¿Por qué Alan García se dio un tiro en la cabeza?

¿Corrupción o persecución política?

El expresidente peruano decidió suicidarse y todo indica que lo hizo motivado por presiones políticas a las que fue sometido tras anunciar su intención de volver a la vida pública, y que se plasmaron en la vinculación judicial al caso Lava Jato


“Creo en la vida después de la muerte” afirmó Alan García en la última entrevista concedida antes de que este miércoles 17 de abril se diera un tiro en la cabeza, justo antes de la Policía lo arrestara por la investigación que se le seguía por sospechas de corrupción.

El suicidio del expresidente peruano y su vinculación con la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en América Latina causó conmoción y ha sido noticia en el mundo entero.

Muchos se preguntan cuáles son las razones que lo llevaron a  tomar un arma para acabar con su vida.

Decisión desesperada

Las autoridades llegaron a la casa de García en horas de la mañana para cumplir con una orden de aprehensión temporal de 10 días dictada por el Poder Judicial, por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada.

El exmandatario le dijo a los policías y al fiscal que llegaron a detenerlo que llamaría a su abogado desde su habitación y, a los pocos segundos, se escuchó un disparo.

Los agentes forzaron el ingreso a la habitación, donde lo encontraron sentado y con un agujero en la cabeza. Seguidamente, García fue trasladado a un hospital, donde falleció en horas de la tarde.

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El polémico caso Odebretch

La Operación Lava Jato es la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil. En diciembre de 2016, la constructora brasileña Odebrecht aceptó el pago de 788 millones de dólares en sobornos, en 12 países, incluido Perú.

El 21 de diciembre de 2016, una corte de Nueva York anunció que la constructora reconoció el pagó en Perú de coimas por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. Posteriormente, se revelaron donaciones no declaradas con las que financiaron irregularmente las campañas electorales de gran parte de los líderes políticos de ese país.

Actualmente, la Fiscalía  peruana investiga a todos los presidentes que han gobernado entre 2001 e inicios 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

Por estos casos se encuentran bajo investigación los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y enfrenta un pedido de extradición;  Alan García (2006-2011); Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo de 2018, y ya fue detenido.

También está siendo investigada la legisladora Keiko Fujimori, quien cumple con una prisión preventiva de 36 meses, acusada de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht en su campaña de 2011.

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Acusaciones y pruebas contra García

En el caso de García, la pesquisa de la Fiscalía peruana se centraba en un presunto lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

En concretó se le acusó de  recibir sobornos de Odebrecht, por el orden de los 6,2 millones de dólares, para adjudicar la ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima, en 2009, durante su segundo gobierno.

También los ministros y colaboradores cercanos de su gobierno se encuentran bajo sospecha.

En todo momento, el expresidente rechazó las acusaciones y su implicación en la trama de sobornos, e incluso en la entrevista concedida al medio peruano RPP afirmó: “Ningún indicio me vincula con nada”.

En un principio, García no estaba siendo investigado, pero en la medida que avanzaba la investigación, salieron evidencias que lo incriminan.

El exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, quien se encuentra en prisión preventiva, aseguró que García estaba implicado en el caso Odebrecht.

En la agenda del expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, se encontraron las siglas «AG», que aseguró correspondían a Alan García.

En 2012, tras haber concluido su mandato, García ofreció una conferencia en la Federación de Industrias del estado de Sao Paulo, por la que cobró 100.000 dólares. Según la Fiscalía, el dinero provino de la cuenta con la que Odebrecht pagaba los sobornos.

La otra parte del pago se realizó, supuestamente, a través de los exfuncionarios de su Gobierno Luis Nava y Miguel Atala, por lo que la Fiscalía sospecha que utilizaba testaferros.

La sombra de la corrupción empaña también la campaña para su segundo mandato, pues se le acusaba de recibir aportes para destinarlos a las elecciones de 2006.

En 2018, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Lima, confesó que había entregado 200 mil dólares a su campaña, a través de Luis Alva Castro, quien es dirigente del Partido APRA, en el que militó García.

Según la Fiscalía, Barata se reunió más de 20 veces con García e incluso viajaron juntos varias veces en el avión presidencial.

