Organizaciones advierten inacción de la Corte Suprema: De 1.469 detenidos desaparecidos solo 307 se han identificado

El grupo Londres 38; la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) presentaron este viernes una carta a la Corte Suprema, por la inacción del máximo tribunal en la búsqueda de justicia por los delitos de lesas humanidad cometidos durante la dictadura militar.

Las organizaciones manifestaron su «preocupación por el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos», además de «la urgencia de aunar esfuerzos para avanzar de manera más rápida y decidida».

En este sentido, recordó que la Corte Suprema suscribió una declaración en 2013, reconociendo las omisiones de los tribunales de ese entonces, no obstante, hasta la fecha no se ha realizado accionar alguno para responder a la deuda que tiene el Estado de Chile con los familiares de los desaparecidos.

«En dicha declaración los ministros firmantes calificaron el comportamiento de sus antecesores como ‘una dejación de funciones jurisdiccionales’ que debía ser reconocida ‘para que ese comportamiento no se repita» manifestaron en el documento, citado por El Desconcierto.

Pese a este sinceramiento -señalan- no se han constatado «acciones decididas y eficientes, ni en resultados que signifiquen un avance sustantivo en materia de verdad y justicia en los casos de personas detenidas y desaparecidas».

Sin embargo, destacan que ha habido «ciertos avances», no obstante, no son suficientes debido a que solo el 23,2% de las causas han contado con alguna sentencia.

«De 1.469 personas detenidas desaparecidas, apenas 307 han sido encontradas e identificadas», puntualizan.

A casi 50 años de conmemorarse el Golpe de Estado contra Salvador Allende, las organizaciones manifestaron que es obligación de la Corte Suprema «de investigar, perseguir y sancionar a todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos».

«Es uno de los deberes elementales del Estado para garantizar la tutela de los derechos fundamentales, obligaciones de las que surge el deber de debida diligencia en el inicio e impulso de la investigaciones y de rendición de cuentas precisamente cuando se trata de crímenes permanentes perpetrados por el propio Estado», añade el texto.

Por esta razón, solicitan a la Corte Suprema celeridad en los casos, además, que se les de acceso a las «las medidas adicionales al trabajo en curso de los tribunales que se ha dispuesto, o dispondrá, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, y en particular».

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