Parlacrédito, la caja chica del Congreso

Parlacrédito, la caja chica del Congreso

Entre 2013 y 2014 se efectuaron préstamos a seis diputados, sin intereses ni reajustes por cierto, por 104 millones de pesos. Desde la testera de la Cámara no existen explicaciones clarificadoras, menos de la comisión revisora de cuentas.

Por Jose Robredo

05/01/2016

Publicado en

Chile / Política

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Congreso Nacional

Una nueva joyita salió a relucir esta jornada en el Parlamento. La conclusiones de la auditoría externa encargada a la consultora Ossandón & Ossandón estableció que se realizaron una serie de préstamos a seis diputados en el periodo entre 2013 y 2014.

Según la auditoría los parlamentarios, que no son mencionados en el informe, se desglosan de la siguiente manera: un parlamentario concentra seis créditos en el período, por un total de $44 millones. Luego cinco parlamentarios, los que son identificados con sus respectivos números, recibieron los siguientes montos el «diputado 1» registra $18 millones; el «diputado 2» recibió $12 millones; $24 millones el «diputado 3», mientras que el «diputado 4» solicitó $6 millones y el «diputado 5» pidió $200 mil.

Según determina la revisión serían dos diputados DC, un PS, un PPD, un RN y un UDI quienes obtuvieron, en cómodas 28 cuotas sin intereses ni reajustes, 104.200.000 de pesos.

La consultura señala en sus conclusiones que se debe  «Analizar si existe la facultad para otorgar este tipo de préstamos, y si es así, definir quién lo autorizará y cómo se definirán número de cuotas y reajustes», además de «instruir a que el registro contable sea el adecuado, revelando como una cuenta por cobrar los préstamos otorgados».

Al ser consultado por estos hechos, el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez (PPD) intentó justificar la irregularidad señalando que  «esto hace más de un año y medio que no ocurre y se han tomado las medidas para que no vuelva a ocurrir porque efectivamente el Congreso no es para hacerle préstamo a sus funcionarios».

Al mismo tiempo, señaló que la práctica no era “ilegal pero que claramente no correspondía por no ser necesaria”.

Finalmente, desde la administración de la Cámara de Diputados, se expresa que «se tomarán los resguardos contables para dejar debidamente reveladas estas deudas por recuperar».

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