En noviembre de 2018, García regresó a Perú desde Madrid, donde había establecido su residencia, para declarar ante la fiscalía. El expresidente fue sorprendido por la justicia, que le prohibió volver a abandonar el país. Creyendo que iba a ser detenido, solicitó asilo político en la embajada de Uruguay en Lima, denunciando persecución en su contra, pero el gobierno de Tabaré Vásquez no accedió a la petición.

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“Las investigaciones judiciales contra el expresidente noconstituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú”, sostuvo la Cancillería de Uruguay, en ese momento.

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La sombra de corrupción

No se trata de la primera vez que García era señalado por un escándalo jurídico. Durante su primer gobierno (1985-1991) fue acusado de corrupción, y pidió asilo en Colombia y luego en Francia, pero tras el autogolpe de Alberto Fujimori, la Corte Suprema declaró prescritos esos supuestos delitos en 2001.

Resulta que, entre el 18 y el 19 de junio de 1986 tuvo lugar un motín simultáneo en tres prisiones de Lima, el cual provocó la masacre de entre 200 y 400 reclusos, cuando tropas militares irrumpieron en los penales.

La cifra final de muertos nunca se supo y oficialmente el Gobierno de García nunca reconoció más de un centenar. En cambio las organizaciones de derechos humanos denuncian torturas, asesinatos y enterramientos clandestinos de los amotinados.

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Su primera gestión también dejó a Perú en una profunda crisis económica e institucional. Su política económica estuvo marcada por un severo control del tipo de cambio, la estatización de la banca y una inflación anual de más de 7.600 % en 1990.

¿Persecución judicial?

En su último mensaje en Twitter, publicado el martes 16 de abril, García volvió a insistir en su inocencia. Para el expresidente, su implicación en la trama Odebrecht respondía a una persecución política.

Incluso, llegó a decir que en seis años, desde que terminó su segundo mandato, asistió a 48 citaciones de la Fiscalía y los juzgados y en ninguna de esas ocasiones se le imputó algún cargo.

En concreto, calificó la vinculación con el pago de la conferencia en Brasil, como un claro ejemplo de persecución, ya que según él, había pagado 30.000 dólares en impuestos.

«(El disparo fue) La concreción de todo un mecanismo de persecución y búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, indicó el congresista aprista,Mauricio Mulder.

Por su parte, el excanciller Luis Gonzales Posada señaló como parte de los responsables del suicidio a la Fiscalía peruana. «Es el resultado de un pérfido, malévolo y abusivo atropello de una Fiscalía que puede meter preso a quien le da la gana», dijo.

Denuncia de irregularidades

El abogado de García, Erasmo Reyna, denunció que la diligencia de detención y registro de su vivienda era “irregular” y anunció una querella legal.

La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima abrió decidió abrir una investigación preliminar contra los fiscales José Domingo Pérez y Henry Amenábar por presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones durante el allanamiento a la vivienda de Alan García.

Según la orden publicada por el diario El Comercio, los fiscales no habrían “tomado las medidas necesarias» para dirigir el procedimiento.

Alan García

«Ya que no habría brindado la información pertinente al intervenido a fin de garantizar sus derechos fundamentales, y tampoco habría dispuesto que se tomen las medidas de seguridad que garanticen la salvaguarda de la integridad del detenido, toda vez que este habría ingresado a su habitación sin acompañamiento policial, lo que habría permitido que atente contra su vida», señala la orden.

No obstante, el equipo especial de la Fiscalía que dirige la investigación del caso Odebrecht emitió un comunicado donde mostraba su “profunda preocupación y rechazo” por el expediente abierto y asegura que la diligencia contra García se había practicado “en estricto cumplimiento de un mandato judicial”.

Futuro de la investigación

Según el artículo 78 del Código Penal de Perú, la acción penal o atribución para perseguir un delito se extingue si el imputado muere, por lo que la causa contra Alan García se desestimaría.

Sin embargo, el expresidente no era el único imputado de su gobierno y podría definirse su implicación o no en los actos de corrupción a través de terceros.

En conclusión, veremos en éstos días cómo se van abriendo preguntas sobre las presiones políticas que llevaron a García a volarse los sesos, pues al parecer su muerte no se explica de forma tan simple.

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