Constructora brasileña vinculada a corrupción

Puente Chacao: Senadores piden no iniciar obras y organizaciones cuestionan que gobierno no investigue a OAS en Chile

Empresa es indagada en Perú, Argentina y Uruguay. "No entendemos por qué aún no comienzan las investigaciones en Chile. Llevamos seis meses diciéndolo, a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, al ministro Undurraga y a la presidenta Bachelet", sostienen en el Movimiento Defendamos Chiloé. Junto con ello, insisten: "El puente no es necesario ni prioridad".

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«Reitero lo que dije en la comisión, en el sentido de que las obras y ejecución del proyecto solo deberían comenzar una vez que esté bien definido la situación del consorcio, el financiamiento y la ingeniería, sin perjuicio de que los detalles se vayan precisando más adelante, como suele hacerse en estos casos”, declaró a La Tercera el senador Ignacio Walker (DC), integrante de la Comisión de Obras Públicas del Senado. Esto, en el contexto de la entrega de un informe del ministro del ramo, Alberto Undurraga, y en medio de los cuestionamientos hacia la empresa constructora OAS -que mantiene el 49% de participación en el consorcio que realizará la mega obra- y que está involucrada en los casos de corrupción que sacuden a Brasil.

Por su parte, el senador PPD Alfonso De Urresti sostuvo que “me llama la atención que el ministro esté haciendo un diseño de correr hacia adelante, de ganar tiempo, dividir obras, cuando nosotros no estamos ante la quiebra de una pyme, estamos ante una situación desastrosa públicamente conocida, como es la de la empresa OAS (…) Creo que es mejor transparentar las situaciones”.

Las autoridades chilenas pusieron los ojos sobre OAS solo recientemente, luego de que se reconociera la crisis financiera por la que atraviesa la compañía a raíz de su vínculo con los casos de corrupción en Brasil, y tras darse a conocer que en julio de 2013 Marco Enríquez-Ominami viajó a Brasil, específicamente a Sao Paulo, en un jet privado perteneciente a esta gigantesca constructora brasileña.

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Los cuestionamientos surgen porque MEO realizó este viaje tras su proclamación como candidato presidencial -lo que abre la posibilidad a que haya sido financiado por una empresa extranjera, alternativa prohibida por ley-, y porque la compañía está involucrada en hechos de corrupción que alcanzan al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el caso conocido como “Lava Jato” o “Petrobras”.

Los alcances del caso en Chile podrían ser de tal magnitud que han surgido también dudas sobre las verdaderas motivaciones de la visita de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff a Chile el 26 de febrero pasado. En un artículo publicado este jueves en revista Qué Pasa se asegura que fue «una visita que tomó por sorpresa a la presidenta Bachelet y su equipo de avanzada presidencial, que tuvo que diseñar en tiempo récord una improvisada agenda con políticos y empresarios de la que poco se informó a la prensa». «En Presidencia reconocen que muy pocas veces se ha organizado una actividad oficial de ese tipo con tan poca antelación», asegura la nota.

«En círculos políticos y diplomáticos» -plantea el medio- «se cree que la mandataria brasileña viajó en busca de antecedentes para medir el alcance de las investigaciones a esta (OAS) y otras empresas constructoras, de gran presencia en toda América Latina, incluyendo Chile».

«¿Por qué el Gobierno no investiga?”

Sin embargo, mucho antes de que esta noticia estallara, las organizaciones sociales agrupadas en el Movimiento Defendamos Chiloé habían puesto en cuestión la licitación del proyecto del Puente Chacao a esta empresa y la supuesta necesidad de su construcción.

Hoy el Movimiento insiste en cuestionar la negligencia del gobierno chileno frente al descrédito en que ha caído la gigante brasileña de la construcción. Esto porque mientras en Perú, Argentina y Uruguay ya se abrieron investigaciones por posibles hechos ilícitos asociados al financiamiento irregular de campañas políticas, lavado de dinero y fraudes en licitaciones, en Chile aún no se toman cartas en el asunto.

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“Para nosotros es un chiste de muy mal gusto y no entendemos por qué aún no comienzan las investigaciones en Chile. Llevamos seis meses diciéndolo, se lo dijimos a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja en el Congreso, al ministro (Alberto) Undurraga en su oficina, a la presidenta Bachelet en Curaco de Vélez“, señala el geógrafo y dirigente del Movimiento Defendamos Chiloé, Álvaro Montaña. Y agrega: “Los están investigando en cuatro países y los sigue Transparencia Internacional. Entonces, dada la situación chilena, cabe preguntarnos: ¿Por qué el Gobierno no investiga?”.

En este sentido, Montaña envía un mensaje a la mandataria, señalando que «queremos recordarle a la presidenta que Chiloé está esperando su pronunciamiento, que en Curaco de Vélez se comprometió a estudiar el caso».

«No es necesario ni prioridad»

Junto con ello, en Defendamos Chiloé afirman que ven con desconfianza los arreglos a los que se pueda llegar para permitir la salida de OAS del consorcio que conformó con la coreana Hyundai para la construcción del puente.

«Sería bueno se sepa que nosotros no aceptamos que le den facilidades al consorcio, que no confiamos en lo que hacen, que para nosotros sería como otro ´arreglo entre cuatro paredes´ o en ´la cocina´», señala Juan Carlos Viveros, vocero del Movimiento.

Puente Chacao rayado

Por otra parte, el dirigente es enfático en sostener que «Chiloé ya tomó conciencia que ese puente no es necesario ni prioridad y que destinar esos montos a un puente es una irresponsabilidad mayor y despilfarro de dineros públicos». Y agrega: «Chiloé necesita salud, educación, caminos rurales, agua potable rural, rampas en islas pequeñas, fomento a la agricultura familiar campesina, turismo y pesca artesanal, mucho más que un puente».

Por Daniel Labbé Yáñez

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