Querella por estafa en municipio de La Unión

Lo que parecía un simple trabajo de pintura y refacción del edificio municipal de La Unión, se está revelando como un problema más profundo, que implicaría el delito de negociación incompatible, falsificación de documento privado y en el que incluso no se descartaría el de asociación ilícita.

Irregularidades en la aplicación de las manos de pintura; desprendimiento, “soplo” y “englobamiento” de las mismas; falta de canaletas y bajadas de aguas lluvia; sellos de ventanas que no se colocaron; vidrios rotos o manchados con pintura; presencia de hongos; estuco desprendido y una larga lista de anormalidades, no corresponden a la descripción de una antigua edificación a punto de derrumbarse, sino al estado en que se encuentra hoy el edificio.
Pero lo más increíble es que las obras fueron realizadas recién entre enero y febrero del presente año. A menos de 8 meses del trabajo realizado, han salido a la palestra datos que dan cuenta de cuantiosas irregularidades tanto en la licitación, como en la ejecución de las faenas.
Con estos antecedentes, el jefe de la ejecución de la obra, Luis Armando Quezada, presentó a mediados de julio una querella criminal en contra de quienes resulten responsables del delito de negociación incompatible y falsificación de documento privado. Tras ser acogidos por el tribunal, los antecedentes dieron inicio a una investigación, caratulada bajo el Rol 060049688-1.
En enero de este año, la Municipalidad de La Unión llamó a licitación, a través del sistema “Chile Compra”, para realizar obras de pintura en el edificio consistorial de esta ciudad.
En su oportunidad, la adjudicación de esta labor (cuya denominación específica fue “mejoramiento edificio consistorial”) estuvo ajustada a la normativa. Sin embargo, uno de los principales puntos en el proceso de conseción no fue tomado en cuenta: el de ser aprobado por acuerdo unánime del concejo municipal.
Fue así como el abogado municipal, Alex Salas Flores y el concejal Alexi Pérez Guilmay, habrían encargado el proyecto, que fue elaborado por la ingeniero constructor Marcela Castillo, quien en ese momento también era funcionaria municipal. La propuesta
-por un monto de 27 millones de pesos- sería presentada al concurso mediante una tercera persona, la contratista María Keim Álvarez, quien, trascendió, no tenía experiencia en este tipo de obras.

