Senador Navarro pide un fiscal especial para investigar los casos de niños muertos en el Sename

En su solicitud dirigida al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, el presidente de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro aseguró que “es conocida la grave crisis por la que atraviesa la institucionalidad del Servicio Nacional de Menores, en relación a la vulneración masiva de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección del mismo servicio y, que, en algunos casos han significado la muerte al interior de los centros de protección de menores”.

“Hay demasiados estudios de la Contraloría, de la Cámara de Diputados, del propio ministerio de Justicia, además de los mismos tribunales, como la Corte Suprema, que determinan que esta es una crisis terminal”, dijo Navarro al explicar su petición.

“Creemos que ha habido intentos por poner un velo en los graves hechos ocurridos; en abril de 2016, Lissette Villa, una niña de 11 años falleció al interior de un centro de protección del Servicio Nacional de Menores (Sename) de la comuna de Santiago”, explicó.

Según el parlamentario por la región del Biobío “muchos de estos muchachos requieren atención farmacológica especializada, pero también tiene que ver con el control sobre los jóvenes: reducir conductas disruptivas que pueden llegar a complicar el manejo dentro de las unidades”

En ello –explicó el legislador– incide la falta de educadores. “Se supone que por cada ocho jóvenes debiera haber un educador, pero actualmente es de 15 a 20 jóvenes por educador.

En la oportunidad Navarro relevó su preocupación por aquellos menores que están bajo la tutela del SENAME y necesitan tratamiento médico. “El 63% de los niños está con tratamiento farmacológico. Más de tres mil niños sin la debida atención medica de personal especializado; hay que llevarlos a un centro asistencial infantoadolescente de manera urgente. Ya no basta con los oficios”, expresó.

Casos

La impunidad no puede consolidarse cuando se trata de la vida de niños y niñas bajo tutela del Estado. La responsabilidad que les convoca a las autoridades en estos hechos debe ser exigida como un derecho de todos los ciudadanos, quienes velamos por la vida y el bienestar de nuestros niños. Para ejemplificar lo anterior, Navarro mencionó algunos de los casos más impactantes.

La preocupación del senador del MAS es obtener justicia por el fallecimiento –producto de un motín que acabó con un incendio– de Angelo, Pablo, Franco, Ángel, Jorge, Jaime, Rodrigo, Bryan, quienes perdieron la vida el año 2007, debido a las precarias condiciones al interior del centro “Tiempo de Crecer”, en Puerto Montt.

Otro de los casos expuestos en la solicitud del senador Navarro es el de Daniel Ballesteros Pérez, de 17 años, quien el 23 de noviembre de2013, a dos semanas antes de cumplir 18 años y a un mes de salir en libertad luego de cumplir una condena de dos años por robo con intimidación, falleció por 18 puñaladas propinadas por sus compañeros del Centro Metropolitano Norte de Til Til, que lo acusaban de haber robado un celular. Murió por desangramiento, una hora después, al interior de un SAPU de esa comuna.

Fernanda, lactante de 10 meses, Copiapó, 24 de enero de 2014. De los cuarenta niños que había ese verano en el Hogar Nazaret de Copiapó, seis eran lactantes. Todos estaban al cuidado de sólo dos educadoras. La madrugada de ese viernes, la pequeña Fernanda se ahogó con su propio vómito, siendo encontrada en estas condiciones recién entrada la mañana.

Isamar (2 años), Limache, 6 de julio de 2014. Al interior de la habitación en la que dormía junto a su hermano de cuatro años, Isamar fue encontrada muerta por asfixia provocada por vómito. La menor había pasado el fin de semana con sus padres y abuelos, y ese domingo regresó a dormir en el Hogar. Desde hace tres meses que el Tribunal de Familia había ordenado llevar a los niños al Centro Cerrado del Sename, debido a la precariedad económica de sus padres, que en apenas unas semanas volverían a recibir a sus hijos.

J.F. (11 años), Santiago, 11 de abril de 2016. Durante un cambio de turno la pequeña de iniciales J.F. se desplomó en medio del patio, cerca de las 20:00 hors. La menor, que tomaba fármacos por su condición psiquiátrica, murió de un paro cardíaco. El Centro “Galvarino”, donde vivía la niña, tiene disponibilidad de camas sólo para 70 menores, sin embargo, hasta el mes pasado había 120 niñas hacinadas, según las denuncias hechas por los propios trabajadores del lugar.

Alejandro Navarro acusa que el Sename no reveló toda la información referida a la muerte de estos menores, en particular la de Reichel, acaecida en el último tiempo. “Esta muerte nos fue ocultada por el Sename. No teníamos idea y nos enteramos a través de la prensa. Si hay una menor que fallece bajo la protección del Estado, debe ser información pública. Hace falta un defensor del pueblo”, dijo.

“Espero tener el listado completo de niños fallecidos bajo el cuidado del Sename. Que son más de 300 y (mientras que otros) 1.334 se encuentran en estado crítico”.

Navarro agregó que el objetivo es que en virtud de estos antecedentes se designe un fiscal preferente para que investigue las causas que dieron origen a las muertes de estos menores.

“El caso de Rechel es totalmente representativo de la situación de 1.334 menores. Es inaceptable que la propia institución diga que estos niños están en riesgo vital y no haga nada; se la arrebataron a los padres para hacerle tratamiento y no se les hace tal tratamiento” expresó el presidente de la comisión de DD. HH. de la Cámara Alta.