El plan de recortes impulsado por José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también prevé aplicar tijera sobre el Programa Contra el Crimen Organizado (PNCO).
El pasado 21 de abril la cartera de Hacienda envió una circular a todos los ministerios vinculada con la elaboración de un marco de mediano plazo para el periodo 2027-2031, y el anteproyecto de p presupuesto 2027, donde se propone descontinuar distintos programas y aplicar rebajas de recursos en otros, bajo el argumento de supuesta «estrechez fiscal».
El documento firmado por el propio Quiroz, instruye a las carteras proyectar sus presupuestos bajo una lógica restrictiva, incorporando los ajustes fiscales ya aplicados en 2026 y operando con un techo máximo de gasto.
En el caso del Ministerio de Seguridad, el «tijerazo» de Kast supone una reducción presupuestaria de al menos el 15%.
A través del oficio, se «recomienda» descontinuar el PNCO, un programa dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que en 2025 ejecutó $67.064.738
Aunque la instrucción no supone que sea extinguido o suprimido si deja al programa formalmente en la mira dentro de la formulación presupuestaria.
Este plan fue creado e implementado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric para fortalecer la institucionalidad e inteligencia del Estado; desbaratar la economía del crimen organizado, con una mejor respuesta estatal en prevención, detección, persecución penal e incautación de los beneficios
obtenidos por el crimen organizado; disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales y mejorar el bordaje del crimen organizado en los recintos penitenciarios.
Asimismo, contempla el impulso de una agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución de las organizaciones criminales; la actualización de equipamiento y tecnología de las instituciones y la capacitación de los funcionarios y fomentar la cooperación y coordinación internacional, entre otras medidas para incrementar los niveles de seguridad en Chile.
La tijera de Hacienda también tiene en la mira al Plan Calles Sin Violencia. En el oficio, Quiroz propone descontinuar este programa dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Pública, cuyo monto ejecutado en 2025 se ubicó en $26.015.491.
El plan, también implementado durante la gestión de Boric, se focaliza en aquellas comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos, registrados en el país.
Los recursos destinados a Calles Sin Violencia se destinan fundamentalmente a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías, no solo para prevenir el crimen, sino para sancionarlo eficazmente.
Esta iniciativa tiene como foco la fiscalización en los sectores a intervenir; el aumento de patrullajes, operativos masivos y puntos de control: controles de identidad, búsqueda de armas irregulares, empadronamiento y fiscalización de asuntos migratorios, órdenes de detención pendientes. Así como la dotación adicional en Carabineros para cumplir estas tareas y el refuerzo de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).
Según la circular, también se le recomienda a la Subsecretaría de Seguridad Pública aplicar un ajuste presupuestario sobre el Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para Policías Uniformadas Extranjeras (Ex Becas CECIPU), al cual en 2025 se le destinaron recursos por $298.148.
Promesas de campaña Kast se caen por la tijera fiscal
La tijera en materia de seguridad constituye otro incumplimiento por parte del Kast a las promesas que presentó durante la campaña presidencial.
El ultraderechista indicó que de resultar electo presidente de Chile iba a enfrentar al crimen organizador e incrementaría el gasto anual en seguridad, aunque no especificó cuánto.
Incluso en octubre de 2025, en medio debate presidencial, Kast afirmó categóricamente: “No vamos a cortar ningún beneficio social que hoy exista”, lo que contrasta con su política de tijera y recorte fiscal que pretende descontinuar y reducir los recursos para programas claves en materia de seguridad.
Una situación similar a la que ocurre en materia social con el cierre del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el PACE, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y la Beca Vocación de Profesor, entre otros.
En el área de salud, la tijera incluye más de 20 programas, entre ellos hospitalización domiciliaria, salud mental en APS, prevención del suicidio, programas odontológicos y atención a migrantes.
Asimismo, en el marco del proceso de formulación del Presupuesto 2027, Hacienda recomendó “descontinuar” el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, un órgano central para la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda.
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