“USTED LO HACE, LO APRUEBA, FIRMA Y SE LO LLEVA”
Castillo no sólo elaboró el proyecto, sino que además participó de la comisión seleccionadora, jugando un rol determinante en su adjudicación, además de hacerse cargo de controlarlo en su fase de ejecución. Por estas “gestiones”, la profesional habría cobrado la suma de 500 mil pesos a Salas y Pérez, según consta en la querella que investiga el Ministerio Público.
Hay un hecho que grafica la forma en que se manejó la poco transparente operación: el día en que se debía presentar la propuesta y las especificaciones técnicas, la contratista Keim olvidó firmar un documento. Entonces, y con el objeto de impedir que la oferta quedara fuera de concurso (pues la hora de cierre estaba por cumplirse), Marcela Castillo habría firmado la propuesta de la señorita Keim, falsificando su firma.
Pero las irregularidades no acaban ahí. Una vez iniciados los trabajos, y debido a que la municipalidad no realiza anticipos de dineros para los pagos de insumos y mano de obra a los contratistas, éstos fueron proporcionados a María Keim por el abogado Salas y el concejal Pérez, de acuerdo a lo que se señala en la querella. Existirían pruebas de que las pinturas e insumos se habrían pagado mediante cheques de sus respectivas cuentas corrientes (de Salas y Pérez) en la sucursal osornina del Homecenter Easy. Las facturas respectivas confirmarían estos hechos.
A poco más de un mes desde el inicio de las obras, la municipalidad de La Unión realizó el primer pago a la contratista, mediante un cheque por una suma cercana a los 15 millones de pesos, que habría sido cobrado por Maria Keim. Posteriormente, según expresa en su querella Luis Armando Quezada
-capataz de las obras-, Keim habría entregado el dinero en efectivo al abogado Salas, quien lo depositaría en una cuenta del Banco de Chile, oficina La Unión, a nombre de Inversiones Janhke y Salas Limitada. Según consta en el escrito de Quezada, “Salas me entregó un cheque de su cuenta corriente extendido a mi nombre, por una suma aproximada a los 13 millones de pesos para que pagara al personal contratado y efectuara las compras de insumos que fueren necesarias”. Aparte del hecho en sí mismo, llama la atención la diferencia entre las dos cifras mencionadas. ¿Qué pasó con esos dos millones de pesos?
Según la querella de Quezada, luego de cancelar sueldos y adquirir materiales quedó un saldo de 6 millones de pesos. Al capataz se le solicitó que los depositara a su nombre, en fondos mutuos de la sucursal local del BCI, los que posteriormente él mismo habría retirado “a petición de quien me los había encargado, para pagar mano de obra y nuevos insumos”.
Llama la atención que, inexplicablemente, Marcela Castillo fuera despedida del municipio hace algunos meses. Tampoco deja de ser extraño que corrieran la misma suerte otros funcionarios municipales como la ex secretaria comunal de planificación, Claudia Mazuela y el ex administrador municipal, Luis Aguilera, con quien El Ciudadano conversó en su edición 29. Ambos deberán declarar como testigos en el transcurso de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, a cargo del fiscal Raúl Suárez.
Aunque nunca las hizo públicas, Aguilera señala haber tenido aprensiones sobre las obras de pintado de la municipalidad. Incluso comenta haberlas tenido sobre otros trabajos, como los de reposición de pavimentos en varios sectores o el equipamiento de la Escuela Choroico. Del mismo modo, el extravío de cerca de 130 bolsas de cemento y detalles de la cuenta pública “me provocaron un distanciamiento con la funcionaria a cargo de dichas obras (Marcela Castillo) y también con la secretaria comunal de planificación, la cual contó con el respaldo irrestricto de algunos concejales, que finalmente votaron mi remoción en una reunión secreta”. El ex administrador asegura que estos antecedentes pueden ser corroborados en las actas del concejo municipal.
Sin embargo, la destitución de Marcela Castillo también provocó -indirectamente- fuertes ondas de choque en la sede edilicia. La ex funcionaria fue remplazada por el arquitecto Carlos Moreno, quien, al percatarse de que las obras no tenían la calidad que se señalaba, ni estaban en el 72 % del estado de avance que se pretendía, solicitó a sus superiores que el tercer estado de pago fuera retenido, situación que provocó el enojo del asesor jurídico Salas, quien lo habría insultado, amenazándolo con despedirlo del municipio. Moreno mantuvo en reserva sus opiniones al respecto, por temor a represalias.
El tema de la medición del volumen real de la superficie pintada del edifico municipal, también presenta inconsistencias. Según lo informado por el Inspector Fiscal el día 17 de abril, la cubicación verdadera no superaría los 700 m2, lo que -según consta en el informe de Contraloría- “implica una cancelación en exceso de 748 m2, que no se encuentran ejecutados”.
Por otra parte, según el acuerdo 324 del concejo municipal unionino, se autorizó a aumentar el presupuesto para la obra de mejoramiento del edificio en 704 mil pesos, monto del que aún no se sabe en qué fue invertido.
Todos estos datos llevaron a la contralor regional, Priscila Jara, a solicitar que la Municipalidad de La Unión proceda a la instrucción de un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en el caso.
El abogado querellante es Javier Azócar. Para el profesional, desde el momento en que se decidió a tomar en sus manos este caso, existe certeza de que hay méritos como para poder probar lo que se está denunciando, “por eso se presentó una querella en forma seria y estimamos que sí existen antecedentes”-dice- como para formalizar en un futuro cercano a quienes resulten involucrados. Aunque por el momento no se ha hablado de una asociación ilícita, tampoco es descartada por el profesional.

ALLANAMIENTO A LA MUNICIPALIDAD
Azócar agrega que “estos hechos no son irregulares: son abiertamente ilícitos. Por eso la fiscalía, autorizada por el juez de garantía, ordenó la incautación de ciertos documentos mediante el allanamiento de la municipalidad”.
La diligencia (que incluyó el registro del edificio administrativo, a fin de incautar documentación relativa al hecho investigado) la habría realizado personal de la Brigada de Investigación Criminal de La Unión, el 10 de agosto, en el más absoluto secreto. Sin embargo, trascendió que existirían escritos, papeles y antecedentes que habrían sido sacados del edificio y estarían ocultos o incluso pueden haber sido destruidos.
El jurista también solicitó que la alcaldesa Maria Angélica Astudillo, declarara como testigo en esta investigación. Tampoco se descarta que otros funcionarios municipales lo hagan, señala el abogado, “principalmente el resto de los concejales, (para) que colaboren con una actitud crítica y se informen acerca de lo que está pasando”. Vale la pena señalar que los concejales han guardado solemne silencio respecto al tema.
Se sabe que en esta causa declaró largamente la ex funcionaria municipal Claudia Mazuela, quien habría aportado importantes antecedentes al proceso de la indagación. Del mismo modo, Luis Aguilera señaló a nuestro medio que su participación en la pesquisa estará sujeta al desarrollo de la investigación: “si en algún momento existieran elementos objetivos que demostraran la participación de personas ligadas al municipio, me haré parte, como igualmente muchos unioninos que me han expresado su extrema preocupación por los hechos denunciados”.
Hay más. Inexplicablemente, Maria Keim presentó una querella en contra del municipio local, en la que exige el pago de 70 millones de pesos. Algo que para Javier Azócar, “no tiene ninguna base jurídica y respondería más a una maniobra distractoria, que a una búsqueda de justicia”.
Considerando que a la contratista ya se le había cancelado un 97 % de la deuda y al establecer la Contraloría Regional que la ejecución de las obras fue deficiente, lo más lógico es que fuera el municipio quien se querellara contra Keim y no a la inversa.
Frente a las irregularidades en la ejecución de las obras, la Contraloría Regional de Los Lagos se constituyó en el municipio unionino para fiscalizar la cuestionada obra. De esta manera, se elaboró el Informe Nº 97/2006, en el cual se detallan una serie de anomalías, la mayoría de índole técnico-constructivo, que denotan un deficitario estado de las labores realizadas. Aparte de las anteriormente señaladas, se constató:
-Descamación en gran parte de los muros de la fachada principal.
-Diversos guardapolvos inconclusos o sin pintar.
-No se pintaron los muros detrás de los radiadores.
-Oficinas con estuco y pintura saturados de humedad y desprendidos completamente.
-Numerosas manchas de pintura en interruptores, enchufes, pisos y artefactos en baños.
-Varios sitios sin pintar.
-Diversas ventanas nuevas no encuadran perfectamente con los rasgos.
-No se reinstalaron los apliqués y mampostería retirados previo a las faenas.
-Aplicación de sólo una mano de pintura o una segunda parcial, ambas muy diluidas.
-Utilización de pinturas con esmalte al agua, en vez de óleo opaco, como se dispuso en las especificaciones técnicas.
En síntesis, la inadecuada preparación de las superficies a pintar; sumada a la escasa espera de secado de las mismas; la aplicación de insuficientes manos de pintura y poco tiempo de aplicación entre ellas (según recomendación del fabricante); las condiciones climáticas; la inadecuada pintura utilizada de interior-exterior, y por último, las adversas condiciones climáticas imperantes al momento de terminar las obras, atendida la prórroga contractual sancionada, implicaron el muy deficitario estado en que actualmente se encuentran los trabajos de pintura contratados, circunstancia que ha impedido la recepción de los mismos.

ÁREAS VERDES: UNA EXPERIENCIA PREVIA
Pero la municipalidad unionina no es novata en este tipo de situaciones. A mediados del año 2005, estalló un escándalo en el municipio por irregularidades en la licitación de las labores de mantención de las áreas verdes, tema del que nuestro medio informó detalladamente en su oportunidad. También en ese momento hubo cuestionamientos a la manera en que fue seleccionado quien se haría cargo de estas tareas; controversia por la inhabilitación de algunos concursantes; múltiples interrogantes acerca de los altos costos que se manejaban en la nueva propuesta e igualmente se habló de documentos adulterados.
En cuanto a las responsabilidades políticas en esta oscura situación, es Luis Aguilera quien responde: “creo que la señora alcaldesa desconocía (los antecedentes), porque algunas personas supuestamente involucradas son de su exclusiva confianza y era difícil poner en duda sus actuaciones. En todo caso existe un principio de inocencia que todos respetamos y son los tribunales quienes tienen en sus manos determinar posibles responsabilidades”.
Tras ello, está en juego la fe de los ciudadanos y los valores esenciales del servicio público. El problema no es tanto si las obras fueron bien realizadas o no -eso da para una discusión aparte- sino el hecho de que un pequeño grupo de personajes con cierto grado de poder por sobre la ciudadanía, siga aprovechando estas plataformas para lucrar y llenar sus rechonchos bolsillos a costa de la gente.

Leonardo Hernández