¿Qué tan cierta es la tesis del autogolpe en Venezuela?: Académico, abogada y periodista explican qué pasó con la Asamblea Nacional

Revuelo ha causado la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional (Parlamento venezolano), lo que en el contexto político-social es un punto más para aumentar la tensión interna.

La oposición, que se encontraba sin margen de acción en su política de desestabilización, salió a buscar réditos de la decisión del Tribunal Supremo a través de Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los líderes de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). “En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, aseguró, y agregó: «Convocamos al pueblo y las Fuerzas Armadas a defender la Constitución».

Fuera de las fronteras venezolanas se hicieron eco de estos dichos y la presión, desde el momento en que se dio a conocer la determinación, aumentó de manera considerable y alineada con el concepto de «autogolpe», señalado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo que trazó la línea del discurso entre los detractores del gobierno de Maduro.

Pero a pesar de todas las diatribas y las alegorías a la democracia y el Estado de Derecho, aún no se tiene suficientemente claro qué es lo que está pasando en el país caribeño. Quizás porque hay cosas que no se están diciendo.

La situación en Venezuela es compleja, dadas las maniobras de la oposición para poner en jaque al Gobierno, una economía que se sostiene en el extractivismo monoproductor del petróleo que, al final del día, se está convirtiendo en la herramienta para la polarización política del país.

De hecho, la resolución del Tribunal Supremo de Justicia apunta a salvar una situación jurídica en la que se encuentra el Parlamento venezolano, que impide activar una serie de acuerdos económicos que requieren, necesariamente, la aprobación de una Asamblea que -hasta ayer- se encontraba paralizado.

Pero esto no es un hecho puntual. Es una secuencia, que por estos lados se mantiene en silencio.

María Alejandra Díaz, abogada

Choque de poderes: Desacato, desconocimiento y competencias

En Venezuela existen cinco poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Y lo que se ha visto en el transcurso de este año es un permanente enfrentamiento entre estos.

El primer enfrentamiento tiene relación con el fraude en la elección de tres diputados de la Mesa de Unidad Democrática por el estado Amazonas: Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana. Ellos fueron electos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, lo que fue impugnado por el TSJ, con una serie de pruebas de compra de votos y presiones en el ejercicio electoral, lo que impidió que asumieran sus cargos y dieran, de manera efectiva, la mayoría absoluta a la oposición en el Parlamento.

Finalmente, y a pesar de la impugnación, los cuestionados parlamentarios juramentaron como tal en agosto de 2016, lo que tuvo como respuesta que el Parlamento fuera declarado en desacato por el TSJ y se anulará cada una de sus acciones. Este es el primer choque entre poderes, que desencadenó y aceleró la crisis política interna en Venezuela.

Las tensiones, dimes y diretes incluidos, llegaron a su clímax el 9 de enero pasado cuando la Asamblea Nacional aprobó la destitución del cargo del presidente Maduro «por abandono de sus deberes» y llamó a elecciones para el mes de febrero, asunto que no se concretó finalmente.

El académico y escritor venezolano, Alirio Contreras, quien cumplió también funciones diplomáticas en Chile y Uruguay, señala en conversación con El Ciudadano respecto de esta situación que «desde hace meses este ha sido el tono de las relaciones de poder en Venezuela. El Presidente gobierna a través de decretos de emergencia económica, dada la crisis que vivimos». Al mismo tiempo agrega que «por otra parte, la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo y no reconoce al Ejecutivo ni al TSJ; es decir, la Asamblea Nacional no reconoce desde hace meses el orden constitucional ni al resto de los poderes públicos del Estado, por lo cual, ellos han operado desde su posición como golpistas».

En tanto, la abogada venezolana María Alejandra Díaz sostiene que «en Venezuela se habían dado casos que justificaban este actuar. El artículo 336 de la Constitución Bolivariana establece que el TSJ tendrá la capacidad de decidir en caso de omisión legislativa. La Asamblea Nacional, fuera de encontrarse en desacato, no cumplía con su labor de legislar pues la mayoría parlamentaria no asistía a las sesiones no dando el quórum para llevarlas a cabo».

Además la jurista agrega que «la determinación del TSJ busca garantizar los fines del Estado, la democracia y el Estado de Derecho. Esta Asamblea Nacional ha asumido una actitud de negativa, de ataque y conflicto con el resto de los poderes en Venezuela».

Alirio Contreras, académico

¿Otra fase de la guerra económica?

El gobierno de Nicolás Maduro esgrime que una de las causas de la crisis que vive actualmente Venezuela, es que el país se encuentra sometido a una «guerra económica», que hasta la fecha le tiene acorralado a una coyuntura económica extremadamente negativa.

Hecho que se refuerza con el permanente flujo informativo que destaca la escasez de productos, una inflación desbordada y -por ende- los precios más allá de las nubes. Esto, a pesar de encontrarse con un desempleo controlado y constantes alzas en los salarios.

La economía venezolana es monoproductora, dependiente de la extracción y producción de petróleo. Un escenario que ha sido utilizado como gancho para la inversión extranjera. China y Rusia son los principales socios comerciales de Venezuela, seguidos por la República Popular de Vietnam, los cuales tienen todos intereses en la industria petrolífera bajo el esquemas de las empresas mixtas.

Uno de estos acuerdos comerciales, entre PDVSA y el gobierno ruso para que la empresa Rosef lleve a cabo trabajos de exploración petrolera, se encontraba en peligro de no concretarse dada la inactividad del Parlamento en su estado de desacato.

Al respecto, la abogada Díaz sostiene que «los convenios internacionales deben ser validados por la Asamblea Nacional. Sin la aprobación de ésta el Presidente se ve impedido de firmar cualquier convenio porque la Asamblea se encuentra en desacato».

En este sentido, la periodista venezolana Mary Hernández sostiene que «en las próximas dos semanas, Venezuela tiene compromisos financieros a los cuales debe responder, y esto no se puede paralizar por la situación de desacato de la Asamblea Nacional».