“Es nefasto y representa un retroceso ambiental”: Parlamentarios y expertos en contra de la ley de permisología

La polémica se centra en que el proyecto de ley de permisos sectoriales, más conocido como «Ley de Permisología«, lejos de representar una modernización real, busca acelerar trámites sacrificando la transparencia, la protección ambiental y la participación ciudadana. Parlamentarios y expertos alertan que favorece a grandes intereses productivos, sin distinguir entre pequeños emprendimientos y proyectos de alto impacto, profundizando así la tensión entre desarrollo económico y derechos fundamentales.

A inicios de este mes, parlamentarios de diversos sectores políticos, encabezados por el diputado socialista Daniel Melo, ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional por considerar inconstitucionales artículos del proyecto de ley de permisos sectoriales, ya que vulnerarían derechos consagrados en la Constitución relacionados con el derecho a la salud y a vivir en un entorno libre de contaminación.

No obstante, la Ley Marco de Permisos Sectoriales fue aprobada el pasado martes 1 de julio por el Congreso y está lista para su promulgación.

A su vez, el informe, firmado por 42 parlamentarios, expone que son cinco enmiendas las cuales estarían en contra de garantías constitucionales y convenios internacionales vigentes en nuestro país. Además, se plantea que ciertos artículos contradicen el principio de que el Estado debe dar protección a la población. Asimismo, advierten que el artículo 104 incluye cambios que vulneran derechos de los pueblos originarios y el principio de supremacía constitucional.

En conversación con el programa Ecópolis de El Ciudadano, Daniel Melo reiteró que el proyecto transgrede aspectos básicos que deberían ser resguardados por el Estado. Además, declaró que hubo presiones por parte del gobierno para que el requerimiento no fuera presentado.

“Nosotros no estamos en contra del desarrollo económico ni del crecimiento económico del país. Yo creo que eso es vital, es importante, pero de la misma manera esto debe realizarse con el debido cuidado al medio ambiente, resguardando también y protegiendo la salud de las personas, permitiendo que las comunidades puedan participar como corresponden los sistemas de evaluación que existen en nuestro país. Y en ese sentido tengo la impresión de que este proyecto en particular de permisos sectoriales agrede todo aquello”, señaló Melo.

Además el diputado agregó que el proyecto en un principio estaba enfocado a pequeñas y medianas empresas. “Es distinto autorizar que se lleve adelante un emprendimiento como un restaurante, por ejemplo, una peluquería, a un proyecto de una gran envergadura como es el cierre de una faena minera. Entonces se trata de pasar de alguna manera de contrabando distintos tipos de proyectos, uno de gran envergadura versus pequeños”, indicó. 

Por otro lado, Melo comentó que para él, es lamentable que el gobierno avance en proyectos contando con el apoyo y acuerdo de los sectores más extremos de la derecha. Considera que esto representa un problema y una anomalía dentro del proceso político actual. 

La advertencia de Terram sobre el costo ambiental y social del modelo chileno

Por otro lado, Flavia Liberona, bióloga y directora ejecutiva de la Fundación Terram, también conversó al respecto en Ecópolis, donde valoró positivamente el ingreso del requerimiento, ya que el haber logrado tal cantidad de firmas demuestra que “hay una preocupación en el parlamento, significa efectivamente que este es un proyecto de ley nefasto y que representa un retroceso ambiental”, señaló. 

Sobre la modernización que estaría detrás del proyecto de ley, Liberona declaró: “Yo no creo que el ejecutivo esté modernizando nada. Yo creo que el ejecutivo está haciendo fast track o procesos rápidos, que es distinto a la modernización. Si uno quisiera hacer modernización y nosotros se lo hemos planteado a varios ministros, una cosa muy relevante hoy día en modernización es la transparencia. Hoy día los servicios públicos en Chile no tienen transparencia, cuesta mucho obtener la información”.

Respecto a economía y medioambiente, Flavia Liberona denunció que Chile se propone exportar a costa de cualquier cosa, “a costa de la destrucción de los territorios, a costa de la contaminación, a costa de la vida y la calidad de vida de las personas que ahí hay”, indicó. 

En la misma línea, Flavia señaló que su percepción es que las autoridades, particularmente las de este gobierno, no comprenden el valor estratégico del territorio para el desarrollo de las economías locales, la conservación de los ecosistemas y el enfrentar los efectos de la crisis climática. 

“Entonces, a este gobierno no le importa talar bosque, no le importa aprobar proyectos de hidrógeno verde, plantas desaladoras, y yo creo que en ese sentido hemos estado viviendo una suerte de desregulación, por una —quiero creer— incomprensión de la relación que hay entre el territorio, los ecosistemas, la gente que habita y la economía”, denunció Liberona. 

Para la bióloga, esta es la razón por la que se ha impulsado la instalación de grandes enclaves productivos, pero difícilmente eso puede considerarse un modelo de desarrollo económico sostenible o sustentable. “Por lo tanto, las próximas autoridades —sobre todo los parlamentarios— tienen el desafío de poder instalar una agenda que sea un poco más acorde con lo que en realidad pasa en el país y no con los grandes sectores productivos”, agregó. 

¿Qué permisos abarca el proyecto?

Cabe recordar que el proyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Economía, tiene como objetivo acelerar la entrega de permisos no ambientales para la inversión, buscando reducir entre un 30 % y un 70 % los plazos para gestionar 380 permisos de 37 servicios y 16 ministerios.

La iniciativa abarca autorizaciones como conexiones eléctricas, permisos sanitarios, aprobaciones técnicas de obra y certificaciones de cumplimiento sectorial. Además, para alcanzar sus objetivos, el proyecto contempla la digitalización y estandarización de los procesos, la creación de un sistema único de seguimiento de permisos, la definición de plazos claros para cada institución involucrada, y la revisión o eliminación de aquellos permisos que se consideren redundantes o innecesarios.

El proyecto ha recibido críticas por considerarse que vulnera derechos fundamentales y representa una forma de desregulación encubierta, que podría facilitar la aprobación de proyectos de alto impacto sin la revisión correspondiente. Además, el proyecto no distingue entre emprendimientos menores y megaproyectos extractivos, lo que estaría debilitando estándares y principios constitucionales mencionados anteriormente.

El debate en torno al proyecto de ley de permisos sectoriales vuelve a poner en tensión dos visiones de país: una que apuesta por acelerar la inversión a toda costa y otra que exige participación y protección de derechos fundamentales. Para los impulsores del requerimiento, no se trata de estar en contra del desarrollo económico, sino de evitar que se imponga un modelo que profundice desigualdades, debilite la institucionalidad ambiental y ponga en riesgo a comunidades y territorios.

Te invitamos a ver las declaraciones completas en la entrevista para Ecópolis, haciendo click aquí.