueron recibiendo copias del expediente hasta el viernes 9 de mayo, siendo varias partes filtradas a medios de prensa.
EL FALLO DE LA SUPREMA
El fallo de la Segunda Sala del máximo tribunal fue adoptado con tres votos a favor y dos en contra, confirmando que las escuchas telefónicas realizadas a Hunneus en conversación con el presidente Boric, carecieron de legalidad.
La sala estaba integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier, el abogado José Miguel Valdivia y la abogada Andrea Ruiz. La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Valderrama y la ministra Letelier, quienes argumentaron que no hay ilegalidad en el actuar del Ministerio Público.
Según se redactó en el fallo “las medidas intrusivas decretadas – que afectaban precisamente los derechos fundamentales ya expresados-, no cumplieron dichos estándares, por las razones que latamemte se expresan en la sentencia del a-quo, y que esta Corte comparte, haciéndose por tanto innecesaria su reiteración. De ello sigue que las resoluciones impugnadas en la acción constitucional impetrada devienen en ilegales, así como la ejecución de las medidas decretadas, y no pueden servir de sustento para una persecución penal en contra de la amparada, transformándose en consecuencia en una amenaza para su libertad personal”.
También agregó que “no obsta a la solidez de los argumentos del fallo del tribunal de primer grado, ni menos puede estimarse que revelan un sesgo de parcialidad, la circunstancia de que en el párrafo primero del considerando duodécimo de la sentencia recurrida se haya introducido una frase -como un argumento retórico destinado a reforzar los razonamientos que le anteceden- que evoca la actuación de los órganos a cargo de la investigación y persecución penal en períodos dictatoriales, como quiera que dicha oración resultaba innecesaria y no desvirtúa, ni tampoco potencia, las reflexiones jurídicas de la aludida sentencia”.
UN FISCAL INOPORTUNO
El fiscal Patricio Cooper se hizo recientemente conocido al enviar una orden de allanamiento y requisa contra la diputada Karol Cariola justo el día de su parto, llegando efectivos de la PDI incluso a la clínica en donde se atendía.
La inoportuna incursión fue en el marco de las investigaciones por el Caso Sierra Bella, dirigidas por Cooper y que lo mantuvo abierto hasta pasada las elecciones municipales, afectando con ello la reelección de Irací Hassler. Al mismo tiempo se produjeron filtraciones que vinculaban a la ex-alcaldesa y a la diputada Cariola con empresarios chinos.
El caso fue recientemente cerrado por el propio Cooper.
Respecto a la forma de conducir las investigaciones de Cooper, el abogado Mauricio Daza comentó a través de un post en redes sociales que “de hecho todos los ciudadanos tenemos un estatuto el cual impide que un fiscal obtenga la interceptación de comunicaciones sin fundamentarlo mínimamente. Cooper es un desastre. Solo grandes fuegos de artificio sin ningún resultado concreto: Procultura, Sierra Bella, trama china, casa de Allende, son investigaciones que mantiene abiertas por largo tiempo sin formalizarlas o cerrarlas. En Democracia Viva, Kimun, lencería, pedicure, entre otros casos, hace rato hay formalizados incluso con personas en prisión preventiva, y parlamentarios desaforados, con mucho menos ruido”.
Daza concluyó que “la única explicación que Cooper sea fiscal regional y que esté en estos casos es por la amistad que tiene con su ex abogado personal, el fiscal nacional Angel Valencia”.
Si bien, Coper aún cuenta con el respaldo del fiscal nacional, quien además de promoverlo al interior de la Fiscalía, descarto en marzo de 2025 su remoción, argumentando que “no hay ninguna decisión de esa naturaleza”; el fallo de la suprema ha sido interpretado como un golpe fuerte contra el propio Angel Valencia y Patricio Cooper.
El Ciudadano