Reino Unido prohibirá que organismos públicos boicoteen a compañías israelíes que ocupan territorio en Palestina

Como parte de una controversial y severa medida anunciada por el gobierno de Reino Unido, a municipios locales, organismos públicos e incluso algunas organizaciones estudiantiles, se les prohibirá por ley aplicar boicot a ciertas compañías poco éticas.

Bajo esta prohibición, todo organismo de base pública perderá su libertad para negarse a comprar bienes y servicios de compañías involucradas en tratados de armas, de combustibles fósiles, de tabaco, o de asentamientos israelíes que están ocupando la región de Cisjordania.

Ministros han declarado que toda organización que intente continuar con el boicot tendrá que enfrentar «serias sanciones legales».

Fuentes del gobierno británico han dicho que se están tomando medidas rígidas en contra de los boicots municipales, porque, según dicen, éstos «debilitan las buenas relaciones comunitarias, envenenan y polarizan el debate, y alimentan el antisemitismo».

Pero quienes critican esta medida dicen que la estrategia resulta ser «un bruto ataque a las libertades democráticas».

Un vocero de Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, declaró al medio británico Independent: «La decisión del gobierno de prohibir a los concejos y otros organismos públicos que se rehúsen a los tratados o inversiones que consideran poco éticas, es un ataque contra la democracia local».

«Las personas tienen el derecho de elegir representantes locales que sean capaces de tomar decisiones independientemente de las políticas de control del Gobierno local. Eso incluye el derecho a abstenerse de inversiones o licitaciones, basándose en principios éticos y en los derechos humanos», señaló el vocero.

«Esta prohibición por parte del Gobierno habría hecho ilegal las acciones de los concejos en contra del apartheid en Sudáfrica. Los ministros hablan de descentralización, pero en la práctica están imponiendo políticas del Partido Conservador de manera generalizada en municipios elegidos localmente», agregó.

En un gesto significativo y como una manera de destacar la finalidad de la prohibición, el Ministro de Gabinete, Matt Hancock, hará el anuncio de esta medida cuando visite Israel esta semana.

Compañías israelíes, junto con otras firmas que tienen inversiones en la Ribera Occidental ocupada, ya han estado incluidas en boicots no oficiales en el pasado.

En 2014, el municipio de Leicester aplicó una política de boicot de bienes producidos en asentamientos israelitas en la Ribera Occidental, mientras el gobierno de Escocia entregó a los municipios escoceses un anuncio de licitación, «disuadiéndoles firmemente de negociar y permitir inversiones de asentamientos ilegales».

Bajo las nuevas normas, todas las autoridades contratantes, incluyendo a municipios, organismos paraestatales y universidades, las cuales reciben la mayoría de sus fondos del Gobierno central, perderán la libertad de tomar decisiones éticas acerca de cuáles son las compañías con las que deciden negociar. La única excepción serán las sanciones que Reino Unido tome acerca de Westminster. Fuentes del Gobierno han informado que la prohibición también podría afectar a uniones estudiantiles, pero que esa es un «área incierta».

Una vocera de la Unión Nacional de Estudiantes de Reino Unido dijo que la organización estaba «preocupada ante presiones externas que evitarían que las uniones estudiantiles tomen decisiones acerca de cualquier tema que afecte a los estudiantes que representan».

Por su parte, el ministro Hancock dijo que la actual posición, en la que las autoridades locales tienen la autonomía de tomar decisiones éticas acerca de sus negocios, estaba «debilitando» la seguridad nacional británica.

Pero Peter Frankental, director del programa de relaciones económicas de Amnistía Internacional en Reino Unido,  condenó la medida y advirtió que ésta fomenta las violaciones a los derechos humanos, y se acusa a los Conservadores de cerrar los ojos ante los atropellos a los derechos humanos por parte de Israel.

Hugh Lanning, cabeza de la Campaña de Solidaridad con Palestina, condenó esta estrategia. «Como si no fuera suficiente con que el Gobierno de Reino Unido no haya actuado cuando el Gobierno de Israel bombardeó y mató a miles de civiles palestinos y se apropió de sus hogares y tierras, ahora está tratando de imponer su política de inacción en todos los organismos públicos», señaló Lanning. «Parece que para este gobierno, sin importar el crimen que cometa Israel contra las leyes internacionales, tener un aliado militar es más importante que los derechos de sus propios ciudadanos y de las instituciones de este país que defienden los derechos humanos», agregó.

Antecedentes del boicot: Sanciones no oficiales

El año pasado, la compañía francesa transnacional de agua, energía y tratamiento de desechos, Veolia (que recolecta la basura de una gran cantidad de autoridades locales británicas), anunció que estaba por cerrar sus operaciones en Israel.

La decisión fue el resultado de una campaña concertada para persuadirles que detuvieran sus trabajos en los asentamientos de la Ribera Occidental. Durante esta campaña, el municipio de Birmingham gobernado por los laboristas, fue el tercero en advertir a Veolia que si seguían operando en la zona ocupada, una vez finalizada la licitación en 2019, no renovaría su contrato de 35 millones de libras al año con la empresa.

En noviembre de 2014, el Municipio de Leicester aplicó un boicot a bienes producidos en asentamientos Israelíes en la Ribera Occidental. Ante esta decisión, grupos judíos lanzaron una revisión judicial de la decisión del Concejo, reclamando que la medida «equivale a expulsar a los judíos de Leicester».

En agosto de 2014, tras un anuncio de licitación del gobierno escocés, cuatro Municipios escoceses -Clackmannanshire, Midlothian, Stirling y West Dunbartonshire- resolvieron poner un boicot a los bienes israelíes.

El pasado diciembre, dos Municipios Galeses dieron pie atrás en sus decisiones de boicotear productos de Israel, luego de que la organización Jewish Human Rights Watch pusiera en marcha un proceso judicial. Las intendencias de Gwynedd y de Swansea informaron que la moción era no vinculante, por lo que ahora había sido sobreseída.

Traducción: El Ciudadano

Fuente: Independent