“Régimen constitucional autoritario”: diputados llevan reforma de Kast ante la CIDH

Un grupo de diputados de oposición presentó un requerimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que se pronuncie sobre el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad impulsado por el presidente José Antonio Kast, al que califican como un “régimen constitucional autoritario” que concentra poder en el Ejecutivo y vulnera derechos fundamentales.

El documento, firmado por los parlamentarios Luis Cuello (PC), Lorena Pizarro (PC), Nelson Venegas (PS), Patricio Pinilla (DC), Daniela Serrano (PC), Juan Santana (PS), Bernardo Salinas (PC), Carlos Cuadrado (PPD), Nathalie Castillo (PC) y Jaime Bassa (FA), advierte sobre los graves impactos que la iniciativa podría tener sobre la «institucionalidad democrática y el ejercicio efectivo los derechos humanos» en Chile.

Según el argumento presidencial la reforma busca responder a “una preocupación social particularmente intensa respecto de la capacidad efectiva del Estado para proteger a las personas frente a nuevas manifestaciones de criminalidad organizada”, pero los diputados sostienen que el contenido de la norma excede con creces dicho propósito y se adentra en un terreno peligroso para las libertades ciudadanas.

Kast podría declarar estado de excepción por 240 días sin acuerdo del Congreso

En el requerimiento, dirigido al presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, los parlamentarios detallan las modificaciones a la Carta Fundamental contenidas en el boletín 18597-07. Entre ellas, destacan la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que faculta al Presidente de la República para declararlo de forma exclusiva y extenderlo hasta por 240 días sin necesidad de acuerdo del Congreso, solo requiriendo la aprobación legislativa a partir de la tercera prórroga . En ese periodo, el mandatario podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y de asociación, además de interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.

“El proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast tiene el potencial de alterar sustancialmente el régimen democrático”, enfatiza la misiva, subrayando que las facultades otorgadas al Presidente carecen de proporcionalidad con la finalidad declarada y contravienen el Pacto de San José de Costa Rica.

Persecución contra cualquier agrupación que resulte incómoda

Otra punto crítico que aborda el requerimiento es la incorporación de un nuevo artículo 19 N°3 que agrega un mandato a la ley para establecer “registros de organizaciones criminales cuya inclusión producirá efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes”. Los diputados denuncian que esta norma es abierta y carece de contornos conceptuales claros, lo que podría tener efectos extensivos en la aplicación de las inhabilidades para ejercer derechos humanos.

Asimismo advierten que la facultad otorgada al Presidente de la República para declarar a una agrupación como organización terrorista o de crimen organizado, “carece de requisitos fácticos» y configura un escenario de alta discrecionalidad que “posibilita la adopción de decisiones arbitrarias y la persecución institucional contra organizaciones de la sociedad civil, la disidencia política o cualquier agrupación que resulte incómoda”.

Los legisladores detallan que el proyecto faculta al mandatario para hacer esta declaración de forma previa al informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, con la aprobación de dos tercios del Senado, pero sobre la base de informes secretos. Este procedimiento, argumentan, “supone el ejercicio de un juzgamiento por parte de órganos ajenos a la función judicial, como el Presidente de la República y el Senado, lo que altera la separación de poderes” e infringe el principio de debido proceso, ya que las agrupaciones afectadas no tendrían derecho a defensa. Además, aludiendo genéricamente a “una agrupación”, se configura “una hipótesis de suspensión permanente del derecho a la asociación sin posibilidad de ser impugnada”, lo que representa una amenaza directa a la libertad de expresión y al pluralismo político.

Amenaza al derecho a la vida y a la integridad física

Asimismo, cuestionan la creación de inhabilidades para condenados por crimen organizado o conductas terroristas, que se extenderían por quince años después de cumplida la condena para acceder a prestaciones de salud, educación, libertad de trabajo y seguridad social.

 Los diputados califican esta medida como “un desconocimiento de la esencia de los derechos humanos” y advierten que podría crear un grave precedente, al excluir a un grupo de personas del sistema público de salud, lo que “puede implicar una seria amenaza al derecho a la vida y a la integridad física” para quienes no puedan costear un tratamiento privado. Subrayan que estas inhabilidades vulneran garantías reconocidas en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que protegen a “toda persona” sin distinción.

Los parlamentarios también hicieron hincapié en que la reforma vulnera la separación de poderes, al suponer un juzgamiento por parte de órganos ajenos a la función judicial y al permitir la suspensión permanente del derecho a la asociación sin posibilidad de ser impugnada.

Reforma de Kast es «incompatible con un sistema democrático«

Finalmente, el requerimiento concluye que la reforma constitucional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast “es incompatible con un sistema democrático y pone en serio riesgo la protección de los derechos humanos”, ya que habilita una concentración de poder contraria al Estado de Derecho y la separación de poderes, impacta en el ejercicio efectivo de derechos humanos y, en definitiva, “altera la naturaleza del sistema democrático reemplazando sus pilares esenciales por un régimen constitucional autoritario”.

En consecuencia, los diputados solicitan a la CIDH analizar los antecedentes y emitir un pronunciamiento, atendido que la reforma “puede provocar impactos graves en el ejercicio efectivo de los derechos humanos y en la institucionalidad democrática” .