Proceso Constituyente: Proyecto prioritario pero sin presupuesto

Este 2017 será un año clave para muchas de las reformas prometidas por el gobierno de Michelle Bachelet. De acuerdo a lo planificado, pronto debería concretarse la redacción y envío del proyecto de ley de la nueva Constitución y también la reforma que busca habilitar al Congreso a cambiar la Carta Fundamental, sin embargo podría haber una eventual flexibilización de los plazos.

Por Silvia Gutierrez Gonzalez

28/12/2016

Publicado en

Actualidad / Chile / Política / Portada

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Sin presupuesto. Así comenzará el 2017 el proceso constituyente, que vio disminuido casi en 100% el dinero en comparación con este año. En el caso de la cartera de Interior, a cargo del ministro Mario Fernández este 2016  se invirtieron $504.696 millones en la categoría “Estudios para una nueva Constitución”,  sin embargo para este 2017 no habrá recursos pues se encuentra completamente eliminado del presupuesto.

Lo mismo ocurrió con la Secretaría General de Gobierno, responsable de informar a la población acerca de las políticas del Ejecutivo y durante este proceso constituyente, de la realización de los cabildos ciudadanos. En esta cartera hubo una eliminación total del gasto asignado, que este año fue de $1.133.000 millones.  También en la Secretaría General de la Presidencia, donde se pasó de $1.284.406 millones a $139 millones para el 2017 bajo la categoría “Estudios finales del proceso constituyente”.

La disminución de recursos al proceso constituyente se da en medio de una serie de cuestionamientos por parte de sectores que han sido parte de las distintas etapas. Una de las principales críticas apuntan a que  hoy el oficialismo no está en condiciones para continuar con las distintas etapas comprometidas por Bachelet.

LO CALENDARIZADO POR LA PRESIDENTA

El pasado 13 de octubre, a través de cadena nacional, se dirigió a todo el país la Presidenta de la República anunciando el inicio del Proceso Constituyente, y donde se refirió a grandes rasgos lo que sucedería este 2017.

“A inicios del segundo semestre del 2017, presentaremos ante el Congreso de la República este proyecto de una nueva Constitución. A  fines del 2016 enviaremos al Congreso un proyecto de reforma de la actual Constitución para que, por dos tercios de sus miembros en ejercicio, establezca los procedimientos que hagan posible dictar una nueva Carta Fundamental. En esta reforma, propondremos al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida, de entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el Gobierno y las formas de aprobación de la nueva Constitución”, indicaba la Presidenta.

La mandataria planteó además que la primera alternativa es formar una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados; la segunda, formar una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; la tercera es la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Además de  una cuarta alternativa, en la que el Congreso pueda convocar a un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas.

“La decisión del mecanismo recaerá en el nuevo Parlamento elegido en el 2017, con el nuevo sistema electoral que aprobamos este año, con una nueva ley de partidos y una ley de financiamiento electoral. Es decir, dotado de mayor legitimidad, representatividad y transparencia”.

Sin embargo los plazos presupuestados podrían verse aplazados en un contexto de baja aprobación al Gobierno, de falta de presupuesto y de proyectos prioritarios que también esperan ver la luz en estos próximos 15 meses. Según lo indicado hace por la vocera Paula Narváez- tras el Comité Político de este mes-  los criterios para esos proyectos  “tienen que ver con cómo nos hacemos cargo de los proyectos emblemáticos, aquellos que reflejan la esencia del programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y de la Nueva Mayoría”.

La vocera de Gobierno agregó que otros criterios son los “proyectos que incentivan el crecimiento económico. Por ejemplo, hay aquellos proyectos que tienen que ver con responder a necesidades directas de la ciudadanía en materia de empleo, en materia de salud. Además del proceso constituyente y la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, son prioridad para el Gobierno la reforma educacional, los proyectos de pensiones, infancia y descentralización».

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