Querella de Bachelet: ¿Acierto, nuevo error o torpeza definitiva?

Si ya el anuncio de la decisión de la presidenta Bachelet de querellarse contra la revista Qué Pasa por la publicación de los supuestos dichos de Juan Díaz, que la involucraban en la operación del Caso Caval, generó alto grado de debate, la publicación del contenido de la acción judicial sólo aumentó la tensión en este tema.

Esto porque el libelo judicial establece contradicciones con la postura del gobierno desde el principio de esta polémica, la que buscaba posicionar a Bachelet como una ciudadana que defiende su honra mancillada. Así lo dejó claro el ministro vocero de Gobierno al momento de dar a conocer la acción judicial «fue interpuesta en su condición de ciudadana, de persona natural, a través de su abogado personal Juan Pablo Hermosilla».

Al mismo tiempo, fue la propia presidenta Bachelet, en medio de su gira en Francia, la que justificó la presentación de la querella señalando que  «Con la presentación de la querella estoy haciendo uso del derecho que tengo a defenderme de mentiras e injurias que afectan lo más preciado que tiene una persona: su honra».

Ahí surge el primer problema. Bachelet establece como domicilio para efectos de la querella al Palacio de La Moneda, su lugar de trabajo donde ejerce como Presidenta de la República y no como una ciudadana común y corriente, lo que deja esparramado de un plumazo el argumento oficial.

Al mismo tiempo, en la misma querella que se solicitan penas para los involucrados en la querella, director, editor, periodistas de la revista, penas que alcanzan los tres años de reclusión y multas por casi siete millones de pesos, esto sin contar las correspondientes costas del juicio que correspondan.

Estos dos elementos son la base de la polémica que eleve a este tema por sobre cualquier intención del gobierno por dar por terminada la «obra gruesa» y dedicarse a darle un final digno a la administración. Lo que recién este lunes 30 de mayo, tras finalizar el consejo de gabinete, se denominaba como una etapa de “implementación prolija y eficaz de los compromisos y tareas que hemos asumido con el país”.

Peor aún es instalar nuevamente en la casa de gobierno,y sin fecha de salida, el caso Caval. El peor fantasma del gobierno y la coalición oficialista no logra dar a conocer y dar relevancia a los logros que pueda tener la administración Bachelet para un escenario que se compone de una agenda legislativa compleja, baja en las encuestas, crisis económica y un período electoral incierto.

Reacciones

La acción presidencial ante la Justicia ha generado una serie de reacciones tanto en el mundo político como en representantes de la prensa. Si bien existen matices respecto de la valoración de la acción judicial, la mayoría apunta a que la querella no era el camino a seguir por la presidenta, teniendo otras alternativas establecidas en  la Ley de Prensa como el derecho a réplica.

En este sentido la presidenta del Colegio de Periodistas ha dicho que “si bien la ciudadana Michelle Bachelet tiene todo el derecho a presentar la querella, porque es una ciudadana, también entendemos que es difícil separar a esta ciudadana de su rol de Presidenta. Entonces por eso consideramos que siendo este un derecho que ella tiene y un derecho que ella ya tomó, no nos parece que haya sido el camino más adecuado o el mejor”.

Mientras, el destacado periodista y autor de la investigación contenida en el libro «Traición a la Patria» (la historia del MilicoGate), Mauricio Weibel hizo duras críticas a través de su cuenta de facebook a la acción judicial de la presidenta Bachelet.

Del posteo se destaca que «… la mandataria prefirió abrazar las prácticas del autoritarismo que aun subsisten en nuestra legislación. Es decir, las mismas prácticas que ella rechazaba como alta funcionaria de la ONU (…) Bachelet pidió la cárcel de periodistas y un pago en dinero. A eso se reduce su honra? Esa quiere que sea una de las postales finales de su gobierno? En serio?»

Por otra parte, la directora del  Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Lorena Fríes señaló respecto de este asunto que “Responsabilizar a los medios sobre una afectación a un derecho humano como es la honra lo que se ha establecido en términos de estándares no es la vía penal, es la vía civil, en nuestro caso la Ley de Prensa, no el delito de injurias y calumnias, porque se entiende que la libertad de prensa es tan importante que se debe pagar por el mal hecho desde el punto de vista de una indemnización civil y una rectificación. Las injurias y calumnias como delito penal están de retirada en toda la región”.

Desde el mundo político las reacciones no fueron condescendientes con la Mandataria. Desde la derecha se dieron un  festín con la actitud presidencial,llegando incluso a señalar que se evalúa una presentación ante la Contraloría General de la República para verificar la legalidad de la acción; mientras que desde el oficialismo se destacó como un error el camino elegido por Bachelet.

En  palabras de Isabel Allende, presidenta del Partido Socialista – colectividad en la que milita Bachelet -, la Presidenta está en su derecho de presentar la acción judicial pero “Otra cosa es evaluar si va a ser positivo. Tal como ha reaccionado la gente, no aparentemente, produce mucho cuestionamiento, pero de que tiene el derecho, tiene todo el derecho a hacerlo”

Para el senador, periodista y posible presidenciable por el Partido Radical Alejandro Guillier, la  Presidenta comete un error insalvable pues «Es imposible no considerar que designa jueces, fiscales y tiene una influencia muy grande, entonces (en la resolución de una querella) se desnivela».

“Hoy tenemos toda la prensa sobre la autoridad presidencial y en la práctica yo creo que el desdoblamiento fue más un deseo que una realidad” recalca el senador PPD Guido Girardi

Desde La Moneda, y en palabras del portavoz de gobierno Marcelo Díaz, «no somos nosotros como Gobierno los llamados a señalar cuál es el curso de la acción judicial. Es una acción que ha interpuesto la Presidenta en su condición de persona natural y para eso cuenta con los servicio de un abogado y es él el indicado para señalar cuáles son los distintos momentos del proceso».

¿Tren de Consecuencias?

Ya con la querella convertida en un hecho político, las consecuencias de este acto presidencial pueden comenzar a verse más pronto de lo que los asesores presidenciales pudieron calcular.

La Nueva Mayoría, a medias tintas y con frases de buena crianza, dejó sola a la Presidenta Bachelet en esta aventura judicial. Sin el respaldo del conglomerado político que la apoyó con fervor «calcetinero» hace sólo tres años, la Mandataria comienza a sentir con mayor crudeza la denominada «soledad del poder».

Asimismo, si con la cuenta pública del 21 de mayo se daba a entender que el gobierno comenzaba a bajar la cortina de su administración, preparándose sólo a gestionar los pocos meses de mandato que le quedan por delante; la acción judicial en contra de Qué Pasa viene a significar un verdadero portazo y cerrar La Moneda por dentro.

La posición presidencial, la agenda legislativa pendiente se encuentran en grave peligro en este escenario. Ad portas de elecciones municipales y la posterior elección presidencial y parlamentaria, los partidos de la Nueva Mayoría centrarán con más ímpetu sus energías en salvar sus parcelas y cuotas de poder antes de jugarse por un  proyecto programático-electoral que ya se encuentra defenestrado.

La calculadora del segundo piso se quedó corta en sus operaciones. Quizás por error. Quizás por torpeza. Quizás por convicción. Sólo el transcurso de los días nos dará la respuesta.

Querella Bachelet Qp