Contra magistrado Daniel Aravena

Rematando el Caso Penta: Corte rechaza queja presentada por Consejo de Defensa del Estado

Tribunal de alzada descartó "una falta o abuso grave" del juez que aprobó el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los delincuentes Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que dejó fuera al CDE y a Ciudadano Inteligente como querellantes.

Por Daniel Labbé Yáñez

17/07/2018

Publicado en

Chile / Política / Portada

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La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la resolución de juez del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, que excluyó a esta entidad del acuerdo alcanzado en el denominado Caso Penta por la fiscalía y la defensa de los delincuentes Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Cabe recordar que el Consejo de Defensa del Estado quedó fuera del juicio una vez que el fiscal Manuel Guerra decidió no perseverar en la acusación por soborno en contra de los controladores del Grupo Penta, traduciéndose ello en la exclusión de los querellantes por ese delito, el CDE y la Fundación Ciudadano Inteligente.

Juez Daniel Aravena

Fue luego de ello que el Consejo -como informó a través de su web- determinó durante una sesión extraordinaria «interponer recurso de queja en contra de la resolución de fecha 4 de julio en curso dictada en el Caso Penta (…), que dispuso que el querellante Consejo de Defensa del Estado carece de legitimidad para intervenir en el procedimiento abreviado dirigido en contra de los Sres. Carlos Délano y Carlos Lavín, y del rechazo de la nulidad planteada como consecuencia de esa decisión».

En fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada descartó una falta o un abuso grave del magistrado Aravena, tras establecer que la decisión impugnada no pone término al proceso, pudiendo el CDE presentar un recurso de apelación ordinario en la causa.

Cabe recordar que los controladores de Penta condenados por delitos tributarios, finalmente solo fueron sentenciados a cumplir una pena de cuatro años en libertad, a pagar lo defraudado y a asistir a «clases de ética».

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