¿Son abusivos los recortes que AMLO piensa aplicar a los altos funcionarios?

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El avión presidencial mexicano se pondría en venta

En apariencia, una de las tareas que se plantea Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para cambiar México puede parecer sencilla, pero no lo es. Se trata de las políticas de recortes y de austeridad para los altos funcionarios de la Administración Pública y para el manejo de Gobierno.

Un país que fue gobernado por la «dictadura perfecta» del PRI carga sobre sus hombros las políticas sustentadas en mantener una burocracia fiel a sus intereses, endulzadas a partir de privilegios, los que ahora pueden perder.

Con un salario asignado equivalente a 6.000 dólares, López Obrador deberá batallar contra la costumbre y la comodidad de la alta burocracia, pues ningún funcionario podrá ganar más que eso. Aunque para cualquiera en Latinoamérica sería un salario muy apetecible, el camino no le será tan fácil a AMLO.

¿La alta burocracia mexicana aceptará perder sus privilegios?. Foto: Web

Va para todos

La propuesta de Lopez Obrador no se limita al Ejecutivo, ya que pretende eliminar privilegios que gozan jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y legisladores. Son prerrogativas como seguro médico particular y sin límites, automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados, y en muchos casos comidas y vinos caros.

En un país donde más de la mitad de la población se considera en situación de pobreza, tales prestaciones suelen ser criticadas. De hecho, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el salario de los altos funcionarios representa 13 veces las remuneraciones por el Producto Interno Bruto per cápita de los mexicanos.

El promedio de los países miembros es de casi seis veces, y en el caso de Estados Unidos es de cuatro veces. México sobresale en negativo. Por eso es que la alta burocracia mexicana es la segunda mejor pagada de América Latina, después de Colombia.

Lo nuevo

La política de austeridad republicana, como se llama la estrategia que pretende desarrollar AMLO, contiene 50 temas y acciones para regular la operación del Gobierno y el desempeño de funcionarios y empleados de confianza.

El objetivo central es terminar con lo que López Obrador define como «abusos, excesos y dispendio» en el uso del erario público. En algunos casos, el programa cambia por completo costumbres y gastos que se mantuvieron incluso en los dos gobiernos del opositor Partido Acción Nacional (PAN). En otros modifica comportamientos que durante varias décadas se consideraron normales entre los políticos y gobernantes.

Dos ejemplos: el lineamiento 28 de la estrategia dice que no se puede “asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni tomar en oficinas públicas”. En tanto, el punto 32 advierte que «ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos (la señal en rojo de los semáforos) o estacionarse en lugares prohibidos».

Los magistrados ganan hasta 10 veces más que el promedio del ingreso de los mexicanos. Foto: Web

Le tocan el bolsillo a los privilegiados

El programa establece suspender «por completo fueros y privilegios», así como establecer la obligación a todos los funcionarios de presentar y hacer pública su lista de bienes y propiedades. También cancela la compra de vehículos nuevos o de lujo, una costumbre al inicio de todos los gobiernos de este país.

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Asimismo, cancela bonos y prestaciones especiales, desaparece el gasto para seguros médicos particulares, prohíbe los viajes al extranjero sin permiso o justificación y reduce al mínimo los recursos para ese propósito.

Tampoco se podrá usar aviones o helicópteros privados, y se suspenden las comidas, cenas o viajes pagados por contratistas. A partir del 1 de diciembre, cuando empieza el nuevo gobierno, se reduce a la mitad el sueldo de quienes ganen más de un millón de pesos al año, es decir, 52.000 dólares.

Los únicos con derecho a guardaespaldas serían los encargados del área de seguridad. Actualmente todos los secretarios, subsecretarios y algunos directores tienen protección de militares o policías federales. México es un país sacudido por la violencia ¿aceptarán perder las prerrogativas?

También se reduce al mínimo el presupuesto para viajes, gastos de representación y se prohíben las fiestas y comidas lujosas. Ningún funcionario podrá recibir regalos que cuesten más de 5.000 pesos (260 dólares). Algo que también desaparece es el gasto en ropa, ceremonias y protocolos para el Presidente y su familia.

¿Hasta el avión presidencial?

Se pretende vender toda la flotilla de helicópteros y aviones oficiales, excepto los que se usan en tareas de rescate y seguridad. Entre las aeronaves en venta se encuentra un moderno Boeing Dreamliner 787-8 comprado en el actual gobierno.

El aparato se compró en 218 millones de dólares y se usa esencialmente para transportar al presidente Enrique Peña Nieto. El próximo Mandatario dice que viajará en vuelos comerciales. «No me voy a subir a ese avión, no voy a ofender a los mexicanos».

Los señores de la justicia

En el debate sobre la propuesta de austeridad aparecen otros ejemplos polémicos. Uno se refiere a los ministros de la Suprema Corte de Justicia Naccional quienes reciben, en promedio, un salario mensual de 650.000 pesos, unos 34.000 dólares.

Con este dato se asombrará, el ingreso promedio de los mexicanos, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), es de 5.400 pesos, alrededor de 285 dólares.

Además, los magistrados, como todos los empleados de la Suprema Corte, gozan de una lista de prestaciones similares a otras áreas del Gobierno Federal.

De acuerdo con el «Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios de los servidores públicos del Poder Judicial», quienes trabajan en esta dependencia tienen derecho a recibir, por ejemplo, apoyo económico para comprar anteojos, sufragar gastos funerarios o compensación por antigüedad.

Los senadores y diputados federales son otro ejemplo. A todos se les paga el servicio de teléfonos móviles, el consumo de gasolina, alimentos y en muchos casos boletos de avión para viajar a sus lugares de origen. La mayoría puede contratar asesores, viáticos para sus viajes y a quienes presiden comisiones o grupos de trabajo se les asignan automóviles nuevos y choferes.