Seguridad Ciudadana y la Cárcel ¿El único camino posible?

El informe emanado por la comisión de visita de cárceles de la Corte de Apelaciones de Santiago, que consigna las deplorables condiciones en las que se encuentran los reos de las diferentes cárceles visitadas y que confirma la chapa de “universidad del delito” que se ha ganado el sistema penitenciario chileno,  es una muestra más que las políticas en materia de seguridad van por el camino equivocado.

Este informe se hace público con los ecos de la aprobación de la criticada agenda corta antidelincuencia, plan elaborado por el gobierno – y respaldado por los sectores políticos conservadores – que apunta al aumento de las penas de cárcel para los delitos de “mayor connotación social”. Esto, además, sostenido por una intensa campaña mediática que propulsó la sensación de inseguridad en la ciudadanía.

La ausencia de una política pública preventiva del delito es una de las característica del actuar tanto del gobierno como de las coaliciones políticas con representación parlamentaria, lo que para el abogado Carlos Hurtado tiene que ver con que “No existe voluntad política, este es un problema grave, necesita acciones de fondo y no estar pensando en las encuestas de opinión pública. Se busca a través de medidas parche paliar esta sensación de inseguridad intentar paliar este ambiente social”.

Para el secretario general de la Asociación de Funcionarios Profesionales de Gendarmería, Leandro Tegler, señala respecto del informe que “Nosotros entendemos que este informe viene a ser un hito sobre lo que realmente sucede en nuestro sistema penitenciario y ratifica que estamos en deuda con los DDHH”.

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“Pasa que nosotros pensamos que las autoridades no han recibido la información debida por parte la dirección nacional de gendarmería, la crisis en los sistemas penitenciarios – que afecta a funcionarios y reos –  ha sido encubierta” agrega Tegler.

Mientras, el coordinador general de la fundación Leasur señala que “Uno aquí ve una ideología punitiva, que se ve reflejado en la política desarrollada en materia de seguridad ciudadana. Esta ideología paso de ser un pensamiento meramente de derecha a ser una respuesta asumida también por la Concertación y hoy por la Nueva Mayoría”.

Entonces nos encontramos con que una cuestión de fondo está siendo tratada tanto por el Ejecutivo y el Parlamento como un medio de propaganda, ofreciendo la respuesta que “la opinión pública” quiere escuchar y no con las medidas que permitan desarrollar un plan a largo plazo en esta materia.

En este sentido el senador y presidente de la comisión de Constitución y Justicia, Alfonso de Urresti, hace la autocrítica del actuar del parlamento respecto del debate legislativo en cuanto a seguridad pública y expresa que   “Nos dejamos llevar por los efectos y estamos en presencia de lo que la doctrina denomina populismo penal, que es camino corto de subir las penas pero no va por el camino más efectivo que es invertir en rehabilitación, reinserción o en los focos de delincuencia”.

Y al mismo tiempo, de Urresti  a apunta a los medios de comunicación tradicionales y al centralismo como fuentes originarias de la sensación de inseguridad “Más que (gobernar o legislar) con las encuestas es hacerlo con el diario La Segunda en la mano. Este es un tema súper centralista, las encuestas no se hacen en Corral o Mafi o Ancud, se hacen solo en las zonas metropolitanas”.

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¿Políticas Públicas o Medidas Parche?

Ya conocido el contexto en el que se debate el tema de la seguridad pública y la delincuencia por parte de la casta política cabe poner en la mesa una propuesta alternativa para avanzar hacia una verdadera política de Estado respecto de este asunto.

Un punto a tener en cuenta es considerar las consecuencias que tiene la cárcel como la herramienta frente al delito, lo que a vista de los resultados evidentemente ha fracasado.

De esta forma, Diego Rochow declara que “El principal eje en esta materia es que se debe tomar conciencia de los efectos des socializadores de la cárcel, nos debieran representar lo que queremos hacer en materia de delincuencia. Queda en evidencia esto en que las tasas de delitos se mantienen estables a pesar de la gran cantidad de presos que existen”.

A la vez, Alfonso de Urresti declara que el actual debate “Es una demostración de la dicotomía de nuestra sociedad en el combate a la delincuencia. Por un lado están quienes reducen todo a establecer más penas y por otro lado está este devastador informe sobre las cárceles, donde quienes se encuentran presos terminan saliendo como avezados criminales”.

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Junto con eso, y al ser consultado si tanto la Concertación y la Nueva Mayoría se acomodaron al discurso punitivo y represor de la derecha en materia de delincuencia y seguridad pública, el senador por la región de Los Ríos es enfático en señalar que “Esto obedece a una pereza reflexiva. Debemos tener políticas realmente progresistas en materia de delincuencia y no entregarse a este populismo penal. Esto es comprarse una agenda que huele a los tiempos de Hinzpeter”.

Para entrar al debate en profundidad, y dejar de lado medidas que sólo ganan portadas y puntos en las encuestas, es llevar a cabo una reforma estructural al sistema penal chileno.

En este sentido,  Rochow apunta que “Debe realizarse una reforma profunda al Código Penal. Debe dejarse de utilizar a la cárcel como principal herramienta del sistema criminal nacional”.

En la misma línea se plantea Carlos Hurtado, quién además propone los puntos que debieran tratarse explicando que “Hay que adecuar a la realidad actuar el código penal. Además mantener los equipos de trabajo de las policías y del Ministerio Público. Además de eso revisar el sistema de políticas de cumplimiento alternativo de las penas”.

La tarea es ahora del Ejecutivo y Parlamento de asumir de manera responsable este desafío, evitando quedarse con las luces que entregan las medidas temporales.