En la última sesión del período ordinario, el Senado de la República aprobó la Estrategia de Seguridad Pública 2024-2030 propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una votación de 105 votos a favor, 16 en contra y una abstención. El documento será ahora turnado al Ejecutivo para su promulgación.
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La estrategia fue defendida en el pleno por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien compareció durante más de dos horas y logró persuadir a la mayoría de las bancadas opositoras.
El PRI y cuatro senadores del PAN manifestaron su rechazo. La abstención provino del exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, quien se deslindó de la postura de su partido y del llamado de la gobernadora de su estado.
Lucía Trasviña, senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad, subrayó que esta estrategia “ha probado de inmediato su eficacia” y destacó que nace en un contexto complejo, producto de un amplio ejercicio interinstitucional. Entre sus ejes fundamentales se encuentra la coordinación total entre el gabinete de seguridad federal y los gobiernos estatales y municipales.
La estrategia también se sustenta en la reforma al artículo 21 constitucional y pone énfasis en la prevención del delito y el uso intensivo de tecnología e inteligencia para combatir al crimen organizado.
Durante la discusión, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expresó su respaldo: “No le vamos a regatear al gobierno federal los instrumentos y esfuerzos para cumplirle al pueblo de México”. A su vez, el panista Francisco Ramírez Acuña justificó su apoyo como un acto de voluntad política, aunque criticó que la propuesta no aborda con precisión la violencia cotidiana.
En contraste, el senador priista Miguel Ángel Riquelme descalificó la estrategia, calificándola como una continuidad de políticas fallidas: “No soluciona nada, sólo administra el desastre que vivimos todos los días en las calles”.
El morenista Luis Fernando Salazar defendió que se trata de una política iniciada desde 2018, centrada en reducir la incidencia delictiva, desarticular grupos violentos y fortalecer la proximidad social. Subrayó que el 90% de los delitos son del fuero común y requieren colaboración estrecha entre la federación y los gobiernos locales.
Finalmente, el debate se tornó tenso con el rechazo del panista Marko Cortés, quien afirmó que la estrategia “sólo traerá más muertos”. Su comentario fue respondido con dureza por el morenista Manuel Ladrón de Guevara, quien acusó al panista de caer en la “locura” por su postura radical.